Alberto Sols Biomedical Research Institute

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    Protección de datos en las comunidades de propietarios de edificios en régimen de propiedad horizontal

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    El Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales consideró que la protección de datos personales de las personas físicas es un derecho fundamental. La evolución tecnológica y la globalización plantean nuevos retos que deben respetar y garantizar el derecho de todos los individuos sobre sus datos, su uso y destino. Uno de los sectores donde se hace imprescindible la tutela de los datos personales es en el marco de las comunidades de propietarios, en edificios en régimen de propiedad horizontal. En la práctica, existen algunas dudas con relación a qué datos deben ser protegidos y quién es la figura responsable del tratamiento de estos datos, así como los requisitos que debe tener el encargado de tratar y proteger dichos datos. Incluso, muchos administradores de Comunidades de Propietarios no están seguros de si deben acometer dicha función, cuáles son los requisitos que deben cumplir para asumirlo, o si es obligatorio que se constituyan en delegado de protección de datos y si deben obtener un certificado oficial que les legitime y faculte para ello. Este trabajo analiza supuestos controvertidos, como los que se refieren al encargo de gestión de los datos, necesidad de delegado de protección de datos, cesión de datos a terceros, publicidad de propietarios morosos o instalación de cámaras de videovigilancia. En todo caso, se considera indispensable la resolución de todos estos conflictos conforme a los principios de transparencia de la información, comunicación y ejercicio de los derechos del interesado, con las garantías establecidas por la legislación europea y española a tal efectoRegulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data considered the protection of personal data of natural persons to be a fundamental right. Technological evolution and globalization pose new challenges that must respect and guarantee the right of all individuals to their data, its use and destination. One of the sectors where the protection of personal data is essential is within the framework of communities of owners in buildings under the horizontal property regime. In practice, there are some doubts regarding what data must be protected and who is responsible for the processing of this data, as well as the requirements that the person in charge of processing and protecting such data must have. In fact, many administrators of Communities of Owners are not sure if they must undertake this function, what are the requirements they must meet to assume it, or if it is mandatory for them to constitute a data protection delegate and if they must obtain an official certificate that legitimizes and empowers them to do so. This paper analyzes controversial cases, such as those referring to the assignment of data management, the need for a data protection officer, transfer of data to third parties, advertising of defaulting debtor owners or installation of video surveillance cameras. In any case, it is considered essential to resolve all these conflicts in accordance with the principles of transparency of information, communication and exercise of the rights of the interested party, with the guarantees established by European and Spanish legislation for this purpos

    El convenio y la liquidación de la masa activa

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    Derechos fundamentales, casación contencioso-administrativa y recurso de amparo constitucional

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    La declaración judicial de concurso de acreedores

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    La masa activa del concurso

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    La masa pasiva del concurso

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    Los servicios públicos locales

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    Del presente capítulo J. Ortega Bernardo es autora de los epígrafes II y III; y L. López De Castro García-Morato de los epígrafes I, IV, V, VI y VII. Este trabajo se basa en los capítulos «Servicios públicos e iniciativa económica local», por J. Ortega Bernardo, y «Formas de gestión de los servicios públicos locales», por L. López de Castro García-Morato, incluidos en la obra dirigida por F. Velasco Caballero, Tratado de Derecho económico local, Madrid, Marcial Pons, 2017. Este estudio se ha realizado en el marco del Proyecto LoGov (Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay), de la convocatoria Horizon 2020, Marie Slodowska-Curie Action, European Commission, Number 823961, y del Proyecto I+D «Políticas y servicios públicos contra la despoblación» (PID2019-105799RB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y dirigido por F. Velasco Caballero y C. Navarro Gómez. Asimismo, acción financiada por la Comunidad de Madrid en el marco del convenio plurianual con la Universidad Autónoma de Madrid en Línea 3: Excelencia para el Profesorado Universitari

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