Universidad Acción Pro-Educación y Cultura

RI-UNAPEC. Repositorio Institucional de la Universidad APEC
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    752 research outputs found

    Gran Feria Empresarial MERCAPEC 2000

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    En este artículo se reseña la celebración de la Feria Empresarial 2000 (MERCAPEC), una actividad realizada por la Escuela de Mercadotecnica de la Universidad APEC los días 24, 25 y 26 de agosto del referido año. El objetivo principal del evento fue contribuir a la formación de los estudiantes de mercadeo mediante la creación de un escenario en que se vincularan de manera estrecha universidad y empresas. Aparte de las exposiciones de los logros mercadológicos de empresas representativas de los diversos sectores productivos nacionales, se dieron una serie de conferencias en los que se plantearon y trataron temas propios del área

    Estaba escrito

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    Dennis R. Simó Torres (biografía): El autor, rector de UNAPEC desde el año 2001 hasta el año 2007, ha sostenido una intensa y larga vida profesional en múltiples ámbitos: en la academia, en el sector público y en el sector privado. Esto se ha debido a su vasta preparación, ya que tiene estudios en economía (Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña), en administración y gerencia y en ingeniería de operaciones mecánicas (Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro), así como en finanzas y banca internacional. En el sector público cabe destacar sus múltiples posiciones en la Compañía Dominicana de Aviación y su integración al Consejo de Asesores del Presidente de la República (1980-1982). En tanto que en el sector privado ha trabajado para las compañías Esso, Citibank, Seagrams, Productos del Trópico y Grupo Delta Comercial. En cuanto a su trabajo a favor de la educación, este también ha sido prolífico, pues fue profesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), de la Universidad Central del Este (UCE), de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y del Proyecto Subregional de Capacitación en Promoción de Exportaciones del Centro de Comercio Internacional de las Naciones Unidas. Ha formado parte de la familia Acción Pro Educación y Cultura desde 1977, espacio en el que ha ocupado diferentes posiciones y del que llegó a ser presidente de 1993 a 1997 y de 1999 al 2001. Entre los honores que ha recibido está el reconocimiento como uno de los treinta economistas más destacados en los 30 años del Colegio Dominicano de Economistas (1997) y el doctorado honoris causa en ciencias económica que le otorgó la Universidad de Camagüey, Cuba (2006). Además, es miembro de número del Instituto Dominicano de Genealogía y de la Academia Dominicana de la Lengua, así como Vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Aparte de esta obra, Simó Torres es autor de otros doce libros, entre los que cabe mencionar El huracán de la ignorancia, Vientos alisios: pinceladas del descubrimiento, Discursos del Rector I, Discursos del Rector II, Mercado cambiario en la República Dominicana y Crédito: investigación, análisis y seguimiento.El autor recoge en este libro textos de artículos periodísticos, conferencias, charlas y presentaciones radiofónicas en los que desarrolla diferentes temas relacionados con los problemas que han obstaculizado la transición de la sociedad dominicana hacia la democracia plena. A su entender, la permanencia en el poder de las fuerzas más conservadoras y la poca modernización de las élites empresariales nacionales tras la muerte del dictador Trujillo serían dos de las causas principales de la postergación de la afirmación de un sistema plenamente democrático, así como de la consecuente ausencia de un intento serio por superar la pobreza y el subdesarrollo. Y es que sin democracia no puede haber una distribución justa de la riqueza que implique la reducción del hambre, la mejora del sistema de salud pública, el mejoramiento de las condiciones laborales y de justicia social, así como la apertura de más elevadas y cualificadas oportunidades de formación educativa, requisito indispensable para la mejora y el aumento de la productividad a nivel nacional. En este sentido, la transición democrática definitiva en República Dominicana es una tarea pendiente que ha quedado en manos de la generación que inicia con este siglo XXI

    El Quintana de Oro

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    Nombrado así en homenaje a la gran trabajadora del teatro y fundadora y directora escénica del Grupo de Teatro de la Universidad APEC, doña Germana Quintana, El Quintana de Oro constituye la premiación con que se reconocen los trabajos inéditos o de adaptación que llevan a escena los integrantes del referido grupo teatral. Aunque el premio fue establecido el 27 de marzo (día internacional del teatro) de 1990, esta primera recopilación de obras ganadoras solo recoge aquellas que resultaron vencedoras entre 1995 y 1999. En cualquier caso, esta publicación constituye un símbolo de la labor y tradición teatral tenaz que por más de 30 años ha propiciado la Universidad APEC como forma de promover entre sus estudiantes una formación integral y humanista, enriquecida por el ejercicio de una de las actividades artísticas más nobles y más estrechamente vinculadas con la vida y el alma humanas: el teatro

    Fianza judicatum solvi. Impedimento a la inversión extranjera. Primera Parte

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    Marcos Peña Rodríguez (biografía): Abogado dominicano, egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Hizo una maestría en derecho comercial internacional en la Universidad de Londres. Es socio fundador de la firma Jiménez-Cruz-Peña Abogados. Ha especializado su práctica profesional en resolución alternativa de conflictos y litigios, arbitraje internacional y regulación económica (incluyendo las áreas de telecomunicaciones, energía y financiamiento). Ha participado en arbitrajes internacionales y locales tanto como abogado de parte, como árbitro mismo y como experto en derecho dominicano. Actualmente es vicepresidente del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámar de Comercio y Producción de Santo Domingo. Ha sido reconocido por Chambers Global, Chambers Latin America y por la Latin American Energy and Infrastructure Guide, entre otras instituciones. Entre otros trabajos, ha publicado los capítulos de República Dominicana de Getting the Deal Through Arbitration (2010, 2011), Getting the Deal Through Anti-corruption (2010, 2011), The International Comparative Legal Guide/Business Crime (2011-2013), The International Comparative Legal Guide/Litigation and Dispute Resolution (2011) y The International Comparative Legal Guide/International Arbitration (2012).Se presenta la primera parte de un estudio que aboga por la eliminación de la fianza judicatum solvi, que es la garantía que en la legislación dominicana se exige al extranjero transeúnte que demanda o es interviniente forzoso en un proceso de demanda judicial. En este artículo se define el recurso, la razón de su existencia, la evolución que ha seguido en la legislación dominicana y la posición de entonces de la Suprema Corte de Justicia, así como su situación en la Francia contemporánea y lo que recientemente había dictado al respecto la Corte Europea de Justicia

    Privatización de aeropuertos

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    María Esther Fernández A. de Pou (biografía): Abogada dominicana, egresada de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Realizó estudios en el Air and Space Law Institute de la McGill University de Montreal, Canada, y una maestría en derecho internacional con concentración en derecho aeronáutico en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es abogada asociada de la firma Russin, Vecchi & Heredia Bonetti. Ha concentrado su ejercicio profesional en las áreas de la aeronáutica y los aeropuertos. Ha sido consejera legal en República Dominicana de la Asociación de Líneas Aéreas (ALAS), así como de la Asociación de Aeropuertos. Y ha representado al país ante la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Aviación Civil Latinoamericana. Actualmente es vicepresidente del Comité Legal de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial, de la Asociación Dominicana de Derecho Espacial y del Aire, de la Inter-American Bar Association y miembro de la Junta de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS). Ha publicado El acuerdo de arrendamiento, Contrato de transporte aéreo y responsabilidad civil del transportista, Proyecto de ley de cielos abiertos y desregulación y Política aérea dominicana. Aire y política de turismo.Dado que muchos aeropuertos eran deficitarios, que necesitaban subsidios directos e indirectos del Estado para cubrir sus respectivos déficits, así como cuantiosas inversiones para asegurar su correspondiente adecuación a las nuevas necesidades técnicas que fueran surgiendo, muchos Estados recurrieron a su privatización. El método que sobre todo ha sido utilizado es el sistema de concesión, por el que el Estado conserva la propiedad y una parte importante de las funciones de supervisión y control, mientras que la empresa concesionaria se encarga de la modernización y administración del aeropuerto. En este trabajo se explican los detalles del proceso que en ese sentido vivía entonces la República Dominicana

    Nuevas perspectivas del derecho de familia en la República Dominicana

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    Iraima Capriles (biografía): Abogada nacida en Manhattan, New York. Obtuvo la nacionalidad dominicana. Realizó estudios de sociología en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. También estudió administración bancaria comercial y banca privada internacional en la American Bankers Association y posteriormente obtuvo un diploma de cultura francesa en la Sorbonne Nouvelle. Su licenciatura en derecho la obtuvo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). En tanto que su doctorado en leyes lo realizó en la Universidad Complutense de Madrid. Un diplomado en pedagogía universitaria realizado en la PUCMM complementa su formación. Fue secretaria general adjunta para América Latina de la Asociación de Consejos Económicos y Sociales e Institucione Similares y trabajó como medidadora en la comisión para la actualización del costo del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud del Sistema de Seguridad Social dominicano. Ha sido ayudante fiscal, directora de defensa pública del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia y profesora de la PUCMM. En esta universidad, fue coordinadora del diplomado internacional sobre resolución de conflictos y directora del Centro para el Estudio, Prevención y Resolución de Conflictos (CEPREC). Es autora del Programa de Capacitación para Jueces y Auxiliares de la Justicia en la Ley 14-94.Esta es una breve exposición acerca del llamado derecho de familia, disciplina del derecho civil que regula las relaciones entre los miembros de dicha unidad social. El artículo define el concepto de familia que han dado la doctrina y la legislación dominicana, cómo esta ha protegido el núcleo familiar a través de la Constitución y de leyes especializadas y cuáles habían sido sus últimos pasos normativos para la época. Como declara la autora de este trabajo, todavía entonces estaba pendiente en el país la reglamentación de los aspectos bioéticos relacionados con la inseminación artificial

    Introducción al curso-taller Seminario de Grado (SOC-280)

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    Introducción al curso-taller Seminario de Grado (SOC-280) es un documento didáctico dirigido principalmente a los estudiantes universitarios a fin de enseñarles los elementos, pasos y procedimientos que se deben tomar en cuenta y seguir para elaborar el proyecto de investigación final que sustente el trabajo de tesis. Partiendo de la metodología de investigación, el autor del texto propone el método necesario para poder aproximarse a una realidad determinada, delimitar su núcleo problemático, analizar las variables que en él se dan y, a partir de ello, establecer el marco conceptual y los distintos órdenes de fuentes documentales y no documentales que puedan aportar a la resolución del problema seleccionado. Instructivo idóneo para aquellos estudiantes que van a afrontar el trabajo de tesis o monográfico, este material en realidad sirve para todas las personas que quieran aprender a aprender, pues les permite dotarse de las herramientas conceptuales requeridas para afrontar la indagación en su campo de estudio o de trabajo

    La posición de la Asociación Dominicana de Abogados Empresariales, Inc., sobre el proceso de reforma judicial

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    Francisco Álvarez Valdez (biografía): Abogado dominicano, egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Es socio fundador de la firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández. También fue abogado asociado del bufete Russin, Vecchi & Heredia Bonetti. Ha concentrado su ejercio profesional en las áreas de litigios judiciales y arbitrales, derecho bancario, derecho corporativo, negociaciones y telecomunicaciones. Fue profesor de Derecho Civil en la UNPHU. Fue coordinador de Partición Ciudadana y es presidente de Profamilia. Publica una columna en el diario digital dominicano Acento. Es autor de Breve historia del derecho dominicano.Uno de los miembros de la comisión encargada del tema de la reforma judicial en el seno de la ADAE (Asociación Dominicana de Abogados Empresariales) expuso la posición de este organismo en dicha materia. Para ellos, existían cuatro puntos básicos que debían resolverse en primer lugar si se quería transformar el poder judicial dominicano. En primer término, había que aprobar un reglamento para el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual debía privilegiar “la transparencia, la participación de la sociedad civil y el consenso en la selección de los jueces de la Suprema Corte” y no atentar contra el principio constitucional de la inamovilidad de los jueces. En segundo lugar, debían ser seleccionados de manera oportuna los jueces de la Suprema Corte de Justicia. En tercer lugar, se tenía que cumplir con la disposición constitucional que otorgaba autonomía administrativa y presupuestaria al poder judicial. Y, finalmente, debía aprobarse una ley de carrera judicial que fuera fruto del consenso de toda la nación

    Ley #153 de telecomunicaciones

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    José R. Cruz Campillo (biografía): Abogado dominicano, egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Realizó un posgrado en derecho e instituciones legales estadounidenses en la Universidad de Wisconsin. Es socio fundador de Jiménez-Cruz-Peña Abogados. Previamente había ocupado diversas posiciones en la Compañía Dominicana de Teléfonos. En su práctica profesional se ha especializado en derecho corporativo, inversión extranjera, propiedad intelectual y telecomunicaciones.He aquí la presentación del que por entonces era el anteproyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones en República Dominicana, pieza legislativa en cuya elaboración se contó con la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). A juicio del autor, este nuevo marco regulativo fue el resultado de la aplicación doméstica de las reglas generales de comercio para el sector establecidas en los acuerdos mundiales del GATT/94, reglas que permitían una respuesta institucional efectiva al crecimiento y diversificación de un sector central del siglo XXI

    El manejo de la información crediticia y el secreto bancario

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    Marcelino San Miguel II (biografía): Estudió administración de empresas en la Faifield University y un posgrado en finanzas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Miembro de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, de la Fundación APEC de Crédito Educativo y de la Asociación de Cámaras de Comercio de América Latina.El autor de este texto expone su experiencia como creador del primer centro de información crediticia en República Dominicana. Como bien señala, el principal obstáculo que tuvo que enfrentar fue el uso y costumbre del secreto bancario, norma que si bien no estaba regulada de manera específica por la legislación nacional de la época, sí había sido asumida en los hechos por la práctica bancaria del país. No obstante, a las consideraciones relativas a la confidencialidad y privacidad de la información crediticia de los particulares terminaron por contraponerse los motivos de orden público en torno a la industria misma del crédito y a su necesidad de que el “movimiento del recurso dinero” se encontrase respaldado por información fidedigna y exacta. Fue así que en el 1997 la Junta Monetaria de la República Dominicana estableció las primeras normas y directrices que rigen dichos centros de información en el país. Se estableció entonces como norma que todo cliente bancario debe consentir de manera oral o escrita a que su información privada pueda ser suministrada –según los términos y casos estipulados- a dichas entidades. Asimismo, estas empresas están obligadas a operar solo con información de fuentes constatables y fiables, de modo tal que el particular pueda hacer cualquier reclamación en caso de error en el reporte crediticio y que tal error pueda ser subsanado. Para el establecimiento del sistema del referido centro, se tomó sobre todo como referencia y ejemplo la Ley de Información Imparcial sobre el Crédito de los Estados Unidos y la forma en que ese tipo de establecimientos habían estado operando en Puerto Rico en los últimos 35 años

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