Ediciones Laborum OJS
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Labour Conflict and the Social Jurisdictional Process: Key Aspects of the 2025 Reform and Its Background
No full textThe concept of labor intermediation after Law 3/2023, on Employment
No full textEn lo que respecta a la intermediación, como pilar central de la política de empleo, la Ley 3/2023, de Empleo, ha venido a responder en gran medida a la problemática conceptual y de delimitación de figuras afines respecto de la intermediación laboral, con las consecuencias jurídicas a ello aparejadas. De ahí que la modificación principal en este concreto ámbito, de manera similar a lo que sucedió en su momento con la L 35/2010, se haya traducido en una modificación conceptual de dimensiones trascendentes, en tanto amplía significativamente la noción de intermediación y por consiguiente, las garantías de los usuarios en relación al ejercicio de la misma.With regard to intermediation, as a central pillar of employment policy, Law 3/2023 on Employment has largely responded to the conceptual problem and the delimitation of similar figures in relation to the concept of labour intermediation and the legal consequences associated with it. Hence, the main modification in this specific area, in a similar way to what happened at the time with Law 35/2010, has resulted in a conceptual modification of transcendental dimensions, as it significantly expands the concept of intermediation and, consequently, the guarantees of users in relation to the exercise thereof
Towards job stability in Spain? Analysis of the 2022 reform
No full textLa reforma laboral de 2022, encaminada a fomentar la contratación indefinida y limitar la temporalidad a casos justificados, ha supuesto importantes avances en la reducción de la temporalidad en el mercado laboral español. Aunque todavía queda trabajo por hacer, estos avances deberían animarnos a pensar en el potencial de un mercado laboral más estable.The 2022 labour reform, aimed at promoting permanent contracts and limiting temporary contracts to justified cases, has made significant strides in reducing temporary employment in the Spanish labour market. While there is still work to be done, this progress should encourage us about the potential for a more stable labour market
More than two million powerful reasons to encourage the employee to reporting/whistleblowing and discourage the employer to retaliation, in light of the latest word by the united states supreme court on whistleblowing, with a comparative perspective
No full textEn el marco de las reformas operadas por la Ley federal norteamericana Sarbanes-Oxley de 2002, para la mejora de la protección de los trabajadores que denuncian irregularidades de sus empresas, en especial frente a represalias laborales como la del despido, la Corte Suprema de los Estados Unidos clarifica el nivel de prueba exigible al trabajador represaliado, luego demandante ante las Cortes federales, para que se produzca el desplazamiento de la carga de la prueba hacia el empleador. En juego, en el concreto caso enjuiciado por la Corte Suprema, una indemnización de daños y perjuicios padecidos por el trabajador de muchos cientos miles de dólares. Una indemnización cuya cuantía resulta muy sorprendente en el plano del Derecho comparado, si analizado desde nuestra perspectiva española.Within the framework of the amendments introduced by the U.S. federal Sarbanes-Oxley Act of 2002 to improve the protection of whistleblowers, especially in the face of retaliation, as in the case they are fired, the Supreme Court of the United States clarifies the level of proof required of a retaliated employee, who is then a plaintiff before the federal Courts, in order to shift the burden to the employer. At stake, in the specific case before the Supreme Court, is an award of damages suffered by the employee of many hundreds of thousands of dollars. An award whose amount is very surprising in comparative law, if analyzed from our Spanish perspective
The role of the contemporary constitutional state in an era of structural transformations
No full textLa vocación intervencionista del Estado constitucional contemporáneo. Intervencionismo público que, en el fondo, es un imperativo constitucional de carácter explícito. Un intervencionismo que se ejerce precisamente para realizar los valores constitucionales de justicia e igualdad (lo que se expresa, ante todo, en la consolidación del Derecho social público) y los principios constitucionales relativos a la ordenación del sistema económico (lo que tiene su expresión paradigmática en la consolidación del llamado Derecho público de la economía). Es de significar que ni siquiera las estrategias de desregulación (que exigen, paradójicamente, una regulación legislativa del marco en que opera la desregulación y la actividad de los sujetos privados...) ha conducido -ni parece que vaya a serlo- a cuestionar (muy lejos de la utopía liberal del Estado mínimo) gravemente el papel regulador del Estado intervencionista en la sociedad actual. Para la realización del principio de justicia y por exigencias de racionalización general del capitalismo el poder público ha de intervenir necesariamente, ya que esa tarea no puede ser realizada por los mecanismos autorreguladores del mercado (incluida la predisposición de medidas de apoyo del mercado).The interventionist vocation of the contemporary constitutional state. Public interventionism which, at its core, is an explicit constitutional imperative. Interventionism that is exercised precisely to realize the constitutional values of justice and equality (which is expressed, above all, in the consolidation of public social law) and the constitutional principles relating to the organization of the economic system (which finds its paradigmatic expression in the consolidation of what is known as public economic law). It is worth noting that not even deregulation strategies (which paradoxically require legislative regulation of the framework in which deregulation and the activities of private entities operate...) have led-nor do they seem likely to lead-to serious questioning (far from the liberal utopia of the minimal state) of the regulatory role of the interventionist state in today’s society. In order to realize the principle of justice and meet the demands of the general rationalization of capitalism, public authorities must necessarily intervene, since this task cannot be carried out by the self-regulating mechanisms of the market (including the predisposition of market support measures)
Objetivos de sostenibilidad y cambio climático: empleo y prevención de riesgos laborales en colectivos vulnerables
No full textThe challenges posed by climate change have led to a transformation in the focus of policies and objectives in different countries, with the SDGs and ESGs being an example of this. This paper will analyze the relationship between sustainability objectives and the challenges of addressing the effects of climate change and ecological transition processes in the context of employment and occupational risk prevention. In particular, from the point of view of the groups that require greater protection, both because of their employability difficulties and because they are more vulnerable to the risks derived from work. Making a valuation of the adequacy of employment and occupational risk prevention regulations to the current situation.Los problemas suscitados por el cambio climático han supuesto una transformación en el enfoque de las políticas y objetivos de los distintos países, siendo los ODS y los ESG una muestra de ello. En este trabajo, se analizará la relación entre los objetivos de sostenibilidad y los desafíos que representa el abordar los efectos del cambio climático y los procesos de transición ecológica en el marco del empleo y de la prevención de riesgos laborales. En particular, desde el punto de vista de los colectivos que requieren una mayor protección, tanto por sus dificultades de empleabilidad como por ser más vulnerables a los riesgos derivados del trabajo. Realizando una valoración de la adecuación de la normativa de empleo y de prevención de riesgos laborales a la situación actual
The configuration of the defence procedure prior to dismissal
No full textLa Sala de lo Social del Tribunal Supremo modificó en noviembre de 2024 su añeja doctrina sobre el art. 7 del Convenio nº 158 OIT, al que ha reconocido aplicabilidad directa desde ese momento. En consecuencia, se introduce un nuevo requisito formal en el despido disciplinario, y quizá también en algunas modalidades del despido objetivo, que consiste en un trámite de “defensa” para el trabajador anterior a la adopción de la decisión de extinguir el contrato. El Convenio de la OIT no precisa la configuración concreta de ese trámite, ni en relación con la forma, ni en lo relativo a los plazos, ni tampoco en lo que atañe a los derechos y deberes de las partes. E incluso podrían suscitarse dudas con las consecuencias de su omisión. En ausencia de una regulación legal o convencional específica, es imprescindible proporcionar pautas sobre todos esos aspectos, pues, como todo derecho, su efectividad exige el respeto a unas condiciones mínimas. El presente trabajo tiene como objeto, precisamente, determinar ese contenido mínimo indispensable para que el trámite de defensa se adecúe a las exigencias del Convenio nº 158 de la OIT y de nuestro ordenamiento interno.In November 2024, the Social Chamber of the Supreme Court revised its traditional interpretation of Article 7 of ILO Convention No. 158, recognizing its direct applicability from that point forward. As a result, a new formal requirement has been introduced for disciplinary dismissals—and potentially for certain types of objective dismissals—mandating a “defence” procedure for the worker prior to the employer’s decision to terminate the contract. The ILO Convention does not define the specific configuration of this procedure, leaving open questions regarding its form, deadlines, and the rights and obligations of the parties. Moreover, uncertainties may arise about the consequences of failing to follow this procedure. In the absence of explicit provisions in the law or collective agreements, it becomes crucial to establish guidelines addressing these aspects, as the effectiveness of any right depends on the fulfilment of certain minimum conditions. This paper seeks to identify the essential minimum requirements for the defence procedure to comply with the standards set by ILO Convention No. 158 and to integrate effectively into our domestic legal framework
Private life in reserved places outside of work and its control by detectives
No full textLa delimitación entre intimidad y privacidad parece complicada, pero el Derecho español ofrece reglas nítidas al respecto. El trabajo de los detectives consiste en investigar la vida privada de las personas y así lo regula la Ley de Seguridad Privada, teniendo prohibido entrar en los espacios legales de intimidad: el hogar y las comunicaciones. La ley señala que tampoco pueden alcanzar estas investigaciones otros lugares reservados similares al domicilio, es decir, lugares reservados en los que haya vida íntima. Sin embargo, una sentencia reciente se ha desentendido de las nociones que la Constitución y las leyes imponen y ha considerado que un club de golf reservado a socios como el trabajador investigado es uno de esos “lugares reservados” vedados al detective, aunque no haya en él vida íntima, rechazando las pruebas sólidas obtenidas por el detective y aportadas en juicio por la empresa.The delimitation between intimacy and privacy seems complicated, but Spanish Law offers clear rules in this regard. The work of detectives consists of investigating people’s private lives and is regulated by the Private Security Law, being prohibited from entering legal spaces of privacy: the home and communications. The law states that these investigations cannot reach other reserved places similar to the home, that is, reserved places where there is intimate life. However, a recent ruling has disregarded the notions that the Constitution and the laws impose and has considered that a golf club reserved for members like the investigated worker is one of those “reserved places” prohibited to the detective, even if there is no intimate life there, rejecting the solid evidence obtained by the detective and provided in court by the company
25 years after of the part-time contract of art. 12 of the Workers’ Statute regulation: balance rethinking the contractual modality
No full textHan transcurrido veinticinco años desde que entró en vigor el nuevo régimen jurídico del contrato a tiempo parcial por el Real Decreto-Ley –RD-L– 15/1998 de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad con unos rasgos bien definidos para esta modalidad contractual: alcanzar una mayor utilización, consensuar con los agentes social su regulación y estar en coordinación con la Directiva 1997/81, de 15 de diciembre de 1997Tras ello se han producido hasta diez nuevas reformas del art. 12 del Estatuto de los Trabajadores –ET- para reajustar su régimen jurídico y un proyecto de Ley en trámite parlamentario en mayo 2025.Ahora, tras veinticinco años corresponde escudriñar la normativa anterior y la actual para comprobar fallas o sombras, así como las luces de la regulación, en forma de evaluación del modelo implantado.Así pues, es preciso conocer cuál era la situación de que se partía y cuáles eran los problemas que se planteaban. También los objetivos que la reforma pretendía conseguir, y su translación a la norma legal.Se analizan los puntos más positivos y negativos, y que muy sintéticamente se reflejan en los epígrafes relativos las luces del modelo: el conocimiento de antemano del periodo de trabajo, a la reversibilidad de la situación contractual, al principio de igualdad de trato y reclamación integra de los derechos, y otros aspectos conexos; pero igualmente las sombras del modelo: la complejidad del acceso a las bonificaciones, ausencia de criterios en la negociación colectiva del abono o reconocimiento íntegro del derecho, la aplicación de la presunción de la afectación estadística mayor al colectivo de mujeres y la incidencia de la parcialidad en la protección social.Para terminar con unas conclusiones con valoración personal repensando la modalidad contractual.Twenty-five years have passed since the new legal regime of part-time contracts came into force by the RD-Ley 15/1998 Act (urgent measures to improve the labor market in relation to part-time work and to promote its stability) with well-defined features for this contractual modality: achieving greater use, reaching an agreement with social agents on its regulation, and being in coordination with European Directive 1997/81, of December 15, 1997.Since then, up to ten new reforms of Article 12 of the Workers’ Statute –ET– has occurred to readjust its legal regime, and there is a draft law in parliamentary process in 2025.Now, after twenty-five years, it is necessary to scrutinize the previous and current regulations to identify flaws or issues, as well as the strengths of the regulation, in the form of an evaluation of the implemented model. Therefore, it is essential to understand what the initial situation was and what problems were being raised. Also the objectives that the reform intended to achieve and their translation into legal norms.This study analyzes the most positive and negative points, which are very succinctly reflected in the headings related to the advantages of the model: the prior knowledge of the work period, the reversibility of the contractual situation, the principle of equal treatment and full claim of rights, and other related aspects; but also the drawbacks of the model: the complexity of accessing bonuses, the absence of criteria in collective negotiation for the payment or full recognition of the right, the application of the presumption of greater statistical impact on the female group, and the incidence of part-time work on social protection.To conclude the study with final conclusions including a personal assessment rethinking the contractual modality