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    Control de cárteles en Ecuador: la independencia entre operadores económicos

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    In its effort to correct the distortions to competition arising from public procurement procedures, the Superintendency of Economic Competition (“SCE”) has issued controversial resolutions that sustain the possibility that members of the same economic group can incur in anticompetitive agreements. Thus, according to the SCE, a single entity may collude with itself. The rationale of the SCE shown in the resolutions analyzed in this paper rests on the fact that the lack of independence between undertakings acting in public procurement procedures implies collusion, contrary to the cornerstone of cartel control developed by doctrine and international practice so far, i.e., that the existence of an agreement must necessarily involve two or more independent undertakings.Con el objetivo de corregir las distorsiones a la libre competencia en los procedimientos de contratación pública, la Superintendencia de Competencia Económica ha emitido resoluciones controversiales. En ellas, se sostiene que un mismo grupo económico puede incurrir en acuerdos colusorios. La postura de la Superintendencia de Competencia Económica, reflejada en las resoluciones analizadas en este trabajo, parte de la premisa de que la vinculación entre operadores económicos en procesos de compras públicas supone, por sí sola, un acuerdo anticompetitivo. Este criterio contradice la piedra angular del control de acuerdos colusorios desarrollada por la doctrina y la práctica internacionales, que exigen la concurrencia de dos o más operadores económicos independientes para la configuración de un acuerdo de esta naturaleza

    La reparación del daño precontractual en el sistema civil ecuatoriano: modelos y límites

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    The Ecuadorian civil system regulates liability based on the classic duality of the contractual and extracontractual regime, which is why the treatment of precontractual liability has been constantly discussed. This analysis looks to establish the applicable regime to precontractual liability and the remedy for the precontractual damage. To this end, three categories of precontractual liability are analyzed: (a) unjustified rupture of negotiations; (b) contracts affected in their validity; and (c) valid but disadvantageous contracts for one of the parties. The study presents three main findings. First, the regime applicable to all precontractual categories is extracontractual due to its residual nature. Second, pecuniary compensation must consider the negative interest that includes consequential damage and loss of opportunity. The only hypothesis to repair the positive interest is the introduction of precontractual duties to the content of the contract. Third, non-pecuniary reparation measures are applicable to readjust the contractual balance. El sistema civil ecuatoriano regula la responsabilidad a partir de la dualidad clásica del régimen contractual y extracontractual, por lo que ha prevalecido una discusión respecto al tratamiento de la responsabilidad precontractual. Este análisis pretende establecer el régimen aplicable a la responsabilidad precontractual y la medida de reparación del daño. Para ello, se analizan tres supuestos: (a) ruptura injustificada de tratativas; (b) contratos afectados en su validez; y (c) contratos válidos pero desventajosos para una parte. El estudio presenta tres hallazgos principales. Primero, el régimen de responsabilidad aplicable a todos los supuestos es el extracontractual por su carácter residual. Segundo, la reparación pecuniaria debe considerar el interés negativo que comprende el daño emergente y la pérdida de oportunidad. La única hipótesis para reparar el interés positivo es la introducción de deberes precontractuales al contenido del contrato. Tercero, son procedentes las medidas de reparación no pecuniarias para reajustar el equilibrio contractual

    Regulation of house arrest as a precautionary measure in Ecuadorian criminal proceedings

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    En el sistema penal ecuatoriano, las medidas cautelares son esenciales para asegurar la efectividad de la investigación y el proceso, así como proteger a las víctimas y a la sociedad hasta la sentencia definitiva. El Código Orgánico Integral Penal, incluye varias medidas de carácter real y personal. Dentro del segundo grupo ––afectan directamente a la persona procesada–– ubica al arresto domiciliario como una medida restrictiva de libertad, pero en el domicilio de cada individuo, impidiendo el ingreso a un centro de privación de libertad. Con estas consideraciones, en países como España, Colombia o Perú, el arresto domiciliario es visto como una forma atenuada de la prisión preventiva independientemente del lugar de ejecución. Sus altas magistraturas han subrayado que los individuos bajo esta medida están jurídicamente privados de libertad, por lo tanto, establecen requisitos claros de procedencia con la finalidad de evitar vacíos legales, decisiones judiciales desiguales y la eventual afectación a la seguridad jurídica. Sin embargo, a diferencia de estos países, en Ecuador no existen tales presupuestos de dictación.   La falta de criterios sobre la institución del arresto domiciliario en el país resulta segregacionista frente al desarrollo institucional de la prisión preventiva, provocando un riesgo para el debido proceso. En este contexto, la presente investigación busca analizar estos aspectos y resaltar la necesidad de implementación de requisitos de procedencia para la aplicación del arresto domiciliario en Ecuador, garantizando su uso adecuado e impedir arbitrariedades en la práctica.In the Ecuadorian criminal justice system, precautionary measures are essential to ensure the effectiveness of the investigation and prosecution, as well as to protect victims and society until the final verdict is issued. The Comprehensive Organic Criminal Code includes several measures of a real and personal nature. Within the second group —which directly affects the accused person— it classifies house arrest as a measure restricting liberty, but in the individual\u27s home, preventing entry into a detention center. With these considerations, in countries such as Spain, Colombia, and Peru, house arrest is viewed as a mitigated form of pretrial detention, regardless of the place of execution. Their highest courts have emphasized that individuals under this measure are legally deprived of liberty; therefore, they establish clear requirements for admissibility to avoid legal loopholes, unequal judicial decisions, and the potential impact on legal certainty. However, unlike these countries, such prerequisites for issuing sentences do not exist in Ecuador. The lack of criteria regarding the institution of house arrest in the country is segregationist in the face of the institutional development of pretrial detention, posing a risk to due process. In this context, this research seeks to analyze these aspects and highlight the need to implement admissibility requirements for the application of house arrest in Ecuador, ensuring its proper use and preventing arbitrary practices

    Responsabilidad penal y omisión impropia en delitos contra la administración pública: un análisis de la posición de garante del funcionario

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    Commission by omission has been regulated in Ecuador under the doctrine of the guarantor position; however, the way in which the law is drafted makes it difficult to attribute responsibility to public servers who commit crimes against the public administration due to omission. Study of the Penal Codes of 1938 and 1971 is carried out to understand how the sources of the guarantor position were regulated and who was part of this role. This is evident that the drafting error leads to problems in the typicality of criminal offenses related to public administration, since they do not meet the objective or subjective elements of the criminal type. Therefore, those acts of corruption carried out by omission will be an atypical conduct under the Ecuadorian legal system. In this context, reference is used to foreign legal systems that have given a better treatment to commission by omission.La comisión por omisión ha sido regulada en Ecuador bajo la doctrina de la posición de garante, no obstante, la manera en la que se encuentra redactada la norma dificulta la atribución de responsabilidad a funcionarios que cometan delitos contra la administración pública por la conducta de omisión. Se realiza un estudio de los códigos penales de 1938 y 1971 para entender cómo se regularon las fuentes de posición de garante y quiénes formaban parte de este rol. Bajo lo expuesto, se evidencia que el error de redacción conlleva a problemas en la tipicidad de los injustos penales relacionados a la administración pública, ya que no reúnen los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal. Por ende, aquellos actos de corrupción realizados por omisión serán una conducta atípica bajo el ordenamiento jurídico ecuatoriano. En este contexto, se utiliza referencia a ordenamientos extranjeros que han dado un mejor tratamiento a la comisión por omisión por la implementación de la fuente material como determinadora del rol de garantía

    Disjunctions: The Legal Nature of the Clean Hands Doctrine in International Investment Arbitration

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    Existen varias limitaciones a la protección de las inversiones extranjeras. Una de ellas es la doctrina de las manos limpias, figura que pretende impedir que inversionistas accedan a métodos alternativos de solución de conflictos, como el arbitraje, cuando han realizado actos catalogados bajo el paraguas de la corrupción. En este sentido, la naturaleza jurídica de dicha figura, aplicable por tribunales arbitrales, es controvertida. Pudiéndose aplicar como un requisito de legalidad del tratado bilateral de inversiones, regla de orden público o principio general del derecho internacional. El presente estudio analizó, mediante una metodología integral, el sistema internacional de protecciones como una institución fundamental, la doctrina de las manos limpias como una máxima de la equidad y los laudos más aclamados por la literatura para demostrar que la esencia de la doctrina no puede ser otra que aquella condicionada a la presencia de una cláusula de “remisión” al derecho interno de los Estados anfitrión en los tratados de inversiones.There are several limitations to the protection of foreign investments. One of them is the doctrine of clean hands, a figure that seeks to prevent investors from accessing alternative dispute resolution, such as arbitration, when they have carried out acts classified as corruption. In this sense, the legal nature of such figure, applicable by arbitration tribunals, is controversial. It can be applied as a requirement of legality of a bilateral investment treaty, a truly international public policy, or a general principle of international law. This study analyzed, through an integrated methodology, the international system of protections as a fundamental institution, the doctrine of clean hands as a maxim of equity, and the most acclaimed awards in the literature, to demonstrate that the essence of the doctrine cannot be other than that conditioned upon the existence of a ‘remission’ clause to domestic law within investment treaties

    Big data y política de competencia: análisis de los efectos de red como posible barrera de entrada en los SAP

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    The interaction between Big Data and network effects within the framework of ancillary payment systems (APS) can act as barriers to entry and thus limit the entry of new players into the market, thereby consolidating the dominance of incumbents and distorting effective competition. The research suggests that public policy must respond effectively to the unique challenges of the digital economy, thus specific adaptations are proposed to ensure that markets remain dynamic and fair. Therefore, it is desirable that Ecuador\u27s competition policy framework promote interoperability and portability between payment accounts, as well as reduced switching costs for user migration between platforms and an open finance architecture through the use of APIs to counter structural barriers and protect technological innovation without harming economic welfare and free competition.La interacción entre el big data y los efectos de red en el marco de los sistemas auxiliares de pagos puede actuar como barrera de entrada; lo cual, a su vez, podría limitar la entrada de nuevos actores al mercado, consolidando así el dominio de los operadores establecidos y distorsionando la competencia efectiva. La investigación sugiere que la política pública debe responder eficazmente a los desafíos únicos de la economía digital, por lo que se plantean adaptaciones específicas para asegurar que los mercados permanezcan dinámicos y justos. Por ende, es conveniente que el marco ecuatoriano de política de competencia promueva la interoperabilidad y portabilidad entre cuentas de pagos; además de incentivar la reducción de costos de cambios para la migración de los usuarios entre plataformas y una arquitectura de finanzas abiertas, mediante el uso de las API para contrarrestar las barreras estructurales y proteger la innovación tecnológica, sin perjudicar el bienestar económico y la libre competencia

    De las cuestiones no sometidas a arbitraje: ¿nulidad por competencia o por incongruencia?

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    This academic article addresses the action for annulment of arbitral awards in relation to causal d) of Article 31 of the Arbitration and Mediation Law of Ecuador, specifically in its first provision. This causal refers to "issues not submitted to arbitration" and has generated controversy due to the lack of clarity regarding its scope in both legal doctrine and jurisprudence. Some consider that it allows for the review of the arbitral tribunal\u27s jurisdiction, while others interpret it as a causal limited to defects of inconsistency. The discussion is further complicated by the disparity of rulings issued by the President of the Provincial Court of Pichincha between 2017 and 2024, which has led to a lack of homogenization in the decisions. This situation highlights the need for a more precise analysis of the scope of the causal in question, in order to provide greater legal certainty in arbitration processes in EcuadorEl artículo aborda la acción de nulidad de los laudos arbitrales con base en la causal d), del artículo 31, de la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador, específicamente en su primera disposición. Esta causal se refiere a las “cuestiones no sometidas a arbitraje” y ha generado controversia debido a la falta de claridad en su alcance. Algunos consideran que permite la revisión de la competencia del tribunal arbitral, mientras que otros la interpretan como una causal limitada a vicios de incongruencia. La discusión se complica por la disparidad de sentencias emitidas por el presidente de la Corte Provincial de Pichincha entre 2017 y 2024, lo que ha llevado a una falta de homogeneización en los fallos. Esta situación resalta la necesidad de un análisis más preciso sobre el alcance de la causal en cuestión, llegando a la conclusión de que únicamente busca atacar a los vicios de incongruencia

    Acciones de incumplimiento planteadas por entidades corporativas en la Comunidad Andina: entre la flexibilidad y la cautela

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    The Court of Justice of the Andean Community is the jurisdictional body that guarantees the full validity of the Andean community legal system in the states party to the Cartagena Agreement. When a member country does not comply with any of its commitments or obligations acquired within the framework of the subregional integration process, such conduct can be brought before the community court. However, the admission of this type of judicial action is regulated and not every claim of non-compliance is automatically processed. This study provides a comprehensive examination of the regulatory, jurisprudential, and doctrinal review concerning admissibility of non-compliance actions brought by corporate entities on behalf of their affiliates. It also offers general practical considerations for claims of this nature to prosper, avoiding their rejection in limine. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano jurisdiccional garante de la plena vigencia del ordenamiento jurídico comunitario andino en los Estados parte del Acuerdo de Cartagena. Cuando un país miembro incumple alguno de sus compromisos u obligaciones adquiridos en el marco del proceso de integración subregional, puede demandarse tal conducta ante el tribunal comunitario. Sin embargo, la admisión de este tipo de acciones judiciales está reglamentada y no cualquier demanda de incumplimiento es admitida a trámite. El presente estudio ofrece una revisión normativa, jurisprudencial y doctrinaria en relación con la admisibilidad de las acciones de incumplimiento incoadas por entidades corporativas en representación de sus afiliadas. También ofrece algunas consideraciones prácticas generales para que prosperen demandas de esta naturaleza, evitando su rechazo in limine

    Responsabilidad civil por el incumplimiento de la normativa de protección de datos personales

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    This paper explores the civil liability that members of the personal data protection system may incur under the Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Organic Law on Personal Data Protection) of Ecuador. The topic is presented with two main approaches. Initially, the active and passive subjects within the data protection system are analyzed. The discussion includes an examination of the vicarious liability of the data controller and the appropriateness of the right of recourse when the controller compensates for actions attributable to third parties under their supervision. Subsequently, it is determined that the nature of the damage arising from improper handling of personal data will predominantly be non-pecuniary damages. Aspects related to the application of the in re ipsa principle and the quantification of damages in data protection matters are also examined. Throughout the paper, the ruling of the National Court of Justice in case No. 09332-2020-11414 dated May 30, 2024 is analyzed using a practical and critical approach. This decision is crucial as it marks a significant step in civil liability for the violation of rights and principles related to data protection.En el presente trabajo se explora la responsabilidad civil en la que pueden incurrir los integrantes del sistema de protección de datos personales bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador. Para ello se aborda el tema desde dos ejes. Primero, se analiza a los legitimados activos y pasivos del sistema de protección de datos. En el desarrollo se explica la responsabilidad por culpa in vigilando del responsable del tratamiento y la procedencia de la acción de reembolso cuando el responsable paga una indemnización por acciones atribuibles a terceros bajo su vigilancia. Segundo, se determina que la naturaleza de los daños derivados por tratamiento inadecuado de datos personales será, por excelencia, daños extrapatrimoniales. Así, a propósito de este tipo de daños, se reflexiona aspectos relacionados con la aplicación del in re ipsa y la cuantificación del daño en materia de protección de datos. A lo largo del trabajo, con un enfoque práctico y crítico, se analiza la sentencia de la Corte Nacional de Justicia dentro del Juicio No. 09332-2020-11414 del 30 de mayo de 2024. Esta decisión es fundamental por cuanto da un paso notable en materia de responsabilidad civil por vulneración a derechos y principios vinculados a la protección de datos

    Culpa de la víctima como eximente de responsabilidad civil extracontractual: ¿es acaso una figura necesaria?

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    In the pursuit of applying extracontractual civil liability, one of the key elements to analyze is causation. However, this requirement finds difficulty in the presence of exculpatory defenses. This paper aims to expose the factual and legal reasons why the victim’s fault, as an exculpatory defense, is not efficient. It will be shown, among other reasons, that it fails to fulfill the function of distributing misfortunes; it is inapplicable according to the theories of causation and disregards the presumption of good faith. Furthermore, the impossibility of benefiting from one’s own fraud is a legal principle that can substitute its function. To support this premise, important doctrinal contributions are condensed, as well as references to Ecuadorian case law and general legal notions. It is concluded that this position does not contravene the provisions of the Ecuadorian legal system.En la búsqueda para la aplicación de la responsabilidad civil extracontractual, uno de los elementos clave a analizar es la causalidad. Sin embargo, este requisito se dificulta ante la presencia de eximentes de responsabilidad. El presente trabajo pretende exponer las razones tanto fácticas como jurídicas por las que la culpa de la víctima, como eximente, no es eficiente. Se manifestará, entre otras razones, que el mismo incumple la función de distribución de infortunios, es inaplicable de acuerdo con las tesis de causalidad y desconoce la presunción de buena fe. Además, la imposibilidad de beneficiarse del dolo propio es una figura jurídica que puede sustituir su función. Para sustentar esta premisa se condensan importantes aportes doctrinarios, así como referencias a casuísticas ecuatorianas y nociones generales del derecho. Se concluye que no se contraviene, con la presente postura, lo dispuesto en el ordenamiento ecuatoriano

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