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Editorial
Get PDFLa reforma tributaria aprobada en fecha reciente, los alcances de la reforma educacional que fue materia de discusión durante el segundo semestre de 2014 y que sin dudas seguirá siendo objeto de estudio en forma previa y posterior a su aprobación, así como los anuncios de reforma laboral y cambio a la Constitución Política del Estado que serán analizados en las instancias pertinentes en fecha próxima, forman parte del Programa de Gobierno por el cual el país eligió a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para que dirija los destinos de Chile desde marzo de 2014 y durante los siguientes cuatro años. Diversos son los objetivos perseguidos con las señaladas reformas, que van desde la necesidad de disminuir la desigualdad que existe en nuestro país en múltiples ámbitos de la vida en sociedad, hasta la de contar con una Constitución Política validada en el país desde su origen y, naturalmente, en la concepción de derechos y deberes del ciudadano y el correspondiente rol del Estado que ésta considere.
La economía de Chile hoy en día luce exitosa en el contexto mundial. La tasa promedio de crecimiento anual del PIB en los últimos 25 años alcanza a un 5,5%, cifra muy superior al promedio de la región de un 2,9% en igual período. El producto per cápita alcanza actualmente US 20.000 si se ajusta por poder de compra. El crecimiento económico ha incrementado los niveles de empleo y de ingresos de los hogares, posibilitando el acceso de la población a mayores niveles de consumo y bienestar material. Asimismo, este crecimiento económico ha permitido incrementar la recaudación tributaria y, por tanto, los recursos para financiar el gasto público. En la última década los ingresos fiscales prácticamente se duplicaron en términos reales, posibilitando un aumento de orden similar en el gasto público.
Lo anterior lo informa el PNUD en su análisis respecto del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por nuestro país, que aparece bien evaluado en el cumplimiento de los objetivos trazados en materia de: erradicación de la extrema pobreza y el hambre e incremento del empleo productivo, cobertura educacional, reducción de la mortalidad infantil, combate a la expansión del VIH SIDA y crecimiento de los beneficios que entregan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
El concepto de Desarrollo Humano supone la expresión de la libertad de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren valorables; y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que comparten. Las personas son los beneficiarios e impulsores del desarrollo humano, ya sea como individuos o en grupo.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el PNUD desde en 1990, sintetiza el nivel de logro de un país en tres dimensiones: salud, educación e ingresos. Su utilización implica reconocer el hecho de que, dada la no existencia de un vínculo automático entre crecimiento económico y desarrollo humano, la verdadera medida del éxito de una sociedad debe centrarse en la manera en que los logros económicos se traducen en beneficios y oportunidades concretas para las personas.
Una serie comparativa amplia muestra que, en las últimas tres décadas, Chile presenta un alza constante de su Índice de Desarrollo Humano. Entre 1980 y 2013, la esperanza de vida creció en más de diez años, y aumentó en más de tres años la media de escolaridad de adultos, lo mismo que los años esperados de escolaridad. Del mismo modo, el Ingreso Nacional Bruto per cápita creció en ese período un 168%. Esta trayectoria de largo plazo muestra que el país ha tenido la capacidad de avanzar sostenidamente en su desarrollo humano sobre la base de una combinación equilibrada de crecimiento económico y políticas públicas.
En julio de 2014 el PNUD publicó el Informe de Desarrollo Humano Mundial 2014, titulado: “Sostener el progreso humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia”, documento que informa que con un valor IDH de 0,822 (en una escala de cero a uno) Chile es parte del grupo de países que muestran un nivel de desarrollo humano muy alto. Se ubica en el puesto número 41 de la clasificación mundial y en primer lugar en América Latina y el Caribe, seguido por Cuba (44 en el ranking), Argentina (49) y Uruguay (50).
Sin embargo, consciente del hecho de que los promedios nacionales pueden ocultar grandes diferencias, el informe mundial calcula un IDH ajustado por desigualdad. Este cálculo es sensible no sólo respecto de la desigualdad de ingresos, sino también en lo relativo a la distribución de las capacidades educativas y los logros en materia de esperanza de vida. El panorama que se desprende de él reafirma el impacto negativo de la desigualdad en los logros de los países. En efecto, con este ajuste, el valor de IDH general de Chile cae en términos absolutos a 0,661. Esto representa una pérdida de un 19.6% de su logro en el IDH general.
Es probable que el desarrollo del país se vea frustrado si no se avanza en la resolución de las desigualdades, puesto que no hay ejemplos en el mundo de países que hayan logrado desarrollarse con los niveles de desigualdad que afectan a la sociedad chilena.
Asimismo, hay fuertes señales de pérdida de legitimidad en la institucionalidad política. Los partidos políticos y el Congreso son las instituciones que exhiben los niveles más bajos de confianza social; el sistema político muestra una baja capacidad para dar cuenta de los cambios en la sociedad; y hay un progresivo descenso en la participación electoral, en especial por parte de las generaciones más jóvenes. Es más, una parte no menor de las chilenas y chilenos no se siente feliz o al menos satisfecho con su actual condición de vida.
En todo el mundo, diversos actores han planteado la necesidad de ir más allá de la manera tradicional de concebir el desarrollo, poniendo atención a otras dimensiones, además del crecimiento económico. Esto implica afinar los objetivos, los puntos de llegada, el horizonte normativo, incluso las mediciones estadísticas; obliga a asumir en la acción pública aquello que “importa en última instancia” cuando se aspira al desarrollo.
Esta no es una preocupación reciente, las críticas a una mirada concentrada en el PIB per cápita como indicador de desarrollo tienen una historia importante. Allí están, por ejemplo, las reflexiones en torno al “desarrollo sustentable” y su renovado impacto a propósito de las amenazas del cambio climático y el calentamiento global. También el concepto de “desarrollo a escala humana” y en general la preocupación en torno a la calidad de vida. La idea del desarrollo humano, finalmente, nace con el objetivo de superar una visión exclusivamente económica y monetaria del desarrollo.La posibilidad de considerar la búsqueda de la felicidad como un objetivo del desarrollo está hoy cada vez más presente en la discusión pública internacional. Aunque de manera incipiente, la conversación está también instalada en la sociedad chilena.
Sin embargo, el deseo de incorporar la felicidad como finalidad del desarrollo no basta para despejar todas las dudas que surgen. ¿Es una finalidad que la sociedad puede legítimamente perseguir o algo que solo concierne a los individuos? ¿Puede la felicidad ser la finalidad del desarrollo? Adicionalmente, la noción de felicidad no existe al margen de los usos cotidianos que se hacen de ella en cada sociedad particular. De hecho, una de las versiones más difundidas en la sociedad chilena sobre el discurso de la felicidad, el de las instituciones del mercado, tiende a poner el acento en los aspectos estrictamente individuales de la búsqueda de la felicidad, oscureciendo sus importantes determinantes sociales.
Para los países emergentes como Chile, la necesidad de volver a discutir el desarrollo pasa por dar cabida a las demandas crecientes de las nuevas clases medias (de integración al consumo, de reconocimiento y respeto de la diversidad, entre otras), que suponen presiones inéditas a las sociedades donde se despliegan.
El señalado Informe de Desarrollo Humano refiere que en Chile el contexto de movilización social del año 2011 generó un nuevo ambiente de evaluación del desarrollo del país. Se instaló en la conversación de los actores públicos un discurso que da cuenta de evaluaciones ambivalentes sobre la sociedad chilena y su desarrollo. Por un lado, como ya se indicó, el país presenta muy buenas cifras macroeconómicas, sin embargo estas se acompañan de un malestar social que sorprende por la radicalidad de sus aspiraciones y por su ubicuidad. En cada hecho social de protesta o manifestaciones se advierte la estructura de una insatisfacción o un malestar social determinado por el modelo de sociedad configurado en los últimos treinta años. Efectivamente, la crítica logró consolidar en la semántica de los actores públicos una percepción de que lo desafiado, y por ello necesario de ser defendido o cambiado, es el modelo de desarrollo en sí.
Sin dudas, y siguiendo a Norbert Lechner, es una de las tareas más nobles de la política acoger los deseos y los malestares, las ansiedades y las dudas de la gente, e incorporar sus vivencias al discurso público. Así, dando cabida a la subjetividad, la política ofrece la oportunidad al ciudadano de reconocer su experiencia cotidiana como parte de la vida en sociedad. Pues bien, ¿qué ha hecho la política en nuestro país por nombrar e interpretar lo que nos pasa? Poco.
El presente número de la Revista de Estudios Políticos y Estratégicos, del Programa de Estudios de Políticas Públicas de la Universidad Tecnológica Metropolitana, recoge tópicos que aparecen más bien vinculados a aspectos políticos, sociales y del derecho que a materias de índole estrictamente económica en el camino hacia un mejor bienestar del ciudadano. En efecto, contiene este número de la Revista el artículo “Marco Jurídico y prácticas políticas en el Gobierno Regional de La Araucanía”, del Licenciado en Ciencia Política, Eric Iturriaga Gutiérrez, y del también Licenciado en Ciencia Política y Magíster en Gobierno y Sociedad, Francisco Vega Duarte. Se trata de una investigación basada en la exploración de la incidencia del marco jurídico que regula el actuar de los actores políticos en las prácticas político-institucionales del Gobierno Regional de La Araucanía, instancia que tiene la particularidad de contar con un consejo multicultural fruto de la elección de políticos de etnia Mapuche y de la designación del Intendente Regional de similar condición étnica.
Asimismo, la Revista considera el artículo “El Concepto de Politicidio en las Relaciones Internacionales”, cuya autoría corresponde al Cientista Político, Bachelor en Ciencia Política, Máster of Arts en Relaciones Internacionales y Académico, Cristian Leyton Salas, quien se refiere al sentimiento de aniquilamiento o extinción de la forma estatal que surge como amenaza frente a las visiones integracionistas, cooperativas y colaborativas dominantes. Registra el autor cómo ha mutado la percepción de amenaza de nuestro país desde aquéllas fuentes primarias de amenaza consideradas durante los primeros noventa años del siglo XX y aquéllas observadas desde 1990 hasta nuestros días, en las que cohabita la disuasión con un avanzado proceso de cooperación. Revisa el artículo las condiciones del politicidio y ejemplifica con diversos casos en el mundo para concluir que las políticas de defensa de un Estado dependen de la forma en que en él son percibidas las amenazas a determinados intereses nacionales considerados como vitales.
A propósito del proyecto que se discute actualmente en el Congreso, referido a despenalizar el aborto frente a casos de violación, inviabilidad del feto y riesgo de vida de la madre, la Abogado, Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, Licenciada y Magíster en Derecho y especialista en responsabilidad Civil, Carla Robledo Malhue, escribe el artículo “La Protección Constitucional de la Vida del Nasciturus y la despenalización del aborto como política pública”, donde revisa cómo la despenalización propuesta se conjuga con el mandato constitucional al legislador de proteger la vida del que está por nacer.
También se incluye el artículo “Estudiando Proyectos de Ley en el Parlamento chileno: una propuesta de índice para medir actividad político-legislativa”, del Cientista Político Felipe Durán Martínez, trabajo que persigue encontrar un lenguaje matemático para describir el proceso legislativo del Parlamento chileno para concluir que es posible obtener un índice numérico que refleje la actividad político-legislativa proyecto por proyecto. Se trata de un documento que emana del interesante trabajo de tesis del autor, presentado para la obtención del Grado de Licenciado en Ciencia Política y Organizacional y el Título de Cientista Político y Organizacional, otorgado por la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Finalmente, el presente número está integrado por el artículo “Guillermo Bañados Honorato, un político demócrata y filántropo olvidado en Aconcagua”, cuya autoría corresponde a Ester Precht, Licenciada en Educación, Magíster en Investigación Psicopedagógica, Presidenta de la Fundación para la Educación, Cooperación e Integración Latinoamericana (FECIL) y nieta de Guillermo Bañados, y a Zenovio Saldivia M., Profesor de Filosofía, Magíster en Filosofía de las Ciencias, Doctor en Historia de las Ciencias y Profesor Titular en la Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago, Chile. Los autores reseñan la personalidad y obra social y científica del político y estudioso aconcagüino, que se destacó notoriamente en la primera mitad del Siglo XX. Los valores éticos de Guillermo Bañados, su preocupación por la instrucción de los más humildes, la tarea política y social y la generosa producción expresada en los libros de Bañados Honorato, que aluden a temas vinculados a la sociología, política, geografía, normativa naval, arquitectura, higiene pública, entre otros interesantes aspectos, así como el rol que le correspondió ejercer en la fundación del Partido Demócrata en San Felipe, son asuntos que revisa este artículo.
Agradecemos a todos los investigadores y académicos que han demostrado interés por compartir sus trabajos en el presente número de la Revista de Estudios Políticos y Estratégicos, cuyo propósito es entregar espacios para el desarrollo de la academia, la investigación y la producción especializada
Paridad y proceso constituyente
Get PDFTras el estallido social del 18 de octubre de 2019 se definió un cauce político e institucional: el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, cuyo objetivo es delinear un Estado más incluyente e igualitario, atento a la severa crisis política y social del país originada en graves situaciones de inequidad manifestadas en las demandas sociales actuales. Tal acuerdo pretende que se le consulte a la ciudadanía si ese nuevo Estado –más incluyente e igualitario– debe plasmarse en una nueva Constitución, en un nuevo pacto social.
El desafío de ese acuerdo, hoy establecido en el capítulo XV de la Constitución Política, que prevé el mecanismo de sustitución de esta, es que el procedimiento futuro sea participativo, representativo e inclusivo de todos los sectores de la sociedad. Y es allí donde se plantea la necesidad de considerar que el órgano constituyente tenga una composición paritaria.
En tal contexto, la intención de esta editorial es vincular la necesidad de una Convención Paritaria con una afirmación: Lo que se debate en este momento no es una nueva ley sino una nueva Constitución, cuestión que nos sitúa en el ejercicio de una función excepcional del Estado, la función constituyente, que se ejerce para reformar una Constitución o para dictar una nueva. Como todos sabemos, estamos iniciando un proceso en el segundo sentido.
Y en este ámbito quiero enfatizar dos asuntos:
Que este poder constituyente, que se ejerce en un régimen democrático, está rodeado por ciertas circunstancias que determinan un nuevo entendimiento del titular de ese poder: un titular que comprenda deliberada y explícitamente a las mujeres en su diversidad.
Que ese poder constituyente solo será verdaderamente democrático y representativo en la medida que las mujeres participen de forma protagónica en el proceso constituyente.
La consideración de ambos asuntos permitirá dotar de legitimidad al ejercicio de ese poder constituyente y a su resultado: la nueva Constitución.
Respecto del primer asunto, el nuevo entendimiento del titular: como sabemos, el titular del poder constituyente es el pueblo. Pero la ciudadanía ha manifestado que el titular del poder constituyente no es el pueblo en abstracto, tampoco homogéneo, sino el pueblo concreto como expresión de una comunidad diversa, que considera a las mujeres y los hombres y a cada uno de los grupos que conforman la sociedad. Hay así una demanda ineludible para que se reconozca que el ejercicio de este poder debe, a su vez, reconocer la pluralidad de la sociedad chilena para generar un pacto que efectivamente promueva mayor justicia social y la eliminación de la discriminación, de la exclusión y de la subordinación.
Por otro lado, hablar del poder constituyente es hablar de democracia y de representación. La vinculación del poder constituyente con la democracia debe considerar que esta promueve el ideal de igualdad de los seres humanos, de hombres y mujeres, no solo formal sino real.
Uno de los argumentos más reiterados durante estos días en contra de la paridad de género es que sería contraria a la democracia representativa, especialmente a la fórmula una persona un voto. El argumento señalado supone que únicamente los sistemas electorales mayoritarios son democráticos. Pero eso no es correcto. Diversos sistemas electorales, por ejemplo, el actualmente vigente en Chile para la elección de los parlamentarios, tienen como objetivo una mayor representatividad; es decir, permitir que accedan al órgano legislativo (en este caso constituyente) representantes de distintos sectores que, bajo un sistema mayoritario, quedarían excluidos. Y ello tiene su justificación en el concepto mismo de democracia, que ya no se concibe solo como un mecanismo de adopción de decisiones basado en la regla de la mayoría, sino como un espacio en el que comparecen a adoptar decisiones todos los sectores de la sociedad.
Por otro lado, el nexo entre el poder constituyente y la representación se centra en el órgano constituyente, órgano colegiado, cuyos integrantes –se ha decidido– serán elegidos total o parcialmente por sufragio universal directo. Es en esta parte que corresponde exponer un hecho irrefutable: la subrepresentación de las mujeres en Chile en los órganos colegiados de elección popular –a pesar de ser más de la mitad de la población– y la sobrerrepresentación de los hombres en los mismos órganos.
Como las mujeres son la mayoría de ese pueblo concreto y plural, ellas deben ser parte de forma igualitaria en el órgano constituyente que lo represente. Con esta afirmación se pretende exponer que el elemento central de la representación deja de ser la responsabilidad de los delegados ante los electores, sino que la representación debe ser el espejo o reflejo de la sociedad. Por cierto, este enfoque en los desafíos de la representación de las mujeres no supone desatender los problemas de representación que enfrentan otros grupos históricamente excluidos, tales como los pueblos originarios. Por el contrario, el objetivo es dar cuenta y enfatizar que este no es un problema solo de los grupos minoritarios o desaventajados, sino uno que afecta incluso a quienes son más de la mitad de la población chilena, en su diversidad.
Las soluciones jurídicas y políticas que se han planteado para alcanzar ese reflejo, reconociendo que en general las mujeres están subrepresentadas, son las cuotas y la paridad de género. Las primeras son medidas temporales de acción positiva, destinadas a compensar las asimetrías en las posibilidades de acceso a los órganos representativos mediante la inclusión de mujeres en las listas de candidatos, pero que no son efectivas en garantizar una igualdad en el resultado.
La paridad de género busca una nueva forma de entender el sistema político, no solo desde una perspectiva de igualdad formal sino también sustancial. Pretende enriquecer a la democracia representativa, posibilitando que las mujeres no solo sean representadas, sino que se haga efectivo el derecho a ser elegidas. Para ello la paridad en la Convención postula que el órgano constituyente esté integrado reflejando la heterogeneidad de la sociedad, con un 50% de hombres y un 50% de mujeres.
Muchos han dicho por estos días que la paridad en la Convención atentaría contra la democracia. Para finalizar esta editorial dejo estas preguntas: ¿el argumento no será justamente el contrario?, ¿no es precisamente la subrepresentación de las mujeres en el órgano constituyente que generará el nuevo pacto social una transgresión al principio democrático
Imaginarios y transición socio-técnica: estudio de los imaginarios de actores políticos sobre la implementación de un sistema de saneamiento en Santiago de Chile (1869-1931)
Get PDFThe objective of this paper is to analyze and expose the relevance of the imaginaries of desired futures, supported by Chilean political actors, in the deployment of the socio-technical transition that led to the establishment of a sanitation system based on sewers, between 1869 and 1931. The inquiry is qualitative and consists of an interpretative analysis of discourses held by political actors (deputies and senators, mainly) of the period. The results of the research show that the future projected by the political actors is reflected in the socio-technical experience of European and American cities, which represent the image of civilization. It is concluded that the imaginary forms a relevant part in the study of socio-technical transition, added to the establishment of rules.El objetivo de este trabajo es analizar y exponer la relevancia de los imaginarios de futuros deseados, sostenidos por actores políticos chilenos, en el despliegue de la transición socio-técnica que condujo al establecimiento de un régimen de saneamiento basado en alcantarillados, entre 1869 y 1931. La indagación es de tipo es cualitativa y consiste en un análisis interpretativo de discursos sostenidos por actores políticos (diputados y senadores, principalmente) de la época de estudio. Los resultados de la investigación muestran que el futuro proyectado por los actores políticos se refleja en la experiencia socio-técnica de ciudades europeas y estadounidenses, que representan la imagen de civilización. Se concluye que lo imaginario conforma una parte relevante en el estudio de la transición socio-técnica, sumado al establecimiento de reglas
«Chile y Darwin: la respuesta al evolucionismo desde 1869», de Guillermo Latorre y Zenobio Saldivia. Chile
Get PDFLos profesores Guillermo Latorre y Zenobio Saldivia M. nos presentan una obra actualizada sobre el problema histórico de la recepción de las ideas evolucionistas de Charles Darwin en Chile. Esta publicación, que se inserta en la historia de la ciencia y en la historia de las ideas, viene a ser una revisión necesaria, ya que el anterior trabajo que abarca esta misma temática fue editado en 1982 bajo el título de Orígenes del darwinismo en Chile y fue escrito por Bernardo Márquez Bretón; por lo que la vuelta a esta interrogante, más de treinta años después, es algo que se torna trascendente, dado el impacto que tuvieron los planteamientos del naturalista británico a nivel internacional. En este sentido, estos autores retoman la cuestión del evolucionismo darwiniano pero desde una perspectiva moderna, que incluye estudios recientes en su bibliografía, tanto de especialistas a nivel local como extranjero.
En términos metodológicos, los académicos proceden a través de “un modelo simple de tesis y antítesis”, con el objetivo de analizar “cómo esos estamentos respondieron con cautela, aceptación, rechazo o transformación” (pág. 9). El grupo social abordado es preponderantemente la comunidad científica nacional, conformada por sabios extranjeros avecindados en el país y por los propios científicos locales. Además, los autores incluyen a intelectuales sin formación en disciplinas que tratan sobre la naturaleza, pero que escribieron acerca de estas temáticas, los cuales son definidos bajo la categoría de “polígrafos”; esto significa que realizan un enfoque social inclusivo, no solo centrado en los científicos (lo que sería lo más obvio), sino que también incorporan a otros actores dentro de los debates y controversias referentes a la Teoría de la Evolución de Darwin. Esto es otro aspecto novedoso del texto.
En cuanto a su estructura, el libro está dividido en dos partes, con dos capítulos en cada sección, lo que suma un total de cuatro apartados. La primera parte lleva por título: “La respuesta científica desde 1869”; la cual, a su vez, está subdividida en los capítulos 1 y 2 que llevan por denominación: “Charles Darwin: El hombre, el viajero y el nuevo paradigma” y “Las reacciones de la comunidad científica”, respectivamente. La segunda sección está compuesta por los capítulos 3 y 4: “La respuesta católica” y “La respuesta católica en Chile”, respectivamente.
En el primer capítulo se aborda la biografía de Charles Darwin, centrada principalmente en el viaje del naturalista británico en su paso por Chile, que los autores han denominado “Darwin antes de ser Darwin”; en otras palabras, los catedráticos Latorre y Saldivia analizan la figura del científico inglés en su juventud una vez que aborda la fragata Beagle, al mando del capitán Robert Fitz-Roy. Los académicos estudian los primeros años de formación, el viaje alrededor del mundo (especialmente en su travesía por Chile), las exploraciones y observaciones que hizo en el país y su consolidación como científico al publicar su obra Sobre el Origen de las Especies. Y, junto con esto, la creación de un nuevo paradigma.
En tanto, en el segundo capítulo se indaga sobre la respuesta de la comunidad científica nacional ante las ideas evolutivas contenidas en Sobre el origen de las especies; distinguiendo los autores tres actitudes que los científicos chilenos y los extranjeros asentados en el país tuvieron frente a la teoría darwiniana, denominándolos: los detractores, los cautelosos y los seguidores.
Los “detractores” fueron aquellos que se opusieron o demostraron algún grado de resquemor frente a los planteamientos del naturalista británico, entre los cuales estaban: Rodulfo Philippi, Daniel Barros Grez, J. Vicente Bustillos y Juan José Brunner. Por su parte los “cautelosos” mostraron una actitud neutral o de indiferencia, dentro de los cuales los autores incluyen a Roberto Maldonado, Alejandro Bertrand y Enrique Concha i Toro. Mientras que los “seguidores” fueron abiertamente partidarios de Darwin, difundiendo sus hipótesis en los medios académicos y escritos; entre estos figuraron: Pedro Candia Salgado, Luis Arrieta Cañas, Alberto Liptay, Federico Johow, Juan Noé, Carlos Silva Figueroa, Otto Bürger, José Pinochet Le Brun y Philippe Germain. De acuerdo con los autores existiría una cuarta posición frente a los planteamientos transformistas, en la que estarían involucrados los “polígrafos”, quienes siendo intelectuales con formación humanista fueron partidarios de la ciencia en Chile. Y en esta categoría se incluiría a José Victorino Lastarria, Diego Barros Arana y Valentín Letelier, los cuales fueron abiertamente partidarios de la Evolución de las Especies.
El capítulo tercero aborda la respuesta católica al evolucionismo darwinista, tanto en Roma como en el mundo ibérico. Para el caso de la Iglesia Católica Romana, considerando principalmente a los miembros pertenecientes a distintas congregaciones adscritas a esta entidad, los autores analizan los planteamientos de los mismos en relación con las ideas del científico inglés. Según los autores, la actitud central de estos católicos, independientemente de la curia vaticana, fue intentar armonizar la Teoría de la Evolución con los postulados cristianos. No obstante, este intento no será bien visto por las altas cúpulas del Vaticano, prohibiendo algunos de los textos escritos por los partidarios de conciliar ambas doctrinas. En general, la postura de la Santa Sede fue de cautela, no habiendo una política definida ante la Teoría de la Evolución, pero de acuerdo con los autores, la Iglesia tuvo una postura hostil y crítica a esta hipótesis. En el mundo ibérico, por su cuenta, no se registró una postura institucional de los religiosos católicos, existiendo solo algunos casos en que alguno de ellos se refirió al transformismo en términos críticos; empero estas menciones son a título personal, destacando por sobre todo el antagonismo hacia las proposiciones efectuadas en Sobre el origen de las especies.
La respuesta católica en Chile, por su parte, se analiza en extenso en el cuarto capítulo, la cual estuvo en la misma línea de las controversias suscitadas en Europa y América Latina. Hay que hacer hincapié, en todo caso, en que a fines del siglo XIX el Estado estaba decidido a separar las funciones que otrora asumía la Iglesia, tales como la inscripción de nacimientos y difuntos, el matrimonio y otras; lo anterior como parte del proceso de secularización de las instituciones del Estado, lo que acarreó una serie de polémicas entre los liberales partidarios de la tutela estatal de las instituciones civiles y los conservadores adeptos y defensores de las posturas clericales (Serrano, 2008). En este marco sociopolítico, por tanto, es donde acontecen las reacciones de la Iglesia chilena frente a las ideas evolucionistas de Darwin y en este plano dichas nociones son consideradas como parte del corpus teórico liberal y anticristiano por parte de los católicos militantes. Por lo que los defensores de la institucionalidad eclesiástica, para defenderse de los ataques de los grupos secularizadores, fundaron la Revista Católica, en la cual se deslizaron las primeras críticas a la Teoría de la Evolución, tal como lo enfatizan los autores. En esta revista escribieron sacerdotes y seglares defendiendo a la fe cristiana y contrariando a los postulados de las tesis del transformismo del científico inglés.
Mención aparte merecen las reacciones de Alfonso Gumucio y Julio Restat. El primero fue un abogado, mientras que el segundo fue un presbítero. Gumucio “redactó una laboriosa refutación del evolucionismo, primero y casi primordialmente, en términos científicos, para concluir con una suma de argumentos filosóficos” (pág. 97). Restat, por su cuenta, es partidario del fijismo y niega cualquier tipo de cambio en las especies; consideraba que la tesis darwianiana era una teoría con descrédito científico.
Una de las pocas críticas que podemos hacerle al texto que analizamos radica en que los autores solo presentan una fecha de inicio de los debates sobre la Teoría de la Evolución y no hay un cierre temporal claro del mismo. Además, hay una mención breve y no sistemática del darwinismo social y la apropiación por los intelectuales chilenos acerca de este dilema en la época, debido a que el darwinismo social y las prácticas eugenésicas fueron un debate recurrente entre los académicos y estudiosos nacionales (Sánchez Delgado, 2014). Junto a esto, faltó la mirada ante de las ideas evolucionistas del científico chileno Carlos Porter, quien fue uno de los naturalistas más importantes hacia fines del siglo XIX e inicios del XX, como el mismo Saldivia lo ha dejado de manifiesto en otro de sus textos.
Lo anterior, por supuesto, no desmerece en absoluto el aporte de estos autores en relación con el tema pues, como ya hemos señalado, viene a cubrir un olvido de los estudiosos de la historia de las ideas en nuestro país. La fortaleza fundamental de la obra de los profesores Latorre y Saldivia, radica en el hecho de que la recepción de las ideas darwinistas ha sido un objeto histórico poco abordado por los estudiosos en Chile. Cabe señalar que la acogida de la Teoría de la Evolución en los contextos iberoamericanos ha motivado la investigación y publicación de varios artículos y libros sobre esta materia, quedando el caso chileno rezagado en relación con los países ibéricos y latinoamericanos. Este retraso es producto de la carencia de indagaciones sobre el tema, principalmente desde la historiografía chilena tradicional y desde la historia de la ciencia en Chile; en consecuencia, el texto de estos autores viene a llenar el vacío que estamos comentando
La Corte Suprema de los Estados Unidos. Funcionamiento y protagonismo en la conformación de políticas públicas. ¿Ficción o realidad?
Get PDFLa Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos encabeza uno de los poderes más importantes dentro del sistema norteamericano. Su protagonismo, no previsto por los padres fundadores, ha sido el resultado de años de evolución. El objetivo del presente trabajo es identificar los presupuestos que reflejan el papel de la Corte en la conformación de políticas públicas, lo cual obedece a la facultad de este órgano de declarar la nulidad de normas o actos del poder Ejecutivo si son considerados contrarios a la Constitución. Desde el funcionamiento de la Corte, su proceso de constitución, la selección de los casos, hasta los tipos de decisiones pueden advertirse los intereses políticos en juego, de manera que constituye una realidad en el contexto actual, el papel decisivo de la Corte en la conformación de políticas públicas.The Supreme Court of United States is one of the most important powers within the US system. Its prominent role, not anticipated by the founder fathers, was the result of years of evolution. The main object of this work is to identify the premises that express the role of the Court in the formation of public policies, which respond to the power to decide about laws and acts from the Executive Branch contrary to the Constitution. In relation to the ways to work, the constitution of the Court, the selecting of cases, the kind of decision by the judicial power it is possible to see political interests, in this way is a reality, in the current context, the special role of the Court in the formation of public policies
¿Hacia un nuevo orden? Reflexiones de un economista sobre política y sociedad.
Get PDFDurante el último decenio Europa ha sido impactada por diversas situaciones que han tenido consecuencias de carácter económico en América Latina y en Chile. Una de ellas, la más reciente, es la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, asunto que en nuestro país por de pronto -entre otras situaciones- ha significado volatilidad en el precio de acciones de empresas, repercutiendo ello en el deterioro en los fondos de pensiones de muchos chilenos. Sin embargo, el efecto de largo plazo no es posible de observar aún.
Pero, desde el año 2007, el orden económico y social establecido después de la Segunda Guerra Mundial ha sido sacudido por una gran crisis sin precedentes cuyo origen, aun siendo económico, deja al descubierto falta de valores éticos y morales en la utilización de los instrumentos financieros y la forma de llevar a cabo políticas económicas por el poder ejecutivo en un gran número de Estados y organizaciones supranacionales. Precisamente sobre este asunto refiere el tema de análisis de esta editorial, que revisa el Doctor en Economía Industrial e Internacional Carlos Gutiérrez Hita, Académico del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico, Campus San Vicente del Raspeig, Universidad de Alicante, España, quien reflexiona desde los fundamentos de la actual crisis económica –aún no superada- sobre cuáles son los posibles caminos del nuevo orden socioeconómico y político que comienzan tras las cenizas de lo que ha sido la primera gran crisis en la era de la globalización. A continuación incorporamos su trabajo.
¿Hacia un nuevo orden? Reflexiones de un economista sobre política y sociedad.
1. Introducción
El año 2007 será recordado por marcar el comienzo de un nuevo orden a nivel mundial. Entonces, al igual que ahora en 2016 la civilización avanza por una senda cuyo trazado está aún indeterminado. La parte del planeta que conocemos como civilización occidental ha sufrido otras alteraciones del statu quo más o menos profundas con anterioridad (las crisis energéticas de los años setenta, las dos guerras mundiales del pasado siglo y la gran crisis de 1929 son algunos ejemplos). Oriente y los países circunscritos en la órbita rusa han experimentado igualmente cambios y revoluciones que con menor o mayor fortuna han alterado el orden establecido, además de participar o ser víctimas de los grandes cambios acaecidos en Occidente. Por último, el continente africano y Latinoamérica han asistido a estos hechos en calidad de actores secundarios, en el sentido de que no han sido partícipes directos en dichos eventos pero si la mayoría de las veces víctimas colaterales de las circunstancias y de los resultados de conflictos entre potencias mundiales o poderes regionales.
Sin embargo, en esta ocasión el shock tiene lugar en varias dimensiones al mismo tiempo. Por una parte, es un cambio a nivel económico, político y social que tiene lugar en países en concreto pero también en áreas económicas estructuradas mediante organizaciones supranacionales, como la Unión Europea. Efectivamente, estas tres dimensiones aparecen más que nunca interrelacionadas como consecuencia de la globalización y, en consecuencia, los cambios en una de ellas no pueden ser entendidos sin tener en cuenta los efectos externos que provocan en las otras. Por otra parte, es un cambio a nivel global y tiene su origen, a diferencia de otras ocasiones, en un crecimiento económico sin precedentes en la historia, tanto por la magnitud del mismo, como por su extensión en el tiempo. En efecto, desde finales de los años 90 y hasta el año 2007 (en algunas regiones incluso hasta 2008) un gran número de países y muchas capas de la población accedieron a niveles de vida no alcanzados hasta ese momento. Sin embargo, esto no redundó en una disminución de la desigualdad: ésta se mantuvo o aumentó. La brecha entre las áreas más favorecidas por el crecimiento económico y aquellas más castigadas por el hambre y las condiciones ínfimas de trabajo no dejó de crecer en estos 3 lustros. Sin embargo, la necesidad de cantidades ingentes de producción industrial propició que –aún en condiciones ínfimas de trabajo- muchas capas de población de países hasta entonces con una pequeña producción industrial en relación al total de su economía, emigrasen del campo a la ciudad y cambiasen su modo de vida desde una existencia eminentemente rural a una incipiente vida de ciudadano industrial. Así, la sociedad pretendidamente próspera que creíamos tener, donde una incipiente clase media parecía afianzarse en muchos países en desarrollo y se estabilizaba en torno a rentas per cápita elevadas en aquellas áreas económicas ya desarrolladas, comenzó a expandir el gasto corriente por encima de la renta futura esperada, que a su vez se sustentaba en percepciones erróneas. Los cimientos de esta renta futura esperada se fundamentaban en un crecimiento económico -en ocasiones de dos dígitos- sustentado en fuentes del crecimiento estáticas, pero no dinámicas. Es decir, en aquellos componentes de la demanda que no generan crecimiento intertemporal como la acumulación de capital humano y el desarrollo del comercio internacional no especulativo, principalmente la expansión urbanística y el incremento de la cantidad de dinero en circulación. En efecto, el consumo interno de un país y el desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras no se mantiene vigoroso si las fuentes del crecimiento no se sustentan sobre bases sólidas y duraderas. En este sentido, es un hecho contrastado y estilizado del crecimiento (utilizando nomenclatura de la teoría del crecimiento económico contemporánea) que éste alcanza estados estacionarios más elevados -con tasas de crecimiento per cápita elevadas- cuando la acumulación de capital se mantiene en el tiempo por encima del nivel de reposición, y esto solo es posible cuando el capital humano contribuye dinámicamente a que dicha acumulación de capital se extienda en el tiempo. Para ello, es necesario que la educación de calidad a todos los niveles esté asegurada, la cobertura social y sanitaria garantizadas y el respeto a las instituciones del estado por medio de la representación ciudadana sea un sentimiento arraigado en la población. En suma, se puede afirmar que el pretendido crecimiento económico no era tal, ya que estuvo sustentado en una expansión financiera del crédito que no estaba respaldada en activos de calidad (fundamentalmente bienes inmuebles sobrevalorados y expectativas de crecimiento futuro sobreestimadas). Las entidades financieras y los bancos emisores ejercieron de padres irresponsables sobre un mundo adolescente que creía en unas posibilidades infinitas de expansión, adormecido por un efecto placebo. El resultado es que al cabo de varios períodos la inflación acaba por sobrepasar los límites esperados y el consumo acaba por resentirse, comenzando la espiral de desempleo e incremento de tipos de interés para frenar el proceso inflacionario. Resultado: un período de estanflación (crecimiento negativo del PIB con tasas altas de inflación) seguido de atonía en los precios y crecimiento económico aún más negativo, aún en un contexto de altos tipos de interés.
No es el objetivo de estas reflexiones analizar los orígenes y fundamentos de la crisis económica que ha asolado una gran parte del planeta, por ello sólo citaré las causas del fenómeno en la medida que ayuden a explicar el porqué de la crisis social que subyace y también supera a la crisis económica. El objetivo de este estudio es aportar mi reflexión sobre los hechos económicos y sociales acontecidos desde 2007 y arrojar luz sobre cuál puede ser el camino hacia una sociedad próspera en ideas y medios materiales, analizando las carencias, peligros, virtudes y enseñanzas que los hechos socioeconómicos recientes han destapado en la sociedad de países con distinto grado de desarrollo y que, a buen seguro, nos llevan a un nuevo equilibrio de fuerzas entre la ciudadanía, sus representantes y las instituciones gubernamentales y aquellas que no dependen de los poderes establecidos (y que hemos aglutinado bajo el nombre genérico de organizaciones no gubernamentales o bien ONGs).
El objetivo, pues, de esta propuesta de investigación es analizar, en primer lugar, cómo la elaboración de normas y la definición de mercados orientados a restringir la competencia, favorece los intereses de una minoría empresarial hegemónica que lleva a la oligopolización de los mercados y a una sociedad polarizada donde amplios sectores de la sociedad no se identifican con los núcleos minoritarios de toma de decisiones. En segundo lugar, como consecuencia de la restricción a la libre competencia, la economía sufre un crecimiento desequilibrado provocando una disminución de los recursos públicos y una mala asignación de los mismos, acentuando la atonía de la economía de mercado y aumentando una brecha social aguda y larga en el tiempo.
El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera. En la sección segunda motivo el tema de estudio estableciendo la hipótesis de partida: la crisis económica es una etapa posterior (y consecuencia) de una crisis social e institucional. En la tercera sección presento y discuto cuáles son los condicionantes que han llevado a esa crisis social e institucional y cómo actúan los mecanismos de trasmisión a la economía. Para ello, y bajo un enfoque socio económico, presento un análisis basado en la economía del comportamiento. Finalmente analizo, a la luz de lo expuesto anteriormente, la situación actual y mi hipótesis en el medio plazo sobre el equilibrio de poderes políticos, sociales y económicos y su repercusión en la desigualdad y la cohesión social no sólo dentro de un país, sino a nivel global entre civilizaciones y áreas geográficas distintas. El artículo concluye con unas breves conclusiones.
2. Los orígenes de la crisis económica y social: una hipótesis.
La crisis económica ha dejado al descubierto que varios aspectos relacionados con la actuación del poder ejecutivo y legislativo deben de ser reconsiderados. El primero, es que antes de que la crisis económica entrase en su fase más aguda ya existía una crisis social e institucional. Y que ambas, la crisis social pero también la institucional, están provocadas por una crisis de valores y de gestión del conocimiento, entendidos ambos de manera amplia: el acceso a la educación en todos sus niveles, la cultura de cada pueblo y etnia, la capacitación profesional y el desarrollo de la investigación básica y aplicada. El círculo se cierra cuando tomamos conciencia de que una crisis económica lleva a una reducción drástica de los recursos públicos y privados destinados al desarrollo del conocimiento, el mantenimiento de un sistema sanitario universal y el sistema de protección social (sobre todo la cobertura al desempleo y el sistema de pensiones). Esta reducción de recursos ensancha la brecha entre aquellos que poseen la riqueza suficiente para acceder a dichos bienes y aquellos que quedan relegados (y excluidos) de los mismos. En efecto, sanidad y educación son bienes en cierto modo intangibles, que se transforman en bienes y servicios concretos por medio del aumento del empleo y la innovación, lo que lleva a poder soportar un gasto elevado y sostenido en el tiempo de las prestaciones sociales. Este círculo virtuoso se convierte en un círculo vicioso cuando la ausencia de recursos destinados a la educación más básica lleva a una sociedad donde la pérdida de valores es la tónica dominante. Si a esto se le suma la cantidad ingente de recursos destinados a la sanidad en un planeta en el que la población es cada vez más longeva, el coctel es fatal.
La ausencia de una clase media instruida provoca la polarización de la sociedad, la pérdida de votantes situados en posturas moderadas (y por tanto en el centro del poder de decisión ya que determinan el resultado de unas elecciones) y la aparición de lobbies políticos y económicos con el fin de preservar un status social y político apoyado en posiciones extremas. Finalmente, la reducción de los mercados por la falta de competencia empresarial e innovación (que profundiza aun más el cisma social) conduce a una estructura de mercado oligopolística, donde los márgenes empresariales de las empresas que sobreviven son, paradójicamente, aún mayores que durante la expansión económica. La razón es que tienen una cuota de mercado mayor al reducirse la competencia ejerciendo así un mayor poder de mercado. A este respecto, es curioso y aún tema de estudio para la teoría económica, cómo las discriminaciones de precios (es decir, la habilidad de las empresas de imponer diferentes precios según el perfil del demandante con el fin de aumentar los márgenes comerciales) funcionan mejor en contextos de bajo crecimiento económico que en economías con altos índices de crecimiento donde la desigualdad social es menor (es decir, donde hay una gran clase media con alto poder adquisitivo). La explicación es que cuanto más polarizados están los poderes adquisitivos, esto es, una relativamente pequeña clase acomodada y una amplia capa de clase media y baja, se puede aprovechar mejor la posición de dominio mediante la imposición de diferentes precios en función de cada perfil de consumo, incrementando los beneficios empresariales y descendiendo el bienestar de los consumidores (e incrementando la desigualdad social).1 Más allá de consideraciones sistémicas – que la actual crisis económica tiene su origen allende los mares con la crisis subprime en Estados Unidos – cabe preguntarse por qué la profundidad de la crisis económica actual y el ritmo de superación de la misma – y la forma en que se supera – es distinto en cada área económica, en cada estado y – aún más – dentro de cada Estado. La respuesta a esta pregunta no es trivial y obedece a consideraciones – e interacciones – entre la economía, la sociedad y las instituciones.
No es trivial el papel que los grupos de poder -lobbies en adelante – tanto políticos como económicos han tenido en el advenimiento de una crisis social e institucional que desemboca en una crisis económica y de Estado sin precedentes en la historia contemporánea (ni siquiera cabe la comparación con la crisis sistémica de 1929 pues ni estaban desarrolladas las instituciones supranacionales, ni muchas a nivel nacional, ni la economía de mercado poseía los instrumentos financieros y técnicos para desarrollarse).
La función que un lobby ejerce en aquella área bajo su dominio no es otra que influir en la toma de decisiones -a nivel económico, político y jurídico- para favorecer intereses de una minoría que, de una forma u otra, están encaminados a maximizar los beneficios económicos derivados de una actividad en un mercado. La forma de conseguir dichos objetivos es posible gracias a una doble vía, a saber:
(i) la influencia sobre el poder legislativo y judicial de lobbies cercanos a los órganos de toma de decisiones, y
(ii) la influencia en los consejos de administración de grandes empresas de agentes económicos al servicio de lobbies empresariales.
El control ex ante – mediante el impulso de normativa regulatoria al servicio de los intereses de un lobby – y ex post – mediante la reducción de la competencia en mercados estratégicos (cartelización, acuerdos verticales de exclusividad y prácticas anticompetitivas en general) – llevan en el corto y medio plazo a una distribución del poder y de la riqueza focalizada y desigual, donde un reducido grupo privilegiado acapara gran parte de la riqueza y la toma de decisiones. En este estadio entra en juego el papel del conocimiento como bien público –que debería ser de libre acceso y no rival-. El acceso al conocimiento se puede limitar mediante la imposición de altas tasas de entrada al sistema, sobre todo en las etapas de educación superior, y también segregar, mediante la elaboración de sistemas educativos donde la enseñanza pública sea dotada con pocos recursos y la enseñanza privada (o concertada como se conoce en algunos países de habla hispana) goce de acceso a mayores recursos indirectamente. Irremediablemente en el largo plazo el capital humano a nivel agregado decrece, limitando la productividad y los salarios, reduciendo el mercado potencial y – como fruto de esto – la inoperatividad de unas normas y una legislación pensadas para favorecer la actividad económica encaminada a preservar los privilegios establecidos mediante el mantenimiento de los beneficios empresariales en aquellos lobbies que apuntalan el sistema. Sin embargo, el deterioro del mercado vía aumento del desempleo y descenso de salarios lleva a un empobrecimiento de muchas familias. Y en este punto es donde la brecha social consecuencia de la falta de responsabilidad social de los lobbies y aún más de las instituciones puede ser víctima de su propia estrategia.2 En un contexto supranacional (como por ejemplo la Unión Europea) donde cada estado es solo parte de un ente económico donde la convergencia – similitud – económica es necesaria para el funcionamiento del sistema el final es predecible: un ajuste presupuestario desmesurado que, manejado por los mismos lobbies que han creado la situación, recae sobre los más débiles socialmente y sobre aquellas estructuras molestas para el ejercicio de actividades anticompetitivas.
3. Competencia imperfecta y desigualdad
Los fundamentos de la economía de mercado en la tradición de los economistas clásicos se apoyan en conceptos individualistas y, en particular, en el concepto de óptimo de Pareto. Brevemente explicado, los economistas postulamos que una asignación (léase un reparto de los bienes y servicios entre la población) constituye un óptimo de Pareto si en dicha asignación es imposible mejorar la situación de al menos un agente (ciudadano, empresario…) sin empeorar la de otro. A primera vista esto parece un buen criterio pero, sin embargo, adolece de no tener en consideración la equidad. Efectivamente, una situación en la que un reducido grupo de agentes tenga el 90% de los recursos o bienes finales y el resto de la población tenga sólo el 10% restante constituye una asignación óptimo paretiana, ¡incluso que un reducido grupo tenga todo y el resto nada! Estos dos sencillos ejemplos dejan al descubierto algo que una gran parte de los gobiernos occidentales empezaron a tener en cuenta después de la Segunda Guerra Mundial: la reducción de la desigualdad mediante el desarrollo de la clase media. Además, esta clase media sustentaría una actividad económica vigorosa, vía consumo privado e inversión, favoreciendo una recaudación suficiente para mantener una inversión pública en el tiempo. Por supuesto, en los países centroeuropeos esta tesis llevaría al desarrollo de la socialdemocracia mientras que en otros de tradición anglosajona (principalmente Estados Unidos, Reino Unido y los países en su órbita de influencia) el Estado quedó reducido a la prestación de servicios básicos la mayoría de las veces externalizados en empresas privadas que cubrían el servicio.
La forma de llevar a cabo tan ingente tarea fue postulada tras la Gran Depresión por John Maynard Keynes en sus innumerables conferencias académicas y de divulgación y en su libro Teoría general del empleo, el interés y el dinero. Su receta era sencilla: el Estado debía inyectar en la demanda agregada suficientes recursos para hacer que ésta se reactivase. Tal cosa sólo era posible mediante un incremento del gasto público y un sistema impositivo estructurado y con una gran base recaudatoria. La receta parecía buena salvo por que siempre se le acusó de cortoplacista. En efecto, una cantidad demasiado grande de recursos públicos desplaza a la inversión privada, pero el sostenía que si la economía está deprimida y el Estado tiene capacidad para endeudarse éste era un mal menor, porque tarde o temprano la inversión privada se reactivaría.3 Sin embargo, el mundo se preparaba ya para la segunda contienda mundial y sus recetas esperaron –quizá de forma deliberada- a que la destrucción total diese paso a la mayor inversión pública por parte de los gobiernos occidentales en el siglo XX. Tal inyección de recursos públicos dio lugar a que por primera vez en muchos países se dispusiera de sistemas de salud estructurados, sistemas de educación primaria y secundaria, redes de carreteras y enajenación por parte del estado de ferrocarriles y otros servicios públicos (explotados como monopolios naturales por parte de los gobiernos).4
Hasta la década de los años 80 la capacidad de los gobiernos para endeudarse fue alta. Sin embargo, en muchos países de la OCDE el nivel de endeudamiento mediante deuda pública y los déficits acumulados comenzaron a ser preocupantes. El desarrollo de la economía financiera, es decir, la capacidad para poner en contacto ahorradores y prestamistas, y la instrumentación de activos destinados a la expansión del crédito y la estructuración de los riesgos, permitieron momentáneamente rebajar los niveles de alarma. De hecho, en la década de los noventa comenzó una etapa de expansión económica larga y exuberante. En efecto, en un contexto de economía global, donde sobre todo China y el resto de los países asiáticos entraron en el mercado –como compradores y productores a bajo precio- el mercado inmobiliario y de infraestructuras públicas se reveló como un jugoso filón donde sustentar el crecimiento de activos, a priori, sin riesgo. Si la expansión económica es duradera, las expectativas de crecimiento se mantienen, y la expansión monetaria autoalimenta la demanda. El problema fue que el crecimiento fue muy rápido y la inflación comenzó a incrementarse rápidamente en un contexto de tipos de interés bajos. Cuando éstos comenzaron a subir -también rápidamente- ya era tarde.
Venezuela energética: propuesta para el bienestar y progreso de los venezolanos: de Leopoldo López y Gustavo Baquero. Venezuela: Editorial Dahbar, 2017, 322 pp. ISBN: 978-980-425-016-3
No full textLeopoldo López y Gustavo Baquero, autores de la obra Venezuela energética: propuesta para el bienestar y progreso de los venezolanos, han puesto en el debate nacional, regional e internacional, una propuesta que intenta innovar en la relación tradicional de distribución de la renta petrolera, mediante la creación del Fondo Patrimonial de los Venezolanos (FPV).
El análisis se inserta en un momento histórico complejo, particularmente porque se trata del país con una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, que durante muchas décadas, a partir de 1943, estuvo liderando, junto a Estados Unidos y México, la lista de los principales productores y exportadores de petróleo; sin embargo, en la actualidad su portentosa industria petrolera se encuentra en una situación de crisis inédita, caracterizada por la pérdida constante de su producción y sometida a medidas de restricción de sus exportaciones, como parte de una crisis mayor que sacude al país caribeño.
Como consecuencia de esta grave situación, que además ha tenido un efecto directo en las constantes y recurrentes fallas del sector eléctrico, pueden explicarse en gran medida las dificultades económicas, sociales, políticas, militar y de migración que atraviesa Venezuela.
Como punto previo quisiera destacar también que Venezuela energética se publica en un país con una tradición y fecundidad literaria muy particular acerca del tema. De hecho, sobre el aspecto central de la obra otros autores han desarrollado propuestas similares pero con distintos matices. Me refiero al libro El petróleo como instrumento de progreso. Una nueva relación Ciudadano-Estado-Petróleo, de los académicos Pedro L. Rodríguez S. y Luis R. Rodríguez P. En este sentido cabe mencionar que, para el análisis de la obra en comento, fue necesario realizar una revisión bibliográfica comparada para la verificación de los valiosos datos aportados.
La obra de López y Baquero, convertida en bibliografía de obligatoria consulta, representa un esfuerzo extraordinario que contextualiza los éxitos y fracasos de la industria petrolera venezolana (IPV), con la mirada puesta en un modelo novedoso, donde los beneficiarios principales deben ser sus accionistas originarios; es decir, todos los venezolanos y, en ese sentido, la propuesta puede ser vista desde diferentes perspectivas. Desde categorizarla como un sueño o una utopía, hasta concebirla como una hoja de ruta que lleva implícito un proceso de transformación político, financiero, tecnológico, social, cultural y geopolítico, para alcanzar lo que Leopoldo y Gustavo han llamado la mejor Venezuela. De cualquier modo, encarna un análisis y un estudio agudo que ha puesto sobre la mesa una cuestión clave que debe considerarse.
La obra está dividida en tres partes. La primera titulada “Los primeros 100 años”, aborda históricamente un período de diez décadas, desde el otorgamiento de las primeras concesiones y el consecuente control absoluto de todas las actividades por parte de las compañías transnacionales, pasando por las incipientes iniciativas de participación del Estado, hasta lograr los primeros beneficios fiscales importantes, mediante el diseño de la política del fifty–fifty, a partir de 1945 (pp. 64-70).
Hechos internacionales, como la crisis generada por la nacionalización de la industria petrolera mexicana y la Segunda Guerra Mundial, que excluyó a México como proveedor seguro de los aliados, convirtieron a Venezuela en el principal suministrador de crudo en el conflicto, de lo cual se derivaron inimaginables beneficios económicos para el país. En este proceso la IPV pasó a ser manejada exclusivamente por los venezolanos (a partir de 1976), hasta alcanzar el zénit mediante la internacionalización y consolidación como una de las industrias más eficientes y mejor gerenciadas del mundo (pp. 91-103).
En la segunda parte, denominada “Entorno energético mundial, potencial de Venezuela y desempeño de la Pdvsa actual”, los autores se centran en analizar la vigencia del petróleo como motor de la economía mundial y el papel que juega y seguirá jugando la IPN para Venezuela, no sin dejar de considerar los aspectos esenciales que explican el desempeño actual de la misma (pp. 140-159).
En la tercera parte, llamada “La propuesta”, los autores desarrollan su visión de cómo instituir un FPV, entendida en el marco de un nuevo esquema de distribución de las riquezas provenientes de la explotación y comercialización de hidrocarburos, donde cada venezolano mayor de edad recibiría una alícuota en divisas para cubrir necesidades como: a. Póliza de hospitalización, cirugía y maternidad; b. Garantías financieras para obtención y/o remodelación de viviendas o para gastos educativos y c. Fondo de ahorro para pensión (pp. 263-279).
La propuesta, no obstante, debe afrontar unos desafíos que probablemente los autores no imaginaron y tiene que ver con la magnitud de la crisis económica del país y de la IPN en particular. Por lo tanto, para pensar en su viabilidad, antes hay que enfrentar una serie de variables conocidas y otras por conocerse, que exigirán de manera urgente la inversión de miles de millones de dólares, lo que podría afectar, sin duda alguna, la posibilidad de financiar el proyecto del FPV formulado por los autores.
Entre tales variables podemos destacar:
1.
La necesidad de contar con inmensos recursos financieros para:
a. La reconstrucción y reestructuración de la Industria Energética Nacional (petróleo, gas y electricidad).
b. Enfrentar los altos costos de la deuda externa.
c. La reconfiguración de otros servicios públicos básicos, como agua, saneamiento, salud y vivienda, entre otros.
d. El costoso precio de combatir y reducir los altos niveles de pobreza y pobreza extrema.
2.
Transformaciones en los ámbitos legal y comercial:
a. Modificación de relaciones contractuales con países del ALBA, Petrocaribe y el Fondo Chino, que producen grandes pérdidas y daños patrimoniales al país.
b. Enfrentar las demandas contra PDVSA y sus filiales a nivel internacional y los altos costos que ello genera.
c. Recuperación de mercados petroleros perdidos.
d. Rescate del propio mercado interno de derivados de hidrocarburos.
3.
Nuevos escenarios en el ámbito geopolítico:
a. El surgimiento de nuevos competidores en la región, como Brasil, que se apuntala como gran exportador de petróleo, Estados Unidos, que ya se ha convertido nuevamente en una potencia petrolera, México que aspira a recuperar su sitial como exportador de crudo, y Canadá, que ya ha asumido ese rol penetrando el mercado norteamericano.
b. El crecimiento de las energías renovables en el mundo, que han demostrado no solo el potencial y la viabilidad económica, sino que ya constituyen una opción clara en el mediano y largo plazo de muchos países que hoy demandan hidrocarburos.
c. Las prohibiciones de circulación de vehículos diésel en grandes ciudades europeas a partir de 2019 y la presión sobre los vehículos a gasolina, que antes de 2040 deberían dejar de circular en muchas ciudades del mundo, particularmente en Europa.
d. Descubrimientos de nuevos yacimientos de hidrocarburos.
4.
IIInnovaciones en el ámbito tecnológico:
a. Las nuevas tecnologías están modificando, a través de nuevos equipos y maquinarias más eficientes, los patrones de consumo de hidrocarburos.
b. El avance de la cultura del ahorro energético afectará cada vez más la movilidad y el consumo de petróleo, gas y carbón.
c. El avance de las tecnologías alternativas para el uso en el transporte, como la electricidad, reducirán los mercados de derivados de hidrocarburos.
d. El avance de las baterías de almacenamiento de energía eléctrica afectará también el consumo de derivados de petróleo.
5.
Adaptaciones normativas en el ámbito nacional y global:
a. Las presiones y compromisos internacionales derivados del Acuerdo de París y otros instrumentos jurídicos, que comprometen a los estados a reducir sus Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (EGEI) para proteger la vida sobre el planeta y enfrentar el cambio climático, se corresponden con la ruta que marcan el desarrollo sostenible y la agenda 2030, que pretende acelerar y consolidar un nuevo modelo de generación y consumo de energía en la cual se descartan las energías fósiles.
b. La legislación nacional, que incorpora estándares internacionales en materia ambiental para reducir las EGEI.
c. El activismo judicial ambiental y climático y el papel central que están jugando muchos jueces, tomando medidas para enfrentar los daños ambientales y proteger la salud y la vida de las personas, tendrán efectos importantes en el desarrollo de nuevos proyectos energéticos.
Indudablemente que la propuesta realizada por López y Baquero es desafiante y se suma a diversas iniciativas que buscan una salida y plantean un mejor futuro para todos los venezolanos. Sin embargo, como sugieren los propios autores, la creación de un FPV, debido a sus múltiples implicaciones, debe ser ampliamente analizada y discutida, particularmente porque encarna un nuevo paradigma en una realidad que le es muy adversa. Incluso sería aconsejable examinar si un fondo como el propuesto podría integrarse también con recursos provenientes de otros campos, en los cuales Venezuela cuenta con colosales riquezas naturales. El país, aparte de hidrocarburos, dispone de minerales de alto valor, como hierro, aluminio, oro, bauxita, coltán, diamantes, entre otros, que están siendo sometidos a las mismas presiones de una explotación no sostenible, como la que actualmente padece la industria de los hidrocarburos, tal como se aprecia de los análisis de los autores (pp. 145-156).
Finalmente me gustaría incorporar a la agenda de debate sugerido por los autores, la necesidad de pensar en un nuevo modelo político que vaya acoplándose al proceso de transición energética que Venezuela debe iniciar muy pronto. Dicho proceso, centrado en el modelo energético del futuro, cimentado en las energías renovables y descentralizado, debe responder a otro tipo de relaciones políticas y de gobernanza, teniendo a la descentralización administrativa y de gestión como eje principal
Estudio exploratorio de la investigación científica en el continente antártico chileno en el período 2011-2014
Get PDFThe present article describes the field of Antarctic scientific production from a sociology of science point of view. The aims were the identification of the social conditions for the production of scientific knowledge in 2011- 2014 and the exploration of the material and social conditions in which Antarctic work is developed. A'er meeting the objectives set, we obtained a description of the most relevant features of scientific practice and the role of local scientific networks. The research was carried out from a realistic-oriented epistemological perspective using a Grounded Theory approach of emergent design. We concluded that Antarctic researchers work at a mechanical solidarity level.En el presente trabajo se describe el campo de producción científica antártica desde la sociología de la ciencia. Se buscó objetivar las condiciones sociales de producción del conocimiento científico en investigadores en el período 2011-2014. Se logró obtener una descripción de los rasgos más relevantes de la práctica científica. Se exploró también en las condiciones materiales y sociales en que se desarrolla el trabajo antártico, describiéndose el rol de las redes científicas locales. El trabajo fue abordado desde una perspectiva epistemológica de corte realista, con el enfoque metodológico de la Grounded Theory de diseño emergente. Se concluyó que investigadores antárticos están en un nivel de solidaridad mecánica
El concepto de politicidio en las relaciones intenacionales
Get PDFLos estados, en su generalidad, nacen y se desarrollan a la sombra de un sentimiento permanente de temor frente a las otras entidades. La estructura misma del sistema internacional, anárquico, determina diversas percepciones de amenaza, una de ellas es la absoluta, es decir la aprehensión a observar su autonomía e integridad territorial menoscabada. Un tipo extremo, pero común de percepción de amenaza, es la del “politicidio”, esto es ser objeto de un sentimiento de aniquilamiento o extinción de la forma estatal. Hoy, frente a las visiones integracionistas, cooperativas y colaborativas dominantes, es esencial observar la evolución de las percepciones de amenaza a fin de evaluar la naturaleza de los cambios y ver cómo podrían proyectarse en el futuro.States, in its generality, are born and developed in the shadow of a permanent sense of fear against other entities. The very structure of the anarchic international system introduces various threat perceptions; one is absolute, ie the apprehension to observe their autonomy and territorial integrity undermined. The Politicide, is an extreme but common type of threat perception, that means being object of a feeling of annihilation or extinction of the state form. Today in front of integrationist vision, cooperative and collaborative dominant, it is essential to observe the evolution of threats perceptions in order to assess the nature of the changes and how they could be projected into the future
Evaluación del carácter socialdemócrata del gobierno de Michelle Bachelet
Get PDFThis paper tries to determine what social democratic features has the Chilean government which is led by Michelle Bachelet. To achieve the purpose of this study the main three reforms included in her manifesto and the principles of the European social democracy will be contrasted.El presente trabajo intenta determinar qué características socialdemócratas tiene el Gobierno chileno presidido por Michelle Bachelet. Para conseguir el propósito de este estudio, se contrastarán las tres principales reformas incluidas en el programa de Gobierno con los principios de la socialdemocracia europea