Universidad Acción Pro-Educación y Cultura

RI-UNAPEC. Repositorio Institucional de la Universidad APEC
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    La ejecución de la sentencia y sus modalidades: un estudio particular sobre la ejecución provisional

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    Mariano Germán (biografía): Abogado y juez de la República Dominicana. Nació el 27 de enero de 1946 en San Francisco de Macorís. Se doctoró en derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha sido procurador general de la república, director del Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones y miembro suplente de la Junta Central Electoral. Desde el 2011 es presidente del Poder Judicial de la República Dominicana. Ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la UASD, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y la Universidad Interamericana. Las materias que ha impartido son: Procedimiento Civil, Derecho de las Obligaciones, Responsabilidad Civil, Derecho del Trabajo y Derecho de Personas.En este artículo, el autor expone la clasificación de las ejecuciones de sentencia en materia procesal civil en tres clases: definitivas, provisionales y estrictamente provisionales, según el caso, respectivamente, de que la sentencia sea inatacable, sea susceptible de recurso extraordinarios (como la revisión, la tercería y la casación) o sea susceptible de recursos ordinarios (oposición y apelación). A seguidas, pasa a detallar los procesos de ejecución provisional, los cuales hallarían su fundamentación última en criterios de urgencia y oportunidad. Para el autor, la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978, que reglamentó de manera precisa estos procedimientos, permitió facilitar al juez el control de su legalidad

    Actualidad legislativa dominicana

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    Este es un resumen de las principales piezas legislativas y normativas aprobadas en el año de 1992 en la República Dominicana. Es así como se detalla la aprobación del Código Tributario y del nuevo Código de Trabajo, el proyecto del código de salud que en ese momento estaba siendo estudiado y las resoluciones de la Junta Monetaria que reformaron entonces la banca nacional

    El SIDA en nuestro derecho penal

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    Luis S. Yépez Suncar (biografía). Abogado dominicano que nació en Santo Domingo. Es egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Trabajó en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Actualmente dirige el bufete de abogados Yépez Suncar. Como parte de los reconocimientos que ha recibido, ha sido declarado “Huésped Distinguido” de la ciudad de San Juan Bautista (Puerto Rico) y de la ciudad de Acapulco de Juárez (México). Ha publicado El SIDA en el derecho penal de la República Dominicana, así como La ética en la profesión del abogado y la Astreinte en lo contencioso-administrativo. Los dos últimos trabajos mencionados fueron premiados por la Federación Interamericana de Abogados.Este es un texto en el que se explica la calificación penal que recaía entonces sobre el acto intencionado de contagiar a personas sanas con el virus del SIDA. De acuerdo con el autor, los artículos 2 (sobre la tentativa de crimen) y 295 y 296 (sobre homicidio voluntario y asesinato, respectivamente) servían perfectamente para encausar a aquellas personas portadoras del virus que silenciaban su condición con el propósito de infectar a otros

    Aspectos controvertidos del embargo retentivo

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    Américo Moreta Castillo (biografía): Abogado dominicano. Egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). También se formó en la Escuela Nacional de la Magistratura en París y Burdeos, Francia. Y posteriormente obtuvo un Diploma de Estudios Avanzados en la Universidad de Sevilla, institución en la que actualmente está realizando un doctorado. Ha sido profesor en la UNPHU, en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Es miembro de la firma Castillo y Castillo, en la que se desempeña como asesor de entidades comerciales y financieras en materia de resolución de conflictos, finanzas y asuntos inmobiliarios, así como en las materias de derecho penal y laboral. Ha publicado los siguientes textos: La Real Audiencia de Santo Domingo, Historia del poder judicial dominicano (Premio Nacional de Historia en 2005), El poder judicial en la Era de Trujillo, Responsabilidad del transportista aéreo de pasajeros, La justicia en Santo Domingo del siglo XVI y El embargo retentivo. Ha sido nominado dos veces al cargo de juez de la Suprema Corte de Justicia. Forma parte de la Academia Dominicana de la Historia, del Instituto Dominicano de Genealogía y de la Federación Interamericana de Abogados.En el presente texto se estudia el embargo retentivo en función de ciertos elementos controvertidos que para la época todavía eran objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial. Asuntos como la mención o no del nombre del embargado, la diferencia entre este recurso y la oposición o la posibilidad de inmovilización de fondos futuros, entre otros más, son tratados aquí puntualmente. Al plantear los aspectos a dilucidar, el autor de este trabajo no se limita a las fuentes dominicanas, sino que también recurre a las francesas

    En búsqueda de un mejoramiento judicial: imperiosa necesidad

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    Andrés Marranzini Pérez (biografía): Abogado dominicano, graduado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, centro de estudios en el que también impartió docencia. Ha concentrado su ejercicio profesional en el derecho civil y comercial, en las inversiones extranjeras y de zonas francas y en la explotación minera. Participó en la Comisión Presidencial para la Reforma Judicial. Es miembro fundador de la Junta Directiva de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Es fundador del bufete de abogados Marranzini & Asociados.El autor de este texto hace una serie de recomendaciones para la mejora del poder judicial dominicano de entonces. Básicamente propugna por modificaciones tendentes a garantizar su perfeccionamiento profesional, su independencia presupuestaria y administrativa y la agilización de sus procesos. El establecimiento de la carrera judicial, el mejoramiento de las retribuciones económicas y sociales de los jueces, la creación de un Consejo Nacional de la Magistratura y de una Escuela Nacional de la Judicatura y la instauración de tribunales especializados que ayudaran a descongestionar la justicia dominicana son algunas de las propuestas que aquí se formulan

    Boletín de Actividades Febrero-Septiembre 1989

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    Anticipándose en un año a la celebración de su 25 aniversario, la Universidad APEC hace un alto en este boletín para contar su historia institucional y para referir su situación de entonces. Tenía al momento presente unos 11,688 alumnos matriculados y una plantilla de 490 profesores, había entregado a la sociedad unos 4,500 nuevos profesionales. Abocada a un proceso general de puesta al día de sus proyectos presentes y futuros en pro de la excelencia académica, la universidad acababa de recibir a la Dra. Sra Dawn Simth, especialista norteamericana en currículum universitario, quien colaboraría en trabajos tendentes a elevar la calidad de la función docente y del sistema de supervisión de las actividades académicas, aspectos ambos de permanente relevancia para la comunidad universitaria y que han sido soportes fundamentales de sus éxitos

    Limitaciones legales que afectan el cobro compulsivo de la deuda impositiva: diseño de una política de cobranza

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    J. B. Abreu Castro (biografía). Abogado dominicano. Graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó un posgrado en finanzas públicas y derecho tributario en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, centro educativo en el que también realizó un curso sobre control administrativo. En su reconocido ejercicio profesional ha llegado a desempeñarse como subsecretario de estado de finanzas y director general de rentas internas. Formó parte de la oficina de abogados Bufete Gómez Bergés, Abogados, Notarios y ConsultoresEl autor expone las limitaciones que para aquella época enfrentaba el sistema tributario dominicano, particularmente en el ejercicio del cobro compulsivo de las deudas impositivas. A su juicio, el principal problema que afrontaba la ejecución forzada de la deuda fiscal consistía en que había que recurrir a la justicia ordinaria, lo que ralentizaba todo el proceso de cobro. Por eso el autor reconoció como positivo el anteproyecto del Código Tributario elaborado en dicha época, el cual establecía el sistema administrativo de ejecución, por el que todas las fases del proceso (desde las medidas precautelares hasta el remate y adjudicación del deudor en falta) son conocidas y realizadas por una jurisdicción especial dedicada exclusivamente a dicha materia

    Comentario sobre la Ley no. 18 del 5 de febrero que establece el impuesto anual denominado: impuesto a la vivienda suntuaria y a los solares urbanos no edificados

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    Mercedes Canalda (biografía): Abogada dominicana. Graduada de derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Se especializó en derecho inmobiliario. Ha sido presidenta del Banco de la Mujer. Entre los artículos que ha publicado se pueden citar Vivienda en condominio en la República Dominicana y Financiamiento para la industria de la construcción.El 5 de febrero de 1988 fue promulgada la ley no. 18 relativa al impuesto a la vivienda suntuaria y a los solares urbanos no edificados. Ese impuesto sobre la propiedad inmobiliaria se había tratado de establecer en muchas ocasiones previas, pero sus resultados habían sido nulos: la combinación de la falta de tradición al respecto y de las deficiencias de los respectivos dispositivos legales implementados había impedido su instauración. Es por eso que la autora de este artículo hace un análisis de la nueva legislación a fin de determinar los puntos débiles del tributo y las medidas necesarias para volverlo realmente efectivo

    La jurisdicción voluntaria

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    Mignolio Pujols: Abogado dominicano, oriundo de Ocoa, municipio del que fue síndico. Falleció en el 2014.El autor reflexiona sobre la jurisdicción voluntaria, es decir, sobre aquel ámbito legal que sirve para homologar derechos que las partes necesitan ver confirmados jurídicamente. Como se contrapone a la jurisdicción contenciosa (que es aquella que ejercen los tribunales en procura de la restitución de un derecho que se cree violado y en la que las partes interesadas litigan entre sí al respecto), el autor estima que las materias relativas a la jurisdicción voluntaria que aún pertenecían a la competencia del juez debían ser transferidas a la competencia del abogado notario, oficial depositario de la fe pública y persona idónea para tratar todas las cuestiones en que no hay divergencia entre las partes

    Gestión financiera y administrativa de la pequeña industria en la República Dominicana

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    Sonia Lizardo (biografía): Nació en Santiago de los Caballeros. Estudió administración de empresas en la Universidad Católica Madre y Maestra (hoy PUCMM). Se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) y como asesora de la Corporación de Fomento Industrial, institución para la que contribuyó a elaborar la política crediticia en los años 80. Ha sido profesora universitaria en la UNPHU, UNIBE, UNAPEC, INTEC y la PUCMM. Fruto de este trabajo de investigación publicado por UNAPEC, recibió la beca Hubert Humphrey, que le permitió continuar por un año sus investigaciones en la materia en los Estados Unidos. Otra obra suya es Autoestudio y acreditación: la experiencia de República Dominicana (1989).Como bien se sabe, la capacidad de emprendimiento, de iniciativa económica autónoma, es un factor importante y necesario para el paso hacia una sociedad más desarrollada. El estudio que aquí se presenta versa precisamente sobre la situación del sector de la pequeña empresa (pequeña industria la llama la autora) a finales de la década de los 80 en el país. Específicamente se plantea su importancia para la economía nacional, los sistemas y mecanismos de ayuda que entonces le servían de soporte y las debilidades que afrontaba y que suele afrontar el sector: problemas como las dificultades de acceso al crédito, a una eficiente asistencia técnica o a la oportuna información, pero sobre todo los relacionados con la escasa capacidad de gestión administrativa y financiera de esos pequeños empresarios que, por su pobreza y limitados conocimientos, casi siempre se debaten en la informalidad y en la subsistencia

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