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Hacia la construcción de un estado plurinacional en México: el rol del presupuesto directo y el autogobierno en las naciones indígenas
Get PDFEl objetivo de esta investigación es examinar cómo el otorgamiento del presupuesto directo contribuye a la creación de un Estado plurinacional en México, capaz de reducir la violencia y la desigualdad en las naciones indígenas. El derecho al presupuesto directo le permite a las naciones indígenas gestionar y asignar recursos de acuerdo con sus necesidades, fortaleciendo el autogobierno y la participación en la toma de decisiones. Sin embargo, para que el presupuesto directo sea verdaderamente eficaz, es necesario previamente establecer una sólida garantía de pleno respeto y compromiso por parte del Estado, lo cual puede ser alcanzado mediante la integración de la plurinacionalidad en el sistema. La investigación destaca que el otorgamiento del presupuesto directo ha demostrado ser exitoso en comunidades indígenas de Michoacán, mejorando significativamente su situación de violencia y desigualdad. Asimismo, el texto aporta conocimientos adicionales sobre la concepción de un Cuarto Nivel de Gobierno Autónomo, que le posibilitaría a la gran mayoría de comunidades indígenas ejercer su derecho al autogobierno y tomar el control directo de la administración de sus recursos presupuestales. Además, se enfatiza la idea de considerar a las poblaciones indígenas como naciones en lugar de pueblos, evitando la infantilización de su identidad colectiva. Al fortalecer el autogobierno y el presupuesto directo, las naciones indígenas tendrán el potencial de cerrar las brechas de desigualdad y violencia persistentes en sus territorios. A lo largo del texto se examinan diversas ideas, que incluyen los problemas principales que enfrentan las naciones indígenas en México, con un enfoque principal en la violencia y la desigualdad. De igual manera, se analiza el concepto e implicaciones de un Estado plurinacional; el alcance del derecho de libre determinación en México; la evaluación del presupuesto directo y su impacto en la violencia y la desigualdad en las comunidades indígenas, y, finalmente, se examinan las contradicciones en el ámbito judicial que han obstaculizado el progreso del autogobierno en México. Estos elementos se combinan para ofrecer una visión integral en la construcción de un Estado que valore y garantice los derechos y la participación de todas las naciones indígenas, consolidando así la creación de un auténtico Estado plurinacional en México
Legislative parties and political coalitions in Latin America (1925-2019)
No full textCoaliciones, América Latina, presidencialismo, partidos legislativos, base de datos, Latin America, presidentialism, legislative parties, databaseEn esta nota de investigación presentamos una base de datos original que cubre casi un siglo de partidos políticos legislativos (1925-2019) y reconstruimos en el largo plazo la evolución de los apoyos parlamentarios del presidente y la formación de coaliciones en América Latina. Identificamos algunas perspectivas de largo plazo que evidencian que los presidencialismos de la región han vivido transformaciones hacia una mayor fragmentación del sistema de partidos, con partidos del presidente más pequeños en el Congreso y con la presencia de coaliciones legislativas como base de apoyo. La evidencia resalta la importancia del presidencialismo de coalición en la tercera ola democrática y tiene implicancias para la literatura sobre los factores que explican la estabilidad política en la región.In this research note we introduce an original database covering almost a century of legislative political parties (1925-2019) and reconstruct in the long term the evolution of the president’s parliamentary support and coalition formation in Latin America. We identify some long-term perspectives that show that presidentialisms in the region have undergone transformations towards a greater fragmentation of the party system, with smaller presidential parties in Congress and the presence of legislative coalitions as a support base. The evidence highlights the importance of coalitional presidentialism in the third democratic wave and has implications for the literature on the factors that explain political stability in the region
Educación superior, estratificación social y fenómeno del impostor: análisis de las licenciaturas del Centro de Investigación y Docencia Económicas
Get PDFLa relación entre la educación superior y la salud mental es importante a medida los jóvenes son quienes más enfrentan problemas como depresión, ansiedad y otras afecciones. Por ello, surge la siguiente pregunta: ¿bajo qué condiciones prevalece el Fenómeno del Impostor entre estudiantes de licenciatura del CIDE? La tesina traza líneas integrales e importantes al respecto. Respecto de la Educación Superior, deja claro que, sin importar consideraciones morales ni ideológicas, existe un interés estatal por proveer educación superior a sus gobernados. Respecto de la estratificación social en Instituciones de Educación Superior, muestra que a pesar de que exista una investigación establecida, todavía no hay hallazgos claros sobre el tema y que México representa un caso interesante, digno de analizar. Respecto del Fenómeno del Impostor, señala que la salud mental en las universidades es un tema cada vez más urgente y que la prevalencia del Fenómeno del Impostor puede afectar las experiencias educativas de los estudiantes. En conclusión, nos enfrentamos a dos desafíos: ampliar la composición sociodemográfica de los centros de educación superior y atender de manera urgente los problemas de salud mental entre este sector de la población
Les putes et les députés: un análisis del impacto del feminismo de estado en política relacionada con el trabajo sexual
Get PDFEl trabajo sexual, entendido como el intercambio de servicios sexuales por un bien, generalmente económico, es una actividad que se encuentra fuertemente ligada a conceptos como el feminismo, equidad y perspectiva de género, abolición, regulación, entre otros. Primero, se encuentra fuertemente ligado al feminismo porque es una actividad en la que las mujeres están significativamente más involucradas que los hombres. Segundo, el trabajo sexual implica retos importantes para los Estados modernos, pues tanto su regulación cuanto su prohibición tiene consecuencias directas en las personas implicadas en ella. De esta manera, las políticas públicas relacionadas con esta actividad deben entenderse dentro de un espectro de apertura en donde, mientras más abiertas–es decir, más enfocadas en la regulación y protección de los derechos de las trabajadoras–serán más beneficiosas para las trabajadoras sexuales. Este trabajo tiene como objetivo analizar el impacto del feminismo de estado en la apertura de las políticas relacionadas con el trabajo sexual. Como se mencionó previamente, el trabajo sexual se encuentra fuertemente relacionado con el feminismo y la perspectiva de género. En este sentido, el concepto de feminismo de estado es relevante para este tema pues es un concepto que engloba las actividades gubernamentales que tienen como fin avanzar el estatus y los derechos de las mujeres. De acuerdo con la teoría, una mayor presencia de feminismo de estado brindará mayor equidad y protección de los derechos de las mujeres. Es por eso que esta investigación busca analizar el impacto del feminismo de estado en la apertura de políticas relacionadas con el trabajo sexual en 10 países utilizando como metodología el análisis comparativo cualitativo
Predicción de la inflación mexicana en tiempos de incertidumbre: una evaluación de modelos de aprendizaje de máquina y su impacto en la precisión del pronóstico
Get PDFEn respuesta a la creciente necesidad de mejorar la precisión en el pronóstico económico y tomar decisiones informadas en tiempos de incertidumbre económica en México, esta investigación se basa en la premisa de que las herramientas de aprendizaje de máquina (ML por sus siglas en inglés) pueden revolucionar la forma en que abordamos este desafío. Específicamente, se enfoca en evaluar el impacto de estos modelos en la predicción de la inflación mexicana. Los resultados preliminares de esta investigación demuestran que los modelos de ML superaron de manera significativa a los enfoques tradicionales, reduciendo el error cuadrático medio (MSE por sus siglas en inglés) en un promedio del 90%. Además, se destaca la eficacia de los modelos de AutoML en el proceso de pronóstico, respaldando la idea de que estas herramientas pueden ser un recurso valioso para impulsar la precisión en el pronóstico económico y la toma de decisiones en política monetaria y fiscal
The term structure of interest rates in Mexico from 2010 to 2022
No full textEn este trabajo se estiman los Componentes Principales de la Estructura Temporal de Tasas de Interés en México y se analiza su relación con la postura de política monetaria y el ciclo económico. Se muestra que la correlación entre el primer componente con la tasa de fondeo es similar a la encontrada por otros estudios; sin embargo, la asociación entre el segundo componente y la brecha del producto disminuyó. Posteriormente se estiman cuatro modelos VAR y sus funciones impulso respuesta ortogonalizadas, los primeros dos con el primer componente y nueve variables macroeconómicas y financieras donde el primero se estima con observaciones de 2010 a 2019, y el segundo con la muestra 2010 a 2022, la cual incorpora las perturbaciones que generó la contingencia sanitaria; para los modelos tres y cuatro se procede de manera análoga con el segundo componente. Se muestra que choques en el precio del petróleo, el índice VIX, la liquidez estadounidense, el diferencial de tasas, la inflación y el tipo de cambio influyen en la Estructura Temporal de Tasas de Interés en México y que la magnitud de la respuesta cambió con la pandemia.This dissertation estimates the Principal Components of the Term Structure of Interest Rates in Mexico and analyzes their relationship with the monetary policy stance and the business cycle. It is shown that the correlation between the first component and the funding rate is similar to that found in other studies; however, the association between the second component and the output gap decreased. Subsequently, four VAR models and their orthogonalized impulse response functions are estimated, the first two with the first component and nine macroeconomic and financial variables where the first one is estimated with observations from 2010 to 2019, and the second one with the sample 2010 to 2022, which incorporates the shocks generated by the health contingency; for models three and four we proceed analogously with the second component. We show that shocks to oil prices, the VIX index, U.S. liquidity, the interest rate spread, inflation and the exchange rate influence the Term Structure of Interest Rates in Mexico and that the magnitude of the response changed with the pandemic
Administrative capacities which structure administrative burdens on access to social rights
No full textEsta investigación se adentra al estudio de la implementación de las políticas públicas desde la perspectiva ciudadana, para entender mejor los procesos de acceso a los derechos sociales. De manera específica se estudian las capacidades administrativas que tienen el poder de estructurar las cargas administrativas que soportan los ciudadanos en los diversos puntos de encuentro con el gobierno durante su proceso de acceso a programas sociales. La investigación se concentra en observar los orígenes de las variaciones de las cargas administrativas desde factores de tipo estatal/organizacional (Moynihan et al., 2015; Peeters 2019), por lo que es limitada en la identificación de la variaciones de las cargas desde factores sociales (Nisar, 2018; Masood y Nisar, 2020) y de capital humano (Christensen et al., 2020, p. 132; Chudnovsky y Peeters, 2019; Linos y Riesch, 2020; Linos et al., 2020; Peeters y Campos, 2021; Barnes y Henly, 2018). Por otra parte, la investigación no busca explicar los efectos distributivos de las cargas administrativas en los ciudadanos con alto grado de vulnerabilidad (errores de exclusión o inclusión) ni los efectos de esas cargas en la aceptación de los programas, ni el éxito o fracaso de los programas sociales con respecto a sus objetivos normativos ni con respecto a la cantidad de cargas que imponen. La carga administrativa se entiende como la “experiencia onerosa en la implementación de las políticas públicas” (Burden et al., 2012, p. 741); son los costos que soportan los ciudadanos en sus interacciones con el Estado (Moynihan et al., 2015). Las cargas administrativas se han definido en función de tres costos: los costos de aprendizaje, los costos psicológicos y los costos de cumplimiento (Moynihan et al., 2015). La carga administrativa puede utilizarse como un instrumento político para limitar implícita o explícitamente el acceso al Estado a diferentes grupos sociales (Nisar, 2018, p. 106) o a los grupos políticos contrarios al partido en el poder (Herd y Moynihan, 2019). Estudiar las experiencias de los ciudadanos es especialmente relevante para la investigación sobre la equidad social (Nisar, 2018, p. 104) y para explicar el éxito o el fracaso de la implementación de las políticas o programas públicos (Peeters, 2019).La literatura de cargas administrativas ha señalado que las limitaciones en capacidad administrativa y de recursos son factores que contribuyen a la experiencia de la carga administrativa (Burden et al., 2012, p. 749; Heinrich, 2016; p. 8) impactan su construcción (Herd y Moynihan, 2019, p. 8) y pueden limitar la eficacia de los programas sociales (Heinrich y Brill, 2015, p. 277). Las capacidades administrativas limitadas pueden explicar las disfunciones burocráticas (Peeters, 2020, p. 75) y son referidas como una “fuente de debilidad institucional”, “para implementar lo que la ley formal dicta como resultado” (Peeters, 2019; Brinks et al, 2019), dificultando la creación de un “piso parejo” entre los miembros de una sociedad y obstaculizando la materialización de los derechos sociales ofertados por el Estado (Peeters, 2020, p. 75). Si bien la literatura de cargas administrativas ha hecho amplias aportaciones para entender el origen, la naturaleza, los efectos y las variaciones de las cargas administrativas, estas explicaciones provienen de contextos con instituciones fuertes, dotadas de capacidades por encima de los niveles mínimos requeridos (Holland, 2016, p. 233). Sin embargo, es previsible que las explicaciones hasta hoy otorgadas reduzcan su poder explicativo en contextos en los que las instituciones pueden ser débiles y sus capacidades pueden estar en niveles inferiores a los necesarios (p. 233). Por lo anterior, esta disertación presenta como pregunta central investigación, la siguiente: ¿cómo explican las capacidades administrativas la variación de la carga administrativa que soportan los ciudadanos en su punto de encuentro con el Estado? Con ella se busca ofrecer una nueva explicación teórica, la cual puede ser ampliamente plausible en contextos de debilidad institucional y en países del Sur Global. La investigación que presenta esta tesis es de tipo cualitativo y explora la relación entre las cargas administrativas como variable dependiente y las capacidades administrativas como variable independiente. Los encuentros burocráticos (o interacciones Estado-ciudadanos) que constituyen el proceso de acceso al programa se conciben como los lugares en los que se estudia la relación entre estas dos variables. Esta investigación es de tipo cualitativo y está insertada en un paradigma constructivista-interpretativista, a través del desarrollo de un Caso de Estudio comparado, de serie de tiempo transversal y de máxima diferencia, que estudia la implementación del Programa Federal de Tandas para el Bienestar en las entidades federativas de la Ciudad de México y el Estado de Hidalgo, durante los años 2019 y 2020. Para el desarrollo del caso de estudio se utilizaron como métodos de recopilación de información revisiones de documentos oficiales y públicos y entrevistas semiestructuradas a profundidad a beneficiarios del programa y a burócratas de nivel de calle, conocidos como Servidores de la Nación. La selección de los entrevistados se realizó a través de un muestreo por conveniencia o intencionado, evitando seleccionar por características que impactaran la variable dependiente (carga administrativa). Asimismo, la cantidad de entrevistas a realizar se determinó de acuerdo con la saturación conceptual en las categorías de análisis. En total se realizaron 122 entrevistas que resultaron en cerca de 75 horas de grabación. El análisis de estos datos se desarrolló a través de las técnicas de análisis de contenido y triangulación, utilizando el programa Atlas. Ti. El estudio del Programa de Tandas para el Bienestar es significativo para esta investigación porque permitió analizar las cargas administrativas en dos tipos de encuentros burocráticos de manera comparada: el encuentro burocrático tipo I, el cual es accionado por los ciudadanos y regularmente estudiado en las investigaciones de cargas administrativas y, el encuentro burocrático tipo II, el cual es accionado por el Estado, y presenta poca o nula atención en la literatura de cargas administrativas actualmente. Asimismo, el programa es pertinente para el estudio de las variables de esta investigación, porque es un programa complejo en su diseño y requirió, tan solo para la implementación del proceso de acceso, la participación de múltiples autoridades federales y un ejército de cerca de 18 mil burócratas de nivel de calle del Gobierno Federal (servidores de la nación) en todo el país, de los cuales cerca de 2 mil pertenecieron a las entidades federativas del estudio. Entre los principales hallazgos de la investigación se identificaron los siguientes: 1. Se encontró evidencia que algunas de las cargas pueden ser establecidas desde el diseño de la política y otras durante la implementación. La identificación de este origen permite intervenirlas en un momento temprano, previo a la emisión de la política, o bien, en los primeros meses de implementación. 2. Asimismo, se identificó que los encuentros burocráticos tienen aparejadas cargas inherentes, según el tipo de encuentro: tipo I, accionados por los ciudadanos vs tipo II, accionados por el estado. 3. Los encuentros burocráticos iniciados por el Estado (encuentros tipo II) a través de visitas domiciliarias podrían ser una forma de acercar el gobierno a los ciudadanos y hacer menos onerosa su interacción con el gobierno, en comparación con los encuentros burocráticos iniciados por los ciudadanos presencialmente (encuentros tipo I). Sin embargo, las interacciones tipo II no son la panacea para la reducción de las cargas administrativas, pues tienen el potencial de generar exclusión administrativa (Brodkin y Majmundar, 2010, p. 827; Jilke et al., 2018, p. 424) ante capacidades limitadas.4. La investigación identificó que las capacidades administrativas tienen el poder de estructurar las cargas administrativas, esto es: los ciudadanos expuestos a capacidades administrativas en los niveles superiores a los requeridos pueden tener experiencias menos onerosas por la transferencia de la carga hacia el Estado y/o porque las cargas son evitadas al ciudadano; ello en comparación con aquellos ciudadanos que son expuestos a capacidades administrativas en niveles inferiores a los requeridos, a quienes esta circunstancia les impone nuevas cargas administrativas o bien les amplifica las existentes. 5. Entre las capacidades administrativas que tienen el poder de transferir o evitar cargas a los ciudadanos se identificaron las siguientes: (1) la capacidad de diseñar y regular la interacción Estado-ciudadanos de manera óptima entre intereses del estado e intereses de los ciudadanos; (2) la capacidad de crear y profesionalizar estructuras organizacionales a nivel de calle para otorgar asistencia personalizada a los ciudadanos; (3) la suficiencia de recursos gubernamentales para operar (4) la adopción de estrategias de comunicación gubernamental que informen de manera clara, directa, personalizada y transparente a los ciudadanos las reglas de los programas y (5) el uso de la discrecionalidad a nivel de calle, para guiar a los ciudadanos y ofrecer información completa a los ciudadanos. Estas capacidades fueron observadas en los encuentros tipo II. 6. Por otro lado, se identificó que la ausencia o limitaciones de capacidades crean nuevas cargas administrativas o amplifican las existentes. Las capacidades administrativas limitadas que tienen el poder de crear nuevas cargas se observaron principalmente en los encuentros tipo I. La capacidad limitada más onerosa en el estudio fue la habilidad limitada para equilibrar los intereses racionales y legítimos del Estado y los derechos constitucionales de los ciudadanos. En la siguiente tabla se muestran las capacidades limitadas que hacen más onerosa la experiencia de los ciudadanos para el acceso a sus derechos sociales. 7. Dado lo anterior, se identifica que las cargas administrativas son altamente sensibles a las presencia, ausencia o limitaciones de las capacidades administrativas requeridas en el punto de encuentro entre el Estado y los ciudadanos. Si están presentes de forma suficiente pueden hacer menos onerosa la experiencia de los ciudadanos, pero si no existen o son limitadas los ciudadanos experimentarán procesos más onerosos. 8. En este sentido, las administraciones públicas requieren capacidades administrativas adecuadas y suficientes para diseñar e implementar políticas y programas públicos con perspectiva ciudadana. Con ello se esperaría que se generen encuentros burocráticos con cargas administrativas mínimas y ad hoc al perfil de los sujetos beneficiarios, lo que facilitaría al ciudadano el acceso y la obtención de los beneficios y servicios públicos que las leyes les asignan, y aproximaría, en parte, la materialización de los derechos sociales desde el componente de accesibilidad. 9. Finalmente, desde un sentido práctico, esta investigación da la pauta para repensar y adicionar una nueva forma de evaluar los programa sociales y en general, el acceso a los derechos sociales. Colocando como elementos clave del análisis, las cargas administrativas que experimentan los ciudadanos en los encuentros burocráticos del programa y las capacidades administrativas —limitadas, presentes o ausentes— que estructuran esas cargas. En México, el CONEVAL, es un actor relevante para el diseño de las evaluaciones de programas sociales. En conclusión, esta investigación muestra la importancia de estudiar los programas sociales desde una perspectiva ciudadana, enfocando en los puntos de encuentro entre el Estado y los ciudadanos y profundizando el estudio de las capacidades administrativas que influyen la estructuración de las cargas. Los tomadores de decisiones deben ser conscientes del tipo de intervención que diseñan, a fin de incrementar las posibilidades fácticas de materializar el acceso a los derechos sociales y hacer la experiencia de los ciudadanos gratificante de inicio a fin.This research focuses on the study of the implementation of public policies from a citizen's perspective, to better understand the processes of access to social rights. Specifically, it studies the administrative capacities that have the power to structure the administrative burdens faced by citizens at the several points of encounter with the government during the process of accessing social programs. The research centers on looking at the origins of administrative burden variations from organizational factors (Moynihan et al., 2015; Peeters 2019), so it is limited in identifying variation in burdens from social (Nisar, 2018; Masood and Nisar, 2020) and human capital factors (Christensen et al., 2020, p. 132; Chudnovsky and Peeters, 2019; Linos and Riesch, 2020; Linos et al., 2020; Peeters and Campos, 2021; Barnes and Henly, 2018). On the other hand, the research does not seek to explain the distributional effects of administrative burdens on citizens with a high degree of vulnerability (exclusion or inclusion errors) or the effects of these burdens on the take-up of programs, nor the success or failure of social programs with respect to their normative objectives or with respect to the amount of burdens they impose. Administrative burden is defined as the “onerous experience in public policy implementation” (Burden et al., 2012, p. 741); these are the costs faced by citizens when interacting with the state (Moynihan et al., 2015). Administrative burdens have been defined in terms of three costs: learning costs, psychological costs, and compliance costs (Moynihan et al., 2015). Administrative burdens can be used as a political instrument which implicitly or explicitly limits access to the state for different social groups (Nisar, 2018, p. 106) or for political groups opposed to the governing party (Herd and Moynihan, 2019). Studying citizens' experiences is especially relevant for research on social equity (Nisar, 2018, p. 104) and for explaining the success or failure of the implementation of public policies or programs (Peeters, 2019). The administrative burden literature has noted that limitations in administrative capacity and resources are factors that contribute to the structure of administrative burden (Burden et al., 2012, p. 749; Heinrich, 2016; p. 8), impact its construction (Herd and Moynihan, 2019, p. 8) and can constraint the effectiveness of social programs (Heinrich and Brill, 2015, p. 277). Limited administrative capacities can explain bureaucratic dysfunctions (Peeters, 2020, p. 75) and are referred to as a “source of institutional weakness”, “to implement what formal law dictates as a result” (Peeters, 2019; Brinks et al, 2019), hindering the creation of an equal conditions environment among members of a society and obstructing the materialization of social rights offered by the state (Peeters, 2020, p. 75). Although the administrative burdens literature has made extensive contributions to understand the origin, nature, effects and variations of administrative burdens, these explanations come from contexts with strong institutions, with capacities above the minimum required levels (Holland, 2016, p. 233). However, it is foreseeable that the explanations granted until today may reduce their explanatory power in contexts with weak institutions, where their capacities are below of levels required (p. 233). Therefore, this dissertation presents the following central research question: how do administrative capacities explain the variation in the administrative burden faced by citizens at their meeting point with the State? It seeks to offer a new theoretical explanation, which may be broadly plausible in contexts of institutional weakness and Global South economies. The research presented here is of a qualitative nature and explores the relationship between administrative burdens as a dependent variable and administrative capacities as an independent variable. The bureaucratic encounters (or state-citizen interactions) that constitute the process of accessing the program are conceived as the places in which the relationship between these two variables is studied. This qualitative research is inserted in a constructivist-interpretative paradigm, by developing a comparative Case Study of cross-sectional time series and maximum difference, which studies the implementation of the Mexican Federal Program named “Tandas para el Bienestar” (Microcredits for well-being) in Mexico City and the State of Hidalgo, during 2019 and 2020. For the development of the case study, the methods used to gather information included reviews of official and public documents and semi-structured in-depth interviews with program beneficiaries and street-level bureaucrats, known as Servidores de la Nación (Nation’s Servants). The selection of interviewees was done through convenience or purposive sampling, avoiding selecting by characteristics that would impact the dependent variable (administrative burden). Likewise, the number of interviews to be carried out was determined according to the conceptual saturation in the categories of analysis. A total of 122 interviews were conducted, resulting in about 75 hours of recording. The analysis of these data was developed through the techniques of content analysis and triangulation, using the Atlas. Ti package. The study of the Tandas para el Bienestar program is significant for this research because it allowed us to analyze administrative burdens in two types of bureaucratic encounters in a comparative manner: the type I-bureaucratic encounter, which is citizen-driven and regularly studied in administrative burden literature, and the type II-bureaucratic encounter, which is state-driven and currently receives little or no attention in the literature on administrative burdens. Likewise, the program is relevant for the study of the variables of this research because it is a complex program in its design: just for the implementation of access process, it required the participation of multiple federal authorities and a crowd of about 18 thousand street-level bureaucrats of the Federal Government (servants of the nation) throughout the country, from which about 2 thousand were assigned to the states under study. Among the main findings of the research, the following were identified: 1. Evidence was found that some of the burdens can be created at the time of policy design and others during implementation. The identification of this origin makes possible to intervene them at an early stage, prior to the issuance of the policy, or during the first months of implementation. 2. It was also identified that bureaucratic encounters have inherent burdens, depending on the type of encounter: type I, citizen-driven vs. type II, state-driven. 3. State-led bureaucratic encounters (type II encounters) through household visits could be a way to bring government closer to citizens and make the interactions less burdensome, compared to face-to-face citizen-led bureaucratic encounters (type I encounters). However, type II interactions are not a panacea for reducing administrative burdens, as they have the potential to generate administrative exclusion (Brodkin and Majmundar, 2010, p. 827; Jilke et al., 2018, p. 424) in the presence of limited capacities. 4. The research identified that administrative capacities have the power to structure administrative burdens, that is: citizens exposed to administrative capacities at higher levels than those required may have less onerous experiences due to the transfer of the burden to the State and/or because the burdens are avoided to the citizen; in comparison with those citizens who are exposed to administrative capacities at lower levels than those required, to whom this circumstances, imposes new administrative burdens or amplifies the existing ones. 5. Among the administrative capacities that have the power to transfer or avoid burdens to citizens, the following were identified: (1) the ability to design and regulate state-citizen interaction in an optimal way between state interests and citizen interests; (2) the ability to create and professionalize organizational structures at the street level to provide personalized assistance to citizens; (3) the sufficiency of government resources to operate (4) the adoption of government communication strategies that clearly, directly, personally and transparently inform citizens of program rules and (5) the use of the discretionary power at the street level, to guide citizens and provide them with full information. These capabilities were observed in the type II encounters. 6. On the other hand, it was identified that the absence or limitations of capacities create new administrative burdens or amplify the existing ones. Limited administrative capacities that have the power to create new burdens were mainly observed in type I encounters. The most burdensome limited capacity in the study was the limited ability to balance the rational and legitimate interests of the state and the constitutional rights of citizens. The following table shows the limited capabilities that make citizens' experience of accessing their social rights most burdensome. 7. Given the above, administrative burdens are highly sensitive to the presence, absence or limitations of administrative capacities required at the meeting point between the State and citizens. If they are appropriateness, they can make the citizens' experience less burdensome, but if they are absent or limited, citizens will experience more onerous processes. 8. In this sense, public administrations require adequate and sufficient administrative capacities to d
Consolidación de la corrupción en las policías locales del Estado de Zacatecas
Get PDFLa corrupción y la violencia, como problemas públicos, han estado liderando la agenda pública en México durante el siglo XXI. El estudio de estos dos fenómenos en su conjunto representa un área de investigación extensa, por esta razón, la presente tesina busca guiar su análisis en el caso del Estado de Zacatecas. Este análisis contribuye a entender cómo la corrupción está presente en las instituciones de seguridad pública y de qué forma impacta a la situación de inseguridad en el estado. La pregunta de investigación que dirige este trabajo de investigación es: ¿Cuáles son los factores laborales y organizacionales que determinan la forma en la que la corrupción es consolidada en los cuerpos policiales a nivel local en Zacatecas? La metodología utilizada para responder a la pregunta es el análisis exploratorio cualitativo, el cual emplea entrevistas no estructuradas como herramienta de investigación principal. Los resultados sugieren la existencia de redes de corrupción entre el gobierno del estado y los grupos del crimen organizado. Estas redes demuestran no mantener dinámicas estables ni coordinadas, por lo que es difícil determinar el impacto negativo en los niveles de seguridad pública. Asimismo, la gran mayoría de los elementos en las policías locales sufren de precariedad laboral; esto es, bajos salarios, jornadas extensas y entornos de trabajo no saludables. Finalmente, se ofrecen recomendaciones de política pública centradas en el combate a la corrupción que permea a las instituciones de seguridad pública. Las acciones del gobierno deben considerar que los grupos del crimen organizado son actores políticos que deben ser desarticulados con mecanismos de inteligencia organizacional. Además, el mejoramiento en las condiciones laborales es crucial para garantizar un sistema policial efectivo y capaz
Political plurality and legislative oversight in Mexico during the LXIII and LXIV Congresses
No full textLa relación principal-agente que existe entre los poderes ejecutivo y legislativo sitúa a este último en una posición fundamental dentro del sistema de rendición de cuentas. Como representantes de los intereses y el poder soberano de la ciudadanía, los congresos tienen la responsabilidad de asegurar que las decisiones de política pública del ejecutivo reflejen las aspiraciones del electorado y no los intereses de una élite burocrática no electa. Para ello, el poder legislativo implementa medidas de control y vigilancia que en conjunto se conocen como supervisión legislativa. En los regímenes presidencialistas la utilización de estas medidas puede verse influida por la composición política del congreso, de tal manera que cuando el partido del presidente tiene la mayoría absoluta, los legisladores tienen pocos incentivos para controlar al ejecutivo, pues hacerlo pondría en riesgo la progresión de sus carreras políticas. La literatura propone la hipótesis de que una mayor pluralidad política alienta la utilización de mecanismos de supervisión, debido a que una legislatura políticamente competitiva genera incentivos y condiciones para que la oposición, como representante de los intereses que no participan en el ejecutivo, exija la rendición de cuentas y busque desgastar al gobierno para provocar una alternancia. Este trabajo presenta un modelo para poner a prueba esta hipótesis en la aplicación de mecanismos de supervisión por parte de la Cámara de Diputados de México. En particular, el ejercicio aquí realizado es de carácter exploratorio y aproximativo, por lo que sólo se analiza la supervisión de una política, la de transferencias monetarias condicionadas para el combate a la pobreza mediante apoyos para la superación educativa, a lo largo de las legislaturas LXIII y LXIV, una sin mayoría del partido del presidente, y otra con mayoría. Los resultados de la investigación revelan que no existió una diferencia sustancial en la utilización de instrumentos de supervisión entre ambas legislaturas; asimismo, se encontró que una mayor pluralidad legislativa, al menos para el caso de los programas revisados, no implicó un mayor uso de mecanismos de supervisión. Contrario a lo esperado, tanto el legislativo como el ejecutivo mostraron una mayor proactividad y disposición para involucrarse en los actos de supervisión en una legislatura donde el gobierno fue mayoría que en una donde no lo fue. Sin embargo, estos resultados siguen siendo relevantes, pues una parte de la literatura sobre la supervisión legislativa en México sostiene que la capacidad de control del Congreso de la Unión se ve limitada por el comportamiento pragmático de las minorías, que se adhieren a la agenda del ejecutivo para no perder relevancia, y por los incentivos de los legisladores para no supervisar a los burócratas a cambio de oportunidades y recursos para su progresión política y laboral. El estudio reveló también que durante la LXIII fueron los partidos de oposición y las minorías quienes asumieron el protagonismo de la supervisión como resultado de su interés por cuestionar y desgastar al gobierno, particularmente mediante la compleción del uso de instrumentos relacionados con el control presupuestario, por ejemplo, las enmiendas al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y la supervisión de Reglas de Operación. Por su parte, durante la LXIV Legislatura se completaron actos de supervisión que dependen de la voluntad política de los diputados para activarse, como las preguntas parlamentarias y la aprobación de proposiciones con punto de acuerdo. Los resultados permiten cuestionar si la pluralidad política es suficiente para explicar la utilización de mecanismos de supervisión legislativa en México, o si, por el contrario, variables como las estrategias políticas para la construcción de mayorías y la disciplina partidaria pueden ser también variables explicativas. En todo caso, la evidencia muestra que la supervisión se ha fortalecido desde la apertura democrática de 1997 y que el regreso de un gobierno de mayoría no ha relajado su utilización ni debilitado el estado de la relación de rendición de cuentas lograda durante la pluralidad.The principal-agent relationship that exists between the executive and legislative branches places the latter in a fundamental position within the accountability system. As representatives of the sovereign interest and power of the citizenry, congresses have a responsibility to ensure that the executive's public policy decisions reflect the aspirations of the voters and not the interests of an unelected bureaucratic elite. To this end, the legislature implements control and surveillance measures that together are known as Legislative Oversight. However, in presidential regimes the use of these measures can be influenced by the political composition of the Congress, so that when the president's party has an absolute majority, legislators have little incentive to control the executive, as that might jeopardize the progression of their political careers. The literature proposes the hypothesis that political plurality in congresses where the president's party does not have a majority encourages the use of oversight mechanisms, since a politically competitive legislature creates incentives and conditions for the opposition, as a representative of interests that do not participate in the government, to demand accountability and seek to wear down the government to provoke an alternation. This research presents a model to test this hypothesis in the application of oversight mechanisms by the Chamber of Deputies of Mexico. In particular, the exercise carried out here is exploratory and approximate, so that only the supervision of a policy, that of conditional cash transfers against poverty through support for educational improvement, is analysed throughout the LXIII and LXIV Congresses, the former without a majority of the president's party, and the latter with a majority.The results of the investigation reveal that there was no substantial difference in the use of oversight tools between both legislatures. It was also found that greater legislative plurality, at least in the case of the revised programs, did not imply a greater use of monitoring mechanisms. Contrary to expectations, both the legislative and the executive branches showed greater proactivity and willingness to engage in oversight acts in a legislature where the government held the majority than in one where it did not. However, these results are still relevant, since a part of the literature on legislative oversight in Mexico argues that the control capacity of the Congress is limited by the pragmatic behaviour of minorities, who adhere to the agenda of the executive so as not to lose relevance, and by the incentives of legislators not to supervise bureaucrats in exchange for opportunities and resources for the progression of their political and professional careers.The study also revealed that during the LXIII Congress it was the opposition parties and minorities who assumed the leading role in oversight because of their interest in questioning and attrite the government, particularly through the completion oversight processes related to budgetary control, such as the amendments to the draft of the Federal Budget and the supervision of Rules of Operation. For its part, the LXIV Congress, completed oversight acts that depend on the political will of the deputies to be enabled, such as parliamentary questions and the approval of Puntos de acuerdo (Non-Binding Resolutions). The results allow us to question whether political plurality is sufficient to explain the use of legislative oversight tools in Mexico, or if, on the contrary, variables such as political strategies for the construction of majorities and party discipline are also explanatory. In any case, the evidence shows that oversight has been strengthened since the democratic opening of 1997 and that the return of majority rule has not relaxed its use or weakened the state of accountability achieved during plurality
El costo de generar electricidad en México y la liberación del mercado
Get PDFLa Reforma Energética del 2013 en México cambió de manera radical la estructura del Sistema Eléctrico Mexicano: se abandonó el esquema de monopolio por uno de competencia mayorista. Bajo este contexto, este trabajo analiza el submercado de generación eléctrica en 2021 a través del modelo de orden de mérito para dos configuraciones básicas: orden por costos y orden por emisión de contaminantes. A partir de simulaciones horarias del proceso de generación eléctrica se obtuvo un diagnóstico del Sistema Interconectado Nacional mostrando tres resultados. Primero, demostró ser eficiente: procura el costo mínimo. Segundo, es parcialmente sostenible: procura la menor contaminación. Finalmente, es confiable: cuenta con suficiente capacidad para satisfacer la demanda en cualquier hora. Adicionalmente, se encontró que el diagnóstico favorable del sistema está influenciado positivamente por los cambios implementados en la Reforma de 2013 y que cualquier política pública encaminada a frenar o revertir estos cambios se espera contraproducente en proporciones variables, en función de la intervención que se evalúe