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Crevillé Múgica, Andrés

Gobierno de Aragón. Vicepresidencia

El Justicia de Aragón : Ampliación de su campo de actuación

Lacruz Mantecón, Jesús

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Sistema de financiación y Estatuto de Autonomía de Aragón

Aragón. Justicia de Aragón

Informe anual.  Informes especiales 2007

Cremades Sanz-Pastor, Juan Antonio

Miguel Servet en Francia [Texto impreso] :]el exilio forzoso de un pensador aragonés

Garcés Sanagustín, Ángel

Acción Social

Aragón

Núm. 65 Boletín Oficial de Aragón 23/05/2008
7883
I. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
LEY 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración del Sector Público Empresarial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo 
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el «Boletín Ofi-
cial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
PREÁMBULO
La Comunidad Autónoma de Aragón dispone de competencias exclusivas para «la crea-
ción y gestión de un sector público propio», conforme establece el artículo 71.32.ª del Estatu-
to de Autonomía de Aragón.
Las previsiones estatutarias alcanzan incluso a la identificación del Gobierno de Aragón 
como el órgano autonómico que específicamente puede «constituir empresas públicas para 
la ejecución de las funciones reconocidas en el presente Estatuto», según el artículo 100.2 del 
mismo Estatuto de Aragón.
Las dos reglas estatutarias citadas no hacen sino expresar en el ámbito empresarial la 
potestad esencial de autoorganización de la Comunidad Autónoma, debiendo además citarse 
los artículos 62.5 y 103.2 del Estatuto. El primero dispone que la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón tendrá, en el ejercicio de sus competencias, las potestades y 
prerrogativas que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración del Estado. El segun-
do establece que la Comunidad Autónoma de Aragón gozará del mismo tratamiento fiscal que 
la ley otorgue al Estado y, asimismo, de las prerrogativas reconocidas en las leyes para la 
gestión de sus derechos económicos y el cumplimiento de sus obligaciones.
En las sociedades democráticas, todo poder público, incluido el organizativo, es un poder 
jurídico sujeto a condicionantes formales y materiales que expresan el necesario equilibrio en-
tre las competencias y potestades correspondientes a los diversos actores públicos y, asimis-
mo, entre éstos y los ámbitos de libertad que pertenecen indeclinablemente a los ciudadanos.
Pues bien, en el ámbito de tan fundamentales principios, el ordenamiento aragonés ha ido 
estableciendo un régimen de creación y funcionamiento del sector público autonómico en las 
Leyes de Patrimonio, de Hacienda y de la Administración de la Comunidad Autónoma, así 
como en las leyes especiales de algunos organismos públicos.
Dicho régimen presenta algunos inconvenientes derivados de la distinta naturaleza institu-
cional, del diferente origen normativo y de su adscripción orgánica no homogénea ni uniforme. 
Así, las empresas públicas de la Comunidad Autónoma o la participación en otras socieda-
des, aparecen sujetas a una doble tutela, de tipo patrimonial y financiero, por una parte, y de 
tipo funcional, por otra, quedando así difusa tanto esa adscripción orgánica como, en última 
instancia, la normativa que la determina.
Por otra parte, como consecuencia del aumento de las competencias y de la actividad de 
la Administración de la Comunidad Autónoma, se ha ido incrementando el número de empre-
sas públicas y participadas desde ésta, tanto directa como indirectamente, lo que aconseja 
disponer ya de forma necesaria de un órgano específico y especializado en la gestión de este 
patrimonio empresarial definido por los títulos representativos del capital de titularidad públi-
ca.
Entre las diversas filosofías organizativas que cabe emplear para el diseño del sector pú-
blico empresarial, el Gobierno de Aragón ha optado, como legítimamente puede hacerlo, por 
el empleo de los medios propios de los grupos de sociedades mercantiles.
Tal es el criterio al que obedece la creación de la Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, empresa pública de capital suscrito íntegramente por el Gobierno de Aragón, consti-
tuida con la finalidad de gestionar los títulos societarios autonómicos.
Mediante dicha Corporación se pretende apoyar el funcionamiento de las empresas públi-
cas de la Comunidad Autónoma, proporcionando directrices comunes de actuación, haciendo 
el seguimiento de su gestión y asegurando la transparencia de su funcionamiento, de acuerdo 
con criterios de eficiencia, rentabilidad, respeto a las reglas de mercado y de la libre compe-
tencia y responsabilidad social.
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Asimismo, la Corporación debe asegurar la disponibilidad de información sobre las varia-
das inversiones llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma en empresas privadas que son 
importantes para el desarrollo de sectores estratégicos de la economía aragonesa o para el 
desarrollo equilibrado de nuestro territorio, así como defender en los órganos de administra-
ción correspondientes las políticas públicas que justifican la decisión de participar en el capi-
tal.
Aunque la creación de la citada Corporación Empresarial Pública se encuentra dentro de 
los poderes estatutarios y legales del Gobierno de Aragón, la reestructuración del sector pú-
blico que se pretende llevar a cabo debe hacerse contando con la alta valoración política que 
corresponde a las Cortes de Aragón y la pertinente regulación legal de diversos extremos de 
la reforma.
La necesaria colaboración entre el ejecutivo y el Parlamento en esta materia se plantea, 
así, como una manifestación del equilibrio entre los poderes públicos, según es propio de una 
sociedad democrática organizada.
La primera razón que justifica la aprobación de esta ley es la necesidad de profundizar en 
los mecanismos de actuación mediante el derecho privado para el desarrollo de las funciones 
públicas que corresponden a la Comunidad Autónoma.
En segundo lugar, la ley otorga la autorización de las Cortes de Aragón para la incorpora-
ción de los títulos societarios autonómicos a la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
La tercera razón determinante de la aprobación de la ley es la necesidad de garantizar que 
los controles sobre la actuación de las sociedades mercantiles públicas o participadas por la 
Administración de la Comunidad Autónoma se llevarán a cabo con arreglo a los poderes que 
confiere la titularidad de las participaciones sociales a la Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, sin menoscabo de la permanencia de los específicos para las empresas públicas 
previstos en nuestra normativa.
Por añadidura, aprovechando las facilidades que proporciona el uso de los instrumentos 
del Derecho mercantil, se ha dotado de una mayor transparencia la actuación empresarial 
pública al preverse, en determinadas circunstancias, la posibilidad de la designación de un 
miembro del órgano de administración de las empresas públicas por la oposición parlamenta-
ria en las Cortes de Aragón.
Finalmente, la cuarta razón que explica la aprobación de la ley es la previsión en el ámbito 
autonómico de las mismas reglas, exenciones y reducciones que facilitan las reestructuracio-
nes del sector empresarial del Estado.
Así, las operaciones de reestructuración del sector empresarial de la Comunidad Autóno-
ma se declaran no sujetas a la legislación del mercado de valores, ni al régimen de oferta 
pública de adquisición, ni a ningún tipo de derecho preferente de adquisición, y también se 
declaran exentas de tributos y beneficiadas de una reducción de aranceles de notarios y re-
gistradores.
La competencia de la Comunidad Autónoma para fijar el régimen del sector público me-
diante el ejercicio de competencias que a primera vista pudieran parecer reservadas al Esta-
do se fundamenta, de una parte, en la caracterización de la reestructuración del sector em-
presarial autonómico como una opción organizativa que lleva a cabo la Comunidad Autónoma 
y, de otra, en lo dispuesto en los artículos 62.5 y 103.2 del Estatuto de Autonomía, ya cita-
dos.
Este doble fundamento justifica el establecimiento por la Comunidad Autónoma de estas 
reglas, puesto que, de otro modo, sin contar con las mismas facilidades que benefician al 
Estado, sería prácticamente imposible que la reorganización fuera llevada a la práctica, deter-
minando la subordinación de la potestad organizativa de la Comunidad Autónoma a la entera 
voluntad del Estado.
Artículo 1.—Objeto de la ley.
La presente ley tiene por objeto regular la reestructuración del sector público empresarial 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 2.—Títulos societarios autonómicos.
A los efectos previstos en esta ley, se consideran títulos societarios autonómicos cualesquie-
ra acciones, títulos, participaciones, valores, obligaciones, obligaciones convertibles en accio-
nes, derechos de suscripción preferente, contratos financieros de opción, contratos de permuta 
financiera, créditos participativos y otros susceptibles de ser negociados en mercados secunda-
rios organizados que sean representativos de derechos en sociedades mercantiles para cual-
quier entidad de las que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Artículo 3.—Corporación Empresarial Pública de Aragón.
1. La Corporación Empresarial Pública de Aragón, constituida con la finalidad de gestionar 
los títulos societarios autonómicos, es una empresa de la Comunidad Autónoma de Aragón 
de capital íntegramente público de titularidad de la Administración autonómica, que se man-
tendrá como único accionista.
2. Corresponderá al Gobierno de Aragón la designación de los titulares de los órganos de 
administración de la misma y de los representantes del Gobierno, en su condición de accio-
nista único, en la Junta General.
Artículo 4.—Adquisición.
1. El Gobierno de Aragón, mediante decreto adoptado a propuesta del consejero compe-
tente en materia de economía y hacienda, podrá acordar la incorporación de títulos societa-
rios autonómicos a la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
2. La Corporación Empresarial Pública de Aragón adquirirá el pleno dominio de los títulos 
societarios autonómicos que se incorporen a la misma desde la adopción del decreto corres-
pondiente, que será documento acreditativo de la nueva titularidad, tanto a efectos del cambio 
de las anotaciones en cuenta y en títulos nominativos, como a efectos de cualquier otra ac-
tuación administrativa, societaria y contable que sea preciso realizar. Los títulos societarios 
autonómicos recibidos por la Corporación Empresarial Pública de Aragón se registrarán en su 
contabilidad por el mismo valor neto contable que tuvieran con el anterior titular en la fecha de 
aprobación del decreto correspondiente a su transmisión.
Artículo 5.—Sustitución.
1. Cuando se lleve a cabo una incorporación de los títulos societarios autonómicos en los 
términos establecidos en el artículo 4 de esta ley, se entenderá sustituida a favor de la Corpo-
ración Empresarial Pública de Aragón toda atribución legal o reglamentaria a un determinado 
órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma o a uno de sus organismos públicos 
del ejercicio de la titularidad sobre dichos títulos.
2. En todo caso, la incorporación a la Corporación Empresarial Pública de Aragón de los 
títulos societarios autonómicos correspondientes determinará la pérdida de su adscripción a 
la Administración de la Comunidad Autónoma o a sus organismos públicos.
3. En los decretos que se adopten por el Gobierno de Aragón sobre incorporación de 
títulos societarios autonómicos se podrán prever los términos y condiciones en que la Cor-
poración Empresarial Pública de Aragón se subroga en las relaciones jurídicas, derechos y 
obligaciones que la entidad transmisora mantenga con las sociedades mercantiles concer-
nidas.
Artículo 6.—Efectos de la reestructuración interna del sector empresarial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
1. Las operaciones de cambio de titularidad y reordenación interna en el sector público de 
la Administración de la Comunidad Autónoma que se realicen conforme a lo previsto en esta 
ley no estarán sujetas a la legislación del mercado de valores ni al régimen de oferta pública 
de adquisición, y no darán lugar al ejercicio de derechos de tanteo, retracto o cualquier otro 
derecho de adquisición preferente que estatutaria o contractualmente pudieran ostentar sobre 
los títulos societarios autonómicos otros socios de las sociedades cuyos títulos sean transfe-
ridos o, en su caso, terceros con respecto a esas sociedades.
2. La mera transferencia y reordenación de participaciones societarias que se realice en 
aplicación de esta ley no podrá ser entendida como causa de modificación o de resolución de 
las relaciones jurídicas que mantengan tales sociedades mercantiles.
3. Todas las operaciones societarias, cambios de titularidad y actos derivados de la ejecu-
ción de esta ley gozarán de los mismos beneficios fiscales establecidos para las operaciones 
de reestructuración empresarial en el ámbito del Estado.
4. Los aranceles de los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles que interven-
gan los actos derivados de la ejecución de la presente ley se reducirán en la misma cuantía 
establecida en relación con el patrimonio empresarial del Estado.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—Representación de las Cortes de Aragón en la Corporación Empresarial Pública 
de Aragón.
En el órgano de administración de la Corporación Empresarial Pública de Aragón las Cor-
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tes de Aragón estarán representadas por dos miembros a propuesta de los Grupos Parlamen-
tarios de la oposición, de acuerdo con lo que disponga el Reglamento de la Cámara.
Segunda.—Designación de representantes de las Cortes de Aragón en las empresas del 
sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Cuando la Corporación Empresarial Pública de Aragón disponga de la facultad de desig-
nar a tres o más miembros en el órgano de administración de una empresa pública, uno de 
los miembros será propuesto por las Cortes de Aragón a instancia de los Grupos Parlamen-
tarios de la oposición, de acuerdo con lo que disponga el Reglamento de la Cámara.
Tercera.—Nombramiento y cese de los representantes de las Cortes de Aragón.
1. Transcurridos dos meses, desde la comunicación del Gobierno de Aragón a las Cortes, 
sin que se haya producido propuesta parlamentaria, la Corporación Empresarial Pública po-
drá efectuar libremente la designación.
2. La designación realizada conforme a lo establecido en las Disposiciones Adicionales 
anteriores habrá de ser ratificada o modificada dentro de los tres primeros meses de cada 
legislatura de las Cortes de Aragón o tras la aprobación de una moción de censura. La falta 
de ratificación o modificación en plazo se entenderá como propuesta de cese.
3. El cese o sustitución de las personas designadas conforme a lo establecido en las an-
teriores Disposiciones Adicionales tendrá lugar, sin perjuicio de las causas legalmente esta-
blecidas, en cualquier momento por las Cortes de Aragón a instancia del Grupo Parlamentario 
que lo propuso.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única.—Plazo para la incorporación de los títulos societarios autonómicos.
La incorporación de los títulos societarios autonómicos a la Corporación Empresarial Pú-
blica de Aragón deberá efectuarse antes del 31 de diciembre de 2008.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.—Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradi-
gan o resulten incompatibles con lo dispuesto en esta ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Desarrollo reglamentario.
El Gobierno de Aragón, a propuesta del consejero competente en materia de economía y 
hacienda, podrá dictar las normas reglamentarias y disposiciones de carácter general nece-
sarias para el desarrollo y aplicación de esta ley.
Segunda.—Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del 
Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 14 de mayo de 2008.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
mARCELINO IGLESIAS RICOU


Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón

Gay Martí, José Luis

Los Decretos-Leyes en el Estatuto

Contreras Casado, Manuel, coord.

Sáenz Lorenzo, Alfonso, coord.

Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón, ed.

Memorial democrático : las primeras elecciones democráticas (15 de junio de 1977), treinta años después

Bermejo Latre, José Luis

La actividad de las Comunidades Autónomas. Aragón [2007]

Pedro Bonet, Xavier de

El Poder Judicial y la Administración de Justicia en Aragón

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