Universidad Acción Pro-Educación y Cultura
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La Iniciativa de la Cuenca del Caribe en la República Dominicana
La Iniciativa de la Cuenca del Caribe fue un esquema preferencial de comercio auspiciado por los Estados Unidos a favor de los países de la región caribeña. El mismo contemplaba la eliminación, a productos procedentes de los países beneficiarios, de las barreras arancelarias que regían la entrada en el mercado estadounidense. Este texto (presentado originalmente en la XXXIII Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo) muestra los efectos beneficiosos que dicho esquema tuvo en la economía dominicana, particularmente en su sector de zonas francas
Financiación de proyectos de desarrollo con recursos del FED y del BEI
Este artículo es la primera parte del desarrollo del tema relativo a la financiación de proyectos de desarrollo con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Es así como esta entrega se centra en explicar el desarrollo histórico de la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) y su funcionamiento a través de sus cuatro órganos esenciales: la Comisión, el Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo y la Corte de Justicia
La legislación laboral
Abel Rodríguez del Orbe: Abogado dominicano, fue procurador general de la República.En el marco del panel “Derecho y Desarrollo Social Dominicano Durante la Era de Trujillo”, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad APEC, el Dr. Abel Rodríguez del Orbe expone cómo fue emergiendo, creciendo y organizándose la legislación laboral nacional durante la dictadura trujillista, a medida que el sistema económico del país se “modernizaba” y asumía cada vez más relaciones productivas pseudocapitalistas
El régimen especial de asociación y la evolución de la cooperación comunitaria para los Estados ACP
Este trabajo es la segunda parte o continuación del artículo “Financiación de proyectos de desarrollo con recursos del FED y del BEI”. Los esquemas de cooperación e intercambio comercial entre los países de la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) y sus antiguas colonias en África, el Caribe y el Pacífico (ACP) son detallados aquí siguiendo su evolución desde la original convención de Yaoundé hasta Lomé IV. Luego se especifican los tres sectores que, en la República Dominicana y a juicio de los autores, debían ser favorecidos por el entonces último acuerdo: el sector social (salud y educación principalmente), el sector de desarrollo comercial y el sector de conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Finalmente son explicadas las formas en que podían ser liberados los fondos a través del Fondo Europeo de Desarrollo y del Banco Europeo de Inversiones
Boletín de Actividades Febrero-Mayo 1990
La importante noticia de que el índice académico promedio había mejorado, de que una menor cantidad de estudiantes se encontraba en baja académica y habían aumentado los niveles de excelencia alcanzados por el estudiantado, constituye la principal información que trae este Boletín de Actividades Febrero-Mayo 1990. En este sentido, se arguyen como probables razones la labor del Departamento de Capacitación Permanente del Profesorado y su programa destinado a mejorar el desempeño pedagógico de los docentes, así como el sistema de reconocimiento al mérito que estaba implementando UNAPEC. Valga resaltar que ambos elementos (atención al perfeccionamiento docente y reconocimiento a la labor meritoria) no han sido instrumentos de un día en UNAPEC, sino que se han constituido en claves permanentes para lograr la superación constante de la comunidad universitaria. Otro dato relevante que también se puede encontrar aquí es el acto de investidura del título "Profesora Honoraria de la Escuela de Idiomas" a la única hispana que ocupaba entonces la rectoría de un college estadounidense, la Dra. Elsa Gómez. Primera mujer rectora del Kean College of New Jersey, la Dra. Gómez tenía por padres a un dominicano y una puertorriqueña
Servicios y necesidades regulativas de las telecomunicaciones
Partiendo de la importancia creciente que ya tenían los servicios de telecomunicaciones, de su inminente diversificación, innovación y masificación, el autor (entonces director general del organismo regulador de las telecomunicaciones en la República Dominicana) hace aquí un recuento de las materias y ámbitos del área en los que se necesitaba una más detallada reglamentación jurídica que sentara las bases de la excelencia en el rendimiento de dichos servicios
Treinta años después
Gabriel Santos: Al momento de la publicación de este trabajo, era juez de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo. También era profesor, en la Universidad APEC, de Oratoria Forense, Ética Jurídica, Filosofía del Derecho, Derecho de los Contratos y Derecho de las Garantías.Texto originalmente publicado en las páginas de opinión del matutino Hoy del mes de junio de 1991. En él, su autor reclama que treinta años después de la caída del régimen trujillista se imponía la reflexión sobre la situación política dominicana, caracterizada por la senectud de los principales caudillos y por la “rebatiña por el mando” y el desorden sostenido por los partidos políticos de entonces
Policía Nacional y Estado de Derecho en la República Dominicana
Guillermo Moreno: Abogado y político dominicano, egresado de la Universidad Católica Madre y Maestra (hoy PUCMM), universidad de la que también fue profesor y de cuyo programa de Maestría en Derecho Procesal Penal es actualmente coordinador. Realizó una maestría en estudios internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid, España. Desempeñó el cargo de procurador fiscal del Distrito Nacional. Ha sido consultor del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo y consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Fue miembro-redactor de la Comisión Oficial de Revisión y Actualización del Código de Procedimiento Criminal y fue uno de los redactores del actual Estatuto del Ministerio Público. Como político, ha sido candidato a la presidencia de la República por el partido Alianza País, del cual es presidente. Ha publicado «Código Procesal Penal y normas complementarias», «Estudios sobre el trabajo infantil en la legislación dominicana», «Justicia penal de la persona adolescente en la República Dominicana», «Partidos políticos vs. soberanía ciudadana» y «Alianza: una propuesta de país».En sus actuaciones como Policía Judicial, la Policía Nacional está subordinada al procurador fiscal, quien, de acuerdo con la ley dominicana, debe ser el protagonista de las investigaciones y la persecución de los delitos. Sin embargo, como denuncia el autor de este trabajo, en la práctica, para la época de esta publicación, la Policía Nacional detentaba el monopolio de la administración de la justicia penal dominicana. Las cifras aportadas eran muy elocuentes: en el 100% de los casos la Policía Nacional no comunicaba ni pedía autorización al procurador fiscal para iniciar las investigaciones y persecuciones; en el 100% de los casos que investigaba, la P. N. remitía al procurador fiscal los expedientes ya calificados y con sus interrogatorios ya practicados; y en el 98% de los casos, el procurador fiscal y el juez de instrucción mantenían la calificación del hecho atribuida por la P. N. Como resultado de todo esto la instrucción de los procesos resultaba ser muy pobre y dependía prácticamente en su totalidad de lo que decidía la P. N. Si a esto se le añade que la P. N. no sometía sus actuaciones al imperio de la ley, era evidente que dicha institución fuera entonces la principal fuente de violación del estado de derecho y de las libertades en el país. De ahí que el autor reclamase la reforma de la justicia penal dominicana, particularmente mediante la creación de una policía técnico-judicial de carácter civil que actuara como cuerpo auxiliar del Ministerio Público y el juez de instrucción y mediante la supresión de toda función persecutoria, de investigación e instrucción por parte de la P. N
Del recurso de revisión por causa de fraude
Esta es una breve exposición acerca del recurso de revisión por fraude establecido en el sistema catastral dominicano (legislación de tierras). Se analizan aquí los aspectos relativos a su propósito, su ámbito de competencia, su alcance, sus limitaciones, el procedimiento previsto y las partes que tienen derecho a ejercerlo. Al finalizar, la autora hace recomendaciones puntuales para la mejora del ejercicio de este procedimiento
La necesidad o no de someter al Congreso Nacional los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional
Miguel E. Reyes Sánchez (biografía): Abogado y escritor dominicano. Nació en Santo Domingo en 1966. Realizó su licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Luego realizó un máster en estudios diplomáticos y relaciones internacionales en la Universidad Católica Santo Domingo, así como, posteriormente, un máster en Unión Europea en la Fundación Centro Europeo Pallas Athene en Barcelona, España. Pero, además, ha realizado variados estudios especializados en relaciones internacionales, derecho bancario e integración económica en centros de estudios ubicados en países como Estados Unidos, Inglaterra, España, México, Uruguay, Chile y la República Popular China. Como profesor, ha impartido docencia en la UNPHU, en la Maestría de Estudios Diplomáticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Santo Domingo y en la Escuela Diplomática y Consular de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, entre otras instituciones. Las materias que ha enseñado son Régimen Jurídico de la Moneda y la Banca, Contratos Bancarios, Derecho Comercial, Derecho Civil y Derecho Fiscal de los Negocios, Dinámica de la Política Exterior, Derecho Diplomático, Inmunidades y Privilegios y Régimen Jurídico de los Agentes Diplomáticos y Consulares. También ha sido reconocido como “Profesor Emérito e Investigador Huésped” en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo, Suecia; y ha sido profesor invitado a las conferencias sobre relaciones internacionales del Wilton Park Conference, en West Sussex, Inglaterra. Ha trabajado en diversos puestos en la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en el Banco Central y en la Superintendencia de Bancos. Hasta el momento ha publicado unas 20 obras, entre las que cabe destacar: Siluetas de recuerdos, En el laberinto de las palabras, Estudios jurídicos bancarios, Travesías de un navegante, La creación literaria en el siglo XX, Las nuevas fichas del tablero internacional, y Océanos de tinta y papel (Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2012).Ante la disyuntiva de someter o no al Congreso Nacional los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el autor de este trabajo responde que no es necesario, ya que las operaciones realizadas con el FMI no son realmente empréstitos, sino acuerdos de derechos de giro por los que el FMI entrega al país moneda o divisa fuerte a cambio de su moneda nacional, con el compromiso posterior del país –una vez su balanza de pagos mejore- de recomprar los valores en moneda nacional entregados al FMI. Alega, además, el autor que dicha operación se realiza al amparo de un convenio internacional ya aprobado por el Congreso Nacional: el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional y sus enmiendas