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El derecho a la información y el derecho a entender como genuinos presupuestos del ejercicio del derecho de defensa.
El presente artículo se centra en el estudio de los derechos de información y a entender, como genuinos presupuestos del ejercicio del derecho de defensa, con especial referencia a su tratamiento en el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, con fecha 11 de julio de 2024, y su encaje con las exigencias propias de la configuración de una justicia conocida y accesible
Aspectos bioéticos en la atención al enfermo crítico y emergencias
El capítulo aporta respuestas a preguntas que, a menudo, se plantean los profesionales sanitarios en contextos de medicina crítica y emergencias en la toma de decisiones desde la perspectiva ética. Se trata de contribuir a la identificación de las pautas éticas, jurídicas y deontológicas para que sirvan como herramientas que permitan ayudar a resolver situaciones que habitualmente generan conflictos en la práctica asistencial
El contrato de arrendamiento de vivienda. Algunas cuestiones relacionadas con la renta
En España, el arrendamiento de cosas, en general, y el de fincas, en particular, se encuentra regulado en el Código civil español. Sin embargo, tanto al arrendamiento de vivienda permanente como el destinado a usos distintos de la vivienda permanente se les aplica preferentemente una ley especial, la L. 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, cuyas principales reformas datan de 2013, 2019 y 2023. A estos arrendamientos, el Código civil español solo se les aplica de forma supletoria
La encomienda de gestión. Entre la eficacia administrativa y la contratación pública
La reciente evolución de nuestro sistema jurídico-administrativo ha sido ciertamente destacable. Lo ha sido, en primer lugar, desde un punto de vista funcional, puesto que la actividad administrativa ha visto ampliar su ámbito de actuación a nuevas realidades sociales antes desconocidas, viéndose abocada a una prestación masiva de servicios públicos. Pero también lo ha sido desde un punto de vista organizativo, a partir, sobretodo, del nuevo contexto institucional de pluralismo político instaurado por la Constitución de 1978
Revisión de la sentencia firme en el proceso penal
La revisión de la sentencia firme en el proceso penal ha sido configurada como un medio de impugnación autónomo, a través del cual se pretende la rescisión de las sentencias firmes pertenecientes a la jurisdicción penal, a partir de la concurrencia de alguno de los motivos descritos en el art. 954 LECrim. El fundamento de la revisión descansa en la búsqueda de la justicia material, a través de la impugnación de aquellas sentencias que han ganado firmeza, pero sobre las cuales se aprecia, posteriormente, alguna circunstancia que, de apreciarse, conllevaría la nulidad de esta resolución judicial o la imposición de una sentencia menos grave.
Esta obra se centra en el análisis pormenorizado del proceso de revisión de la sentencia firme penal, desde sus orígenes y hasta su regulación actual; prestando especial atención a la reciente reforma sobre los motivos de revisión y la problemática que presentan la tramitación de su procedimiento y el resarcimiento del injustamente condenado, cuando la sentencia en sede de revisión le es favorable
14D, historia y memoria de la huelga general. El día que se paralizó España
"En 1988 había 8.284.300 asalariados en España. De ellos, participaron en la huelga general del 14 de diciembre 7.858.669. Un 95 por ciento. Treinta años se han cumplido ya de ese paro crucial, de la convocatoria de huelga más exitosa de toda nuestra historia. España entera se paralizó. Las calles se vaciaron. La televisión, tras una cuenta atrás, se fue a negro. Fue un éxito sin precedentes y un duro golpe para la política del gobierno de González, que, con la promesa de la “modernización”, había tomado un rumbo neoliberal. El detonante fue un plan de empleo juvenil que pretendía imponer a los jóvenes contratos temporales sin causa, con bajos salarios y sin derechos colectivos, pero altamente bonificados para las empresas. La jornada del 14D ha pasado a convertirse en la huelga por antonomasia, en un símbolo del poder que pueden ejercer los trabajadores/as y sus representantes si permanecen unidos. Evocar el 14D tiene sentido para reivindicar el movimiento sindical en su defensa de los derechos laborales y sociales. La huelga y las negociaciones que siguieron lograron avances importantes: las pensiones no contributivas en España, la revisión anual de las pensiones según el IPC o el pleno derecho a la negociación colectiva de los funcionarios. Treinta años pueden parecer poco tiempo, pero en este nuevo ciclo, donde el capitalismo de la globalización está desplazando al viejo modelo industrial, el 14D plantea la viabilidad y la actualidad de la huelga hoy”
Reflexiones en torno a los recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2024 sobre el cártel de los camiones
El presente trabajo analiza los pronunciamientos del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2024 en relación con los daños derivados de infracciones del derecho de la competencia, con especial atención a los cárteles. En primer lugar, se expone el marco general en el que se insertan estas resoluciones. A continuación, se examinan las principales cuestiones abordadas por el Tribunal, incluyendo el contenido y alcance del carácter vinculante de las decisiones de la Comisión Europea y los criterios para la determinación y cálculo del daño cartelista. Dentro de este último apartado, se analizan la valoración de los dictámenes periciales, el régimen transitorio aplicable a las normas sustantivas, la utilización de presunciones judiciales y la facultad del juez para cuantificar el daño. Finalmente, se presentan las conclusiones y una valoración crítica de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo
La reconfiguración de la autonomía corporal como cuestión de derecho público
La posibilidad técnica de extraer y aprovechar partes y productos del cuerpo humano con fines múltiples ha planteado la cuestión de cuál debe ser el régimen jurídico que rija su uso y disposición. La propuesta más elaborada es la que defiende un régimen de Derecho privado (el de la propiedad). Aquí se examina críticamente esa propuesta y se argumenta a favor de un régimen de Derecho público, sobre la base de que garantiza mejor la autonomía corporal
La (figurada) responsabilidad patrimonial del Estado derivada de los daños provocados por la Administración de justicia. La necesaria revisión de un sistema notoriamente insatisfactorio.
Pese a que la Constitución Española proclama el derecho a obtener una indemnización a cargo del Estado por los daños causados por error judicial o por el funcionamiento anormal de la administración de justicia, la de ciente regulación legal obliga al ciudadano a iniciar un largo y costoso periplo administrativo y judicial para obtener el efectivo reconocimiento a su derecho. Si la regulación legal es de ciente, su aplicación práctica ha sido aún más decepcionante. El Tribunal Supremo sólo reconoce el error judicial cuando se trata de casos verdaderamente límite. Respecto del funciona- miento de la administración de justicia, su aplicación ha quedado asimismo restringida a algunos escasos supuestos, que no se corresponden con la multitud de casos que se producen en la práctica. Los datos sobre las escasas reclamaciones efectuadas durante el último año evidencian de forma clara el rotundo fracaso del sistema. Por ello se propone una completa revisión del sistema hoy vigente que permita hacer efectivo el principio general de que quien sufra un daño por el funcionamiento del administra- ción de justicia, deba ser reparado