Ediciones Laborum OJS
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The right to freedom of association of foreign workers in Spain: exclusions, disputes and practical problems
Los extranjeros en situación irregular administrativa en España se encuentran desprovistos, en muchos casos, de protección y de una mínima garantía de sus derechos fundamentales a causa, principalmente, del establecimiento de unas políticas migratorias restrictivas y poco respetuosas. A buen ejemplo, la LO 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000 excluye del derecho de libre sindicación a los extranjeros en situación irregular administrativa. Algo que, finalmente, fue objeto de inconstitucionalidad en el año 2007 y, posteriormente, modificación por la LO 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la LO 4/2000. Pese a tratarse la libertad sindical de un derecho fundamental vinculado a la dignidad de la persona como tal, ha quedado rebajado y desprotegido durante siete largos años. Y, todo ello, a causa de una interpretación “in peius” y restrictiva que introduce el legislador español en cuanto a lo que disponen las leyes y la normativa internacional. Si lo que se pretende es alcanzar una sociedad más inclusiva, primeramente, habrán de respetarse los derechos fundamentales. De lo contrario, nos veremos abocados al desmoronamiento de las bases mismas de nuestro Estados Social y Democrático de Derecho.Foreigners in an irregular administrative situation in Spain are in many cases deprived of protection and a minimum guarantee of their fundamental rights, mainly because of the establishment of restrictive and disrespectful migration policies. For example, LO 8/2000 of 22 December, which amended Organic Law 4/2000, excluded from the right to free association foreigners in an irregular administrative situation. This was finally unconstitutional in 2007 and subsequently amended by LO 2/2009, dated 11 December, amending LO 4/2000. Although trade union freedom is a fundamental right linked to the dignity of the individual as such, it has been reduced and unprotected for seven long years. And, all this, because of a “in peius” and restrictive interpretation introduced by the Spanish legislator as to what is provided by international laws and regulations. And, all this, because of a “in peius” and restrictive interpretation introduced by the Spanish legislator as to what is provided by international laws and regulations. If a more inclusive society is to be achieved, fundamental rights must first be respected. Otherwise, we will be faced with the collapse of the very foundations of our Social and Democratic States of Law
Lifelong learning and digital skills in a labour market marked by the use of algorithms
La Industria 4.0 constituye un nuevo hito caracterizado por un alto grado de automatización y digitalización en muchos procesos y tareas. El plano laboral no es ajeno al cambio, pues la incorporación de tecnología exige mayores niveles de capacitación en los empleados/as, de forma que los perfiles de trabajo actuales no desaparecerán, sino que necesitarán actualizarse. Para ser parte de esta gran revolución los trabajadores/as han de estar muy bien formados en competencias digitales nuevas que permitan afrontar estos cambios y, además, fortalecer y llevar al siguiente nivel las habilidades que ya poseen. La transformación digital comporta también la aparición de nuevos trabajos, nuevos perfiles profesionales tecnológicos —analistas de datos, programadores/as, expertos/as en robótica, ciberseguridad—, de los que actualmente existe una alta carencia en el mercado laboral. Pero, simultáneamente aparecen demandas de nuevos perfiles con competencias transversales centradas en ámbitos inalcanzables para las máquinas, como es el pensamiento crítico, análisis y resolución de problemas complejos, creatividad, influencia social, inteligencia emocional, liderazgo y conciencia social, entre otros.Industry 4.0 is a new milestone characterised by a high degree of automation and digitalisation in many processes and tasks. The workplace is no stranger to change, as the incorporation of technology requires higher levels of training for employees, so that current job profiles will not disappear, but will need to be updated. To be part of this great revolution, workers need to be very well trained in new digital competences that allow them to face these changes and also to strengthen and take the skills they already have to the next level. The digital transformation also entails the emergence of new jobs, new technological professional profiles -data analysts, programmers, robotics experts, cybersecurity-, of which there is currently a high shortage in the labour market. But, at the same time, there is a demand for new profiles with transversal competences focused on areas unattainable for machines, such as critical thinking, analysis and resolution of complex problems, creativity, social influence, emotional intelligence, leadership and social awareness, among others
Crónica legislativa, Doctrina Judicial y Noticias Bibliográficas
Crónica legislativa, Doctrina Judicial y Noticias Bibliográficas, nº 1
Digital disconnection in statewide collective bargaining in the first half of 2024: state of play
El derecho a la desconexión digital no está debidamente implementado en España a través de la negociación colectiva. Resulta paradójica esta afirmación cuando es un derecho que está reconocido legalmente, si bien, las propias sombras de una legislación a todas luces deficiente, evidencian que, los que están llamados a implementar, desarrollar el derecho, no se lo hayan tomado enserio. Este artículo pretende evidenciar las carencias actuales del derecho de desconexión digital a través de una negociación colectiva casi inexiste, y de unos sujetos pasivos que no han terminado de entender la relevancia de este derecho. Se pretende dar una visión constructiva, con la finalidad de dar mayor visibilidad a un derecho que afecta directamente a bienes jurídicos que deben protegerse, tales como la salud, el descanso, la conciliación familiar, entre otros, y que actualmente no están siendo debidamente protegidos, habida cuenta de la escasa o nula aplicación práctica de este derecho en los convenios colectivos.The right to digital disconnection is not properly implemented in Spain through collective bargaining. This statement is paradoxical when it is a right that is legally recognized, although the very shadows of a legislation that is clearly deficient show that those who are called upon to implement and develop the right have not taken it seriously. This article aims to highlight the current shortcomings of the right to digital disconnection through an almost non-existent collective bargaining, and passive subjects who have not fully understood the relevance of this right. The aim is to provide a constructive vision, with the aim of giving greater visibility to a right that directly affects legal assets that should be protected, such as health, rest, family reconciliation, among others, and which are not currently being duly protected, given the little or no practical application of this right in collective bargaining agreements
Sentencia TC 124/2014, de 21 de julio (BOE n. 198, de 15 de agosto). Pensión de viudedad en parejas homosexuales
Voto particular formulado por el magistrado Fernando Valdés Dal‑Ré a la STC 64/2016, de 11 de abril: ejemplo de su rigor jurídico y de su impronta en la construcción constitucional de los derechos fundamentales
Delimitación de competencias en el marco de la gestión de ayudas económicas del sistema nacional de garantía juvenil. A propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional 133/2019, de 13 de noviembre
Legitimación procesal del sindicato para intervenir en la jurisdicción contencioso-administrativa en defensa del interés colectivo. Comentario a la STC 89/2020, de 20 de julio; recurso de amparo 505/2019 BOE núm. 220, 15 de agosto de 2020
Older people, fragility and autonomy
Es objeto de este estudio el papel de la persona mayor en el contexto de la nueva Seguridad Social. La propuesta que hacemos fija el interés sobre la asistencia social en ese sector concreto de la población y la controvertida prestación de dependencia. Partimos del proceso de envejecer para asociar la longevidad al propio desarrollo de la sociedad en un Estado que se proclama del Bienestar, conectando después su eje vertebral en torno a la edad y la discapacidad. Por ello abordamos la marginación y fragilidad como premisas de un cambio sustancial en el tratamiento de la cuestión que requiere de recursos materiales y humanos, dignos y suficientes. Y buscamos respuesta a la nueva situación desde unos esquemas regidos por el universo superior de los cuidados, pasando desde la obligación civil a la protección social en un tránsito que se inicia con la mera tutela y culmina en la implantación de un eficaz derecho subjetivo. Todo en un contexto que apunta a un horizonte de participación e integración social desde el llamado envejecimiento activo a través del impulso de unos principios jurídicos sin caducidad y siempre vivos.This study considers the role of the elderly in the context of the new Social Security. Our proposal focuses on social assistance in that specific sector of the population and the controversial dependency benefit. Based on the ageing process, we associate longevity with the very development of society in a state which proclaims itself a welfare state, then connecting its backbone around age and disability. Therefore, we address marginalisation and fragility as premises for a substantial change in the treatment of the issue that requires dignified and sufficient material and human resources. We also respond to the new situation based on schemes governed by the higher universe of care, moving from civil obligation to social protection in a transition that begins with mere guardianship and culminates in the implementation of an effective entitlement. All this in a context that points to a horizon of participation and social integration from the so-called active ageing through the promotion of constant and lifelong legal principles
Flexibility of the requirements for access to social benefits in the context of gender-based violence. Regarding Supreme Court Judgement 419/2023, 13 June 2023
La sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 419/2023, de 13 de junio de 2023 (rec. núm. 1549/2020), resuelve acerca de si debe reconocerse a una persona solicitante de la prestación en favor de familiares del art. 226.2 LGSS el derecho a percibirla, teniendo en cuenta que su situación, al momento del hecho causante, era la de la separación de hecho tras haber sido víctima de violencia de género, requisito que no aparece listado en el mencionado artículo de aplicación, que exige que la situación sea la de separación legal. En suplicación, se desestimó la pretensión por no cumplirse el requisito legal a la fecha del hecho causante, entendiendo que extender el ámbito de aplicación de esta prestación al supuesto del caso sería extralimitarse en la aplicación de las normas, lo que motiva la interposición de recurso de casación para la unificación de doctrina. Finalmente, el Alto Tribunal falla a favor de la persona solicitante, reconociéndole el derecho a la prestación, bajo la premisa de que debe considerarse acreditada la separación de hecho en el contexto de violencia de género en que se enmarca el asunto, acorde con los principios que rigen la normativa contra dicho tipo de violencia.The judgement of the Fourth Chamber of the Supreme Court 419/2023, of 13 June 2023 (appeal no. 1549/2020), decides whether a person applying for the benefit under Article 226.2 of the LGSS has the right to receive it, considering that their situation at the time of the qualifying event was one of de facto separation after having been a victim of gender-based violence, a requirement not explicitly listed in the article, which stipulates legal separation as a qualifying condition. On appeal, the claim was dismissed due to the legal requirement not being met at the time of the qualifying event. It was understood that extending the scope of this benefit to the circumstances of the case would exceed the application of the rules, which prompted the filing of an appeal for the unification of doctrine. Finally, the Supreme Court rules in favour of the applicant, recognising their right to the benefit. The Court considers the de facto separation established within the context of gender-based violence in the case, aligning with the principles governing legislation against such violence