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Hacia un método propio interdisciplinar e intercultural para la investigación jurídica
No full textHace algún tiempo, un día, a finales de los noventa del siglo pasado, en una pequeña habitación, número 10 de alguna de las calles de Londres, me encontré con la sabiduría de dos maestros. A uno su familia le llamaba El Moro; el otro había nacido en Bombay en 1931. El Moro y Anthony de Mello me contaron un cuento que también les habían transmitido sus abuelos a orillas del Mosela y en la India. Cuando terminaron, estrechando cálidamente nuestras manos y mirándome a los ojos con la profundidad mistérica de la sabiduría semita y del Indo me dijeron: “Nadie se ha emborrachado nunca leyendo etiquetas de buen vino. Ve, surca y disfruta los caminos de la vida sembrando y cuidando la justicia”. Pasé la noche meditando aquellas palabras; yo, un joven recién graduado en Derecho, estaba bastante desconcertado. No pude dormir, amanecí mal. Aquel encuentro me había arrojado de pronto a un torbellino de angustiosos sentimientos y preguntas: ¿dónde y qué había estudiado durante cinco años: textos, normas y leyes dentro de las fortalezas universitarias europeas?, ¿qué sabía de la justicia en el mundo de la vida de mi pueblo y otros pueblos?, ¿a qué y a quiénes iba a dedicar mis mejores años: a servir al fetiche de las etiquetas jurídicas de las élites sin beber el vino de la justicia? La tormenta se prolongó en los meses siguientes. Había entrado en crisis existencial e intelectual. De pronto me aseteaban miles de cuestiones una tras otra y todas a la vez: ¿qué es eso que llamamos Derecho?, ¿es realmente una norma?, y si fuese así ¿qué es una norma?, ¿qué tipo de norma sería?, pero ¿y si resultara que el Derecho es otra cosa que el fetiche de una norma, que un texto escrito, que una ley?, ¿y si fuese una acción?, ¿qué sería entonces?, ¿cuál sería su contenido?, ¿qué fundamento tendría?, ¿dónde reposaría su legitimidad última; en la voluntad de quien manda, como me habían dicho los glosadores en las capillas de la universidad? En la noche oscura de ese invierno, por la rendija entreabierta de la puerta un fuerte destello me conmocionó por un tiempo con más interrogantes: ¿cuál es la verdadera historia de eso que me han dicho que es Derecho?, ¿cuál es su origen, ¿dónde, cuándo y en qué pueblos apareció?, ¿han tenido todos los pueblos Derecho, es universal su existencia?, ¿tenían y tienen Derecho los pueblos sin escritura?, ¿para qué sirve el Derecho, qué finalidad tiene?, ¿cómo lo usan unos grupos u otros?, ¿se lo han robado a los pueblos?, si ha sido así, ¿quiénes y cuándo?, ¿qué tiene que ver eso llamado Derecho con la justicia?, ¿cómo se produce?, ¿lo generamos todos o su producción está reservada y es administrada por unas élites?, ¿cómo ha circulado a lo largo de la historia?; ¿cuál ha sido su devenir: pacífico o conflictivo?, ¿tiene relación con otros saberes como el arte, la filosofía, las ciencias, etc.?, ¿si es así, ¿cómo se relaciona? Confiado en aquella sabiduría oriental, crucé el umbral de la puerta y entré en un mundo desconocido como Alicia en el País de las Maravillas. Atolondrado por el deslumbre fui caminando como pude y regresé a Madrid en 2002. Tres años después, en 2005, otro sabio neurólogo cubano, mi hermano Nicolás Garófalo, frente el número 10 de la calle Desengaño, donde vivió J. Martí cuando estuvo en España, me contagió su pasión revolucionaria por recorrer los caminos de Nuestra América. Apoyado en el pilar de mi compañera nos embarcamos para el Nuevo Mundo. La primera parada fue El Salvador. Al campo martirial de Ellacuría en la Universidad Centroamericana (UCA), de sus compañeros, de M. Romero y todo el pueblo crucificado salvadoreño, había llegado en la misma búsqueda, procedente de San Luis Potosí, el profesor mexicano Alejandro Rosillo. Desde entonces nuestra hermandad quedó sembrada con la sangre de los vivos
La revisión de oficio como manifestación de la autotutela de la administración pública para declarar la nulidad de un acto administrativo a petición de persona interesada: la correcta aplicación del Art. 132 del COA
No full textThis paper analyzes the power of ex officio review contemplated in the article 132 of the Administrative Organic Code -COA- to declare the nullity of an administrative act at the request of an interested person, identifying the treatment that the public administration is obligated to give to this type of requests, fulfilling its purposes and respecting the rights of the administered. This research which belongs to the field of knowledge of Administrative Law, aims to respond to the problem, how should the public administration understand and apply the article 132 of the COA? The main objectives are to explain the scope of administrative self-protection in the exercise of the ex officio review, determining what are the obligations of the public administration when the ex officio review is requested through an administrative claim, identify the rights of those administered when an administrative claim is filed, and define the nature of administrative claims as a means of challenging administrative acts. The results show that the ex officio review has a wide scope, whose regulation allows it to become a powerful mechanism of unrestricted protection of the legal system, however, it is used at the convenience of the public administration, leading to legal uncertainty. It is concluded that, by requesting the ex officio review, a legitimate right to achieve the claim -nullity of the administrative act- is configured if the existence of nullity defects is evidenced, it is not a request that can be dealt with at the discretion of the public administration.Este trabajo analiza la facultad de revisión de oficio contemplada en el artículo 132 del Código Orgánico Administrativo -COA- para declarar la nulidad de un acto administrativo a petición de una persona interesada, identificando el tratamiento que la administración pública está obligada a dar a este tipo de solicitudes, cumpliendo sus fines y respetando los derechos de los administrados. Esta investigación que, pertenece al campo de conocimiento del Derecho Administrativo, pretende dar respuesta a la problemática ¿Cómo debe la administración pública entender y aplicar el artículo 132 del COA? Los principales objetivos son, explicar el alcance de la autotutela administrativa en el ejercicio de la revisión de oficio, determinar cuáles son las obligaciones de la administración pública cuando la revisión de oficio se solicita a través de un reclamo administrativo, identificar los derechos de los administrados y, definir cuál es la naturaleza de los reclamos administrativos como vía de impugnación de los actos administrativos. Los resultados muestran que la revisión de oficio posee un amplio alcance, cuya regulación, le permite constituirse en un poderoso mecanismo de protección irrestricta del ordenamiento jurídico; sin embargo, actualmente se lo utiliza a conveniencia de la administración pública, lo que produce inseguridad jurídica. Se concluye que, al solicitar la revisión de oficio, se configura un derecho legítimo de alcanzar la pretensión –nulidad del acto administrativo-, si se evidencia la existencia de vicios de nulidad, pues no se trata de una mera petición que pueda ser atendida a discreción de la administración pública, sino de una verdadera tutela de los derechos de los administrados que deben ser garantizados por el aparataje público
Tensiones jurídicas entre lo público y privado en los conflictos por jubilación patronal en las federaciones deportivas provinciales del Ecuador
No full textIn Ecuador, employer-funded retirement, known as "jubilación patronal," grants individuals who've served in a single company for a minimum of twenty years a lifelong pension. Introduced in 1938, this form of retirement served as an alternative for those ineligible for benefits from the then newly established Social Security Fund. Ecuador’s Labor Code mandates this employer obligation for workers with twenty-five years of continuous or interrupted service. On another note, the 2010 Sports, Physical Education, and Recreation Law characterizes provincial sports federations as planners and coordinators of provincial sports activities. These federations, though private entities, receive public funding upon the Ministry of Sport's approval of their annual operational plan. This places them under the 2008 Ecuadorian Constitution's mandate for transparency, accountability, and public control. Tensions arise when the Ministry of Sport, since 2019, prohibits the inclusion of retirees' payments in the state budget. This leaves many non-profit sports federations unable to fund these obligations, leading to conflicts and violations of the employer-funded retirement payment. The Pichincha Sports Federation retirees, facing this non-payment issue, sought legal protection against potential constitutional rights breaches, emphasizing the state's responsibility in assuring rights protection. The ruling accentuated the state's responsibility in these situations, setting a precedence for future cases. Moreover, these sports federations have a critical role in adapting and perfecting methods to ensure sports remain a potent tool for sustainable development in Ecuador, going beyond mere entertainment or competition to contribute significantly to a better future.La jubilación patronal en Ecuador, establecida en 1938, concede pensiones vitalicias a aquellos empleados con al menos veinte años de servicio en una empresa. Este derecho impone una significativa responsabilidad financiera sobre el empleador. Las Federaciones Deportivas Provinciales (FDP) son organizaciones encargadas de coordinar actividades deportivas provinciales y cantonales. Estas FDP, aunque privadas, reciben fondos públicos, obligándolas a cumplir con normas de transparencia y rendición de cuentas. Con el objetivo principal de describir las tensiones jurídicas entre lo público y privado en los conflictos por jubilación patronal en las federaciones deportivas provinciales del Ecuador, para cumplir se estableció como objetivos específicos, se estableció la naturaleza jurídica de las federaciones deportivas provinciales, se determinó teórica y normativamente la jubilación patronal en el Ecuador, finalmente se identificó las particularidades de los conflictos la jubilación patronal en las federaciones deportivas provinciales del Ecuador
El rol regulatorio del estado a las empresas de seguridad privada en el Ecuador como fuerza complementaria de la Policía Nacional, comprendidos entre los años 2017 a 2023
No full textEl Estado ecuatoriano se constituye en un caso de estudio muy importante dado que, aparentemente, se construye una contradicción, pues, por un lado, ha realizado una fuerte inversión en las agencias de seguridad estatales, pero, por otro lado, es uno de los principales demandantes de este servicio privado. La elaboración de la presente tesis ayudará a un mejor entendimiento de este elemento, o tercer actor, que ha venido creciendo en el país. El aditamento de esto es que la administración de Rafael Correa entre el 2008 y 2016 fue un gobierno que estuvo marcado por una recuperación del rol del Estado en la gestión pública, especialmente de la agencia de seguridad encargada del control interno: La Policía Nacional. En otras palabras, el gobierno de Correa intentó darle las competencias necesarias al Estado en función de lo que la revolución ciudadana pensaba que el Estado debía hacer, esto es “re estatizar” ciertas áreas que, en un contexto distinto de visiones privadas, éstas asumían ciertas funciones dentro del Estado, entre ellas, la seguridad. Por un lado, es necesario recordar que la seguridad privada emerge como una racionalidad neoliberal, bajo la lógica que el Estado debe tener poca intervención, y por lo tanto, dar paso a la competencia privada (mercado) para proveer servicios, en cuyo contexto se desenvuelve la seguridad privada. Por otro lado, se debe sumar a este análisis que el Estado ha ido perdiendo capacidades regulatorias y de control, por un proceso de empobrecimiento estatal, dando como resultado la proliferación de las Empresas de Seguridad Privada, pero con la característica de ser un crecimiento poco regulado y hasta cierto punto desordenado y anárquico. El aparecimiento de este tercer actor (Empresas de Seguridad) en las sociedades, trae de la mano nuevos cuestionamientos que empiezan a poner en entredicho la soberanía del Estado y el monopolio legítimo de la fuerza, poniendo al Estado en el rol de querer recuperar este espacio. De la misma manera, se pretenderá entender cómo la seguridad privada emerge a manera de respuesta frente a la globalización, amparado, en esta nueva forma de entender la seguridad, sujeta a paradigmas sociales muy fuertes, cobrando sentido el nuevo gobierno de la seguridad y complementariedad. En este sentido, ¿Porqué entre el 2017 y 2023 aumentó el número de empresas de Seguridad Privada en la ciudad de Quito? La tasa de crecimiento de las empresas que brindan el servicio de guardianías privadas en la ciudad de Quito, entre el 2017 y 2023, tuvo una variación al alza debido a los sentimientos de inseguridad que la ciudadanía percibía socialmente, sumado a la necesidad de establecer sus propias estrategias de seguridad. Esta investigación se plantea como objetivo general señalar las condiciones que llevaron a un incremento de las empresas de Seguridad Privada en la ciudad de Quito entre 2017 y 2023
Estudio sobre el balance social como herramienta de gestión en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en Ecuador en los periodos 2019 a 2021
No full textThe purpose of this study is to analyze the application of the social balance sheet as an instrument for evaluating the compliance with social responsibility and the performance of credit unions in segment 1. By analyzing and comparing the social balance sheet models applied by the entities studied, similarities were observed between the models of the Cooperative Principles (ICA), the principles of the United Nations Organization (UN) Global Compact and Sustainable Development Goals (SDGs), which cover economic, social and environmental aspects for local development. Discussion of the results reveals the need for credit unions to determine the level of social responsibility applied and the possibility of creating a standard social balance sheet as part of cooperative management reports. The information presented was collected through the application of a mixed qualitative and quantitative methodology and multiple case study method, with the use of primary data sources and elaboration of data tables.El presente estudio tiene como objetivo analizar la aplicación del balance social como un instrumento que permita evaluar el cumplimiento de la responsabilidad social y el desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1. Al analizar y comparar los modelos de balance social aplicados por las entidades estudiadas, se observó similitudes entre los modelos de los principios cooperativos (ACI), los principios del Pacto Mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que abarcan aspectos económicos, sociales y ambientales para el desarrollo local. La discusión de los resultados revela la necesidad de que las cooperativas de ahorro y crédito determinen el nivel de responsabilidad social aplicada y la posibilidad de crear un balance social estándar como parte de los informes de gestión cooperativos. La información presentada fue recolectada mediante la aplicación de una metodología mixta cualitativa y cuantitativa y método de estudio de caso múltiple, con la utilización de fuentes de datos primarios y la elaboración de tablas de datos
PARALELO CEROº Estudios estratégicos, geopolíticos y de seguridad-Boletín de la Escuela de Seguridad y Defensa - N.º 5
No full textEn la discusión sobre la seguridad en Ecuador se añadió un tema importante cuando el 1 de abril de 2023 el presidente Guillermo Lasso, mediante el decreto 707, autorizó “el porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional a aquellas personas naturales que cumplan los requisitos de conformidad con la Ley, el Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones y Explosivos” (Decreto n.º 707, 2023). Tal decisión se tomó en un contexto de incremento —sostenido desde 2018— de los indicadores de inseguridad, extrema violencia que se visibilizó en múltiples eventos, junto con una elevada presión política sobre el Gobierno por parte de los actores de oposición, lo que parecería que obligó al Ejecutivo a procurar algún vínculo con la agenda de ciertos actores legislativos.
En ese contexto, el contenido del decreto 707 se planteó como una acción estatal destinada a recuperar la iniciativa en cuanto a la seguridad, bajo la presunción de que permitiría reducir alguno de los indicadores. La promulgación de este instrumento provocó un despliegue institucional para regular y gestionar las responsabilidades vinculadas a la potencialidad del porte de armas, sobre todo a cargo de las Fuerzas Armadas, predominantemente (Loaiza, 2023), y con la necesidad de articular con otras instituciones. Más allá de los problemas directos que surgieron de la iniciativa, en un espacio de la sociedad esta decisión ha conducido a resaltar la necesidad de discutir sobre la pertinencia y eficiencia de esta decisión.
En ese primer nivel está la cuestión sustancial del Estado y sus responsabilidades. En términos clásicos, Hobbes (2004) señalaba una responsabilidad irrenunciable del Estado en cuanto a la seguridad para los ciudadanos. Al trasladar esa reflexión a términos contemporáneos, no solo se
ratifica tal posición, sino que en su falla se encuentra el centro del problema de la pérdida de estatalidad (Kaplan, 2003; Koliopoulos, 2019). Entonces, en el momento en que se debilitan las capacidades de respuesta estatal quedan vacíos que, a la par, suponen el crecimiento y fortalecimiento de otros actores que, por lo general, operan en procura de agendas individuales y que podrían poner en riesgo la continuidad del Estado (Börzel & Risse, 2015).
En la coyuntura ecuatoriana de 2023 se buscó presentar el porte de armas como una posible solución a la problemática de la falta de presencia del Estado, considerándolo el punto central en materia de seguridad, cuando, en realidad, parecería que su implementación supone trasladar y dispersar responsabilidades en un sistema en el que, además, las barreras de acceso a tal autorización podrían ser corrompibles. De todas maneras, la habilitación de esta posibilidad no ha supuesto un volcamiento masivo a procurar la adquisición de armas, como señala una reciente nota: “Hasta el momento ninguna persona ha accedido u obtenido el permiso de porte de armas para defensa personal y tampoco hay nadie que esté en el proceso de capacitación para aprender a usar un arma de fuego” (El Comercio, 2023)
Escenarios del teletrabajo en el Ecuador al año 2030, caso de estudio los procesos académicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales
No full textEste artículo científico plantea como objetivo analizar los escenarios prospectivos de teletrabajo al año 2030 que se presentarán en el Instituto de Altos Estudios Nacionales para entender la manera en que éstos pueden convertirse en una herramienta para fortalecer los procesos académicos de docencia, investigación, vinculación y gestión/dirección que efectúa el personal docente en la institución. A nivel metodológico se trata de un estudio cualitativo y cuantitativo, fundamentado en la investigación descriptiva y de campo. Las técnicas aplicadas corresponden a la encuesta, entrevista y ábaco de Regnier. Los resultados obtenidos determinan que, en el caso de la entidad seleccionada, los escenarios prospectivos de teletrabajo posibles corresponden al optimista y moderadamente optimista. Se concluye por tanto que la consolidación de ambos escenarios en el Instituto de Altos Estudios Nacionales es posible debido a que existen condiciones positivas para su desarrollo, puesto que el uso de recursos virtuales se establece como un factor que permite contribuir con los procesos académicos de docencia, investigación, vinculación y gestión/dirección que llevan a cabo los docentes de esta entidad educativa
Financiamiento productivo con enfoque de género: análisis del crédito “súper mujer rural” en la provincia de Sucumbíos, período 2020-2021
No full textThis essay analyzes the Super Woman Rural Credit, granted by the public bank of Ecuador. To undertake the work, a review of the qualification process was implemented in relation to the adversities and experiences of the rural women of Sucumbíos who accessed the loan, in order to generate suggestions for improvement to the public policy of productive financing with a gender approach. Additionally, the contribution of credit in the productive strengthening and in the domestic units of rural women during the period 2020 to 2021 is studied. With the results obtained, it is argued that the financing policy optimized the domestic units and increased the productive capacity. The methodology used was mixed, with a predominance of the qualitative. The quantitative allowed to elaborate the socioeconomic profile and the characterization of the loans; while, qualitatively, semi-structured interviews were carried out with ten rural women to learn about their practices and recommendations.El presente artículo analiza el Crédito Súper Mujer Rural, otorgado por la banca pública de Ecuador. Para acometer la labor, se realizó una revisión del proceso de calificación con relación a las dificultades y experiencias de las mujeres rurales de Sucumbíos que accedieron al préstamo, con la finalidad de generar sugerencias de mejora a la política pública de financiamiento productivo con enfoque de género. Además, se estudia el aporte del crédito en el fortalecimiento productivo y en las unidades domésticas de las mujeres rurales durante el período 2020 al 2021. Con los resultados obtenidos, se sostiene que la política de financiamiento optimizó a las unidades domésticas e incrementó la capacidad productiva. La metodología utilizada fue mixta, con un predominio de lo cualitativo. Lo cuantitativo permitió elaborar el perfil socioeconómico y la caracterización de los préstamos; mientras que, en lo cualitativo, se desarrolló entrevistas semiestructuradas a diez mujeres rurales para conocer sus prácticas y recomendaciones
Análisis de los mecanismos de optimización de recursos como factor coadyuvante del desempeño de los indicadores judiciales. La gestión del sistema de justicia del Ecuador en el período, 2012 - 2019
No full textThe present investigation studies the flows of cases (entered, resolved and in process) registered in the 431 judiciaries of Ecuador during the period 2012 - 2018 in the periods before and after the legal reform within the restructuring process of the Judicial Function whose sustenance is based on the popular consultation of May 2011. It is examined how the implementation of legal reform in criminal matters with the implementation of the Comprehensive Organic Penal Code COIP (2014) and the application of the General Organic Code of Processes - COGEP (2016) in matters non-criminal, have caused changes in court fees during the years before and after their application, with the aim of evidencing the optimization of assigned resources. The methodology used privileges the exploratory analysis and evidences how the optimization of resources and the changes in the flow of cases due to the implementation of a new legal regulation in criminal and non-criminal matters, affect the performance of court fees. The source of information used is the Council of the Judiciary, with this description opens the possibility that new investigations investigate beyond the results achieved in the Ecuadorian justice system and provide greater elements of statistical analysis on the results achieved in the period. 2012-2019.La presente investigación estudia los flujos de causas (ingresadas, resueltas y en trámite) registrados en las 431 judicaturas del Ecuador durante el período 2012 - 2018 en los periodos previos y posteriores a la reforma legal dentro del proceso de restructuración de la Función Judicial cuyo sustento parte de la consulta popular de mayo de 2011. Se examina cómo la implementación de la reforma legal, en materia penal con la implementación del Código Orgánico Integral Penal COIP (2014) y la aplicación del Código Orgánico General de Procesos - COGEP (2016) en materia no penal, han causado cambios en las tasas judiciales durante los años previos y posteriores a su aplicación, con el objeto de evidenciar la optimación de recursos asignados. La metodología utilizada privilegia el análisis exploratorio y evidencia cómo la optimización de recursos y los cambios en los flujos de causas debido a la implementación de una nueva normativa legal en materia penal y no penal, afectan el desempeño de las tasas judiciales, la fuente de información utilizada es el Consejo de la Judicatura. Con esta investigación se abre la posibilidad para que nuevos trabajos indaguen más allá de los resultados alcanzados en el sistema de justicia ecuatoriano y aporten mayores elementos de análisis estadístico sobre los resultados alcanzados en el período 2012- 2019
Escenario prospectivo para el desarrollo de blockchain en la contratación pública del Ecuador al 2030
No full textEl blockchain promete transformar las transacciones en las compras públicas para hacerlas más transparentes y auditables y, por tanto, menos expuestas a riesgos de corrupción. El objetivo de este artículo es identificar la visión de futuro para integrar el blockchain como estrategia de mejora de la contratación pública del Ecuador al 2030. A partir de la pregunta de ¿Cuál es la visión de futuro para integrar el blockchain como estrategia de mejora de la contratación pública del Ecuador al 2030?, este artículo analiza con herramientas prospectivas las condiciones y factores que definen los escenarios para la implementación de esta tecnología. Mediante la entrevista a expertos, se constata que la evolución de la corrupción en la contratación pública y el grado de desarrollo del gobierno digital son los ejes más importantes e inciertos que afectarán el desarrollo de esta tecnología