Universidad Acción Pro-Educación y Cultura
RI-UNAPEC. Repositorio Institucional de la Universidad APECNot a member yet
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La ciencia despeja el enigma de su incógnita
No full textWalter Caracas-Berríos:
Maestría en Comunicación Corporativa con especialidad en Relaciones
Públicas, M.I.E., España. Maestría
en Ciencias Aplicadas, Universidad
de Camagüey-Universidad APEC
(Unapec). Postgrado en Plataformas
Virtuales de la Enseñanza (Educa),
Argentina. Postgrado en Historia de
Nicaragua, Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua. Investigación científica por la Universidad
Complutense de Madrid, España.
Licenciatura en Sociología de la Comunicación, Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua. Diplomados en Diseño Gráfico, Escuela de
Artes Plásticas de Managua, Nicaragua. Artesanías y Artes Populares,
Escuela de Antropología, MIE, España. Investigador de Cedempresa,
R .D.; investigador del Centro de Investigación Social de la Universidad
de Uppsala, Suecia. Centro de Análisis Sociocultural de la Universidad
Católica de Lovaina, Bélgica. Centro
de Investigación Social Iztani, Managua. Centro de Investigación de
la Costa Atlántica Cidca, Bluefields,
Nicaragua.
Ha publicado artículos científicos
y culturales en La Prensa Literaria;
Ventana de Barricada Internacional;
Nuevo Amanecer Cultural, de Nicaragua; diario La Nación, de Costa Rica,
y Areíto, del periódico Hoy. También
en las revistas académicas Ágora, Estudios Generales y Pensamiento, de
Unapec. Productor de documentales
para Jornada Extra, del canal 2 de
Tele Antillas; y colaborador de Radio
Educativa Dominicana. Ha presentado ponencias académicas en congresos internacionales.RESUMEN:
En esta problemática del desarrollo de la
ciencia, la sociología del conocimiento busca
comprender cómo ha sido la incidencia social
de las habilidades blandas y duras aplicadas
en los diversos escenarios de producción del
trabajo especializado, como resultado de la
educación pasiva (educare)¹ que adaptó a individuos, grupos y organizaciones sociales a
la función mecánica. Esa es una de las tantas
causas por las que la ciencia es una incógnita
para los sectores excluidos de la producción
científica, lo que retarda nuestra inclusión
como productores en la cuarta revolución
industrial. Por lo cual este estudio se centra
en la diversidad social que posee competencias a nivel nacional, pero con perfiles socioculturales diferentes, como los siguientes: 1)
instrumentalizado y 2) repetitivo. Mientras
que su antítesis, producto de una educación
activa (educere),² se dedica a la tímida tarea
de descubrir la esencia de todo lo que se manifiesta como un enigma del universo desde
los perfiles socio culturales: 3) creativo y 4)
independiente. Y desde cada perfil se identifican las causas que obstaculizan el desarrollo
científico-técnico para inventar, en un país emergente donde ya está presente la inteligencia
artificial (IA) desarrollada por la inteligencia
humana (IH). // ABSTRACT
In this problematic of the development of Science,
the Sociology of knowledge seeks to understand
how the social impact of soft and hard skills
applied in the various scenarios of production
of specialized work, has been as a result of
passive education (educare)1 that adapted
individuals, groups and social organizations
to the mechanical function. This being one of
the many reasons why science continues to be
an unknown for those sectors excluded from
scientific production, thus delaying our inclusion
as producers in the fourth industrial revolution.
Therefore, this study focuses on the social
diversity that has competencies at a national
level, but with different sociocultural profiles
such as the following: 1) instrumentalized and
2) repetitive. While its antithesis, the product
of an active education (educere),2 is dedicated
to the timid task of discovering the essence of
everything that manifests itself as an enigma of
the universe from the sociocultural profiles: 3)
creative, as well as 4) independent. And from
each profile, identify the causes that hinder
scientific-technical development to invent in an
emerging country where artificial intelligence
(AI) developed by human intelligence (HI) is
already present
Mitos y realidades de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el nuevo Código Penal
No full textCarlos Gómez-Jara Díez, es abogado, profesor de Derecho Penal y socio fundador de Corporate
Defense. Ejerce su actividad profesional en España y Estados Unidos
y ha participado en procedimientos
en ambas jurisdicciones, al representar los intereses de particulares
y de entidades financieras públicas
y privadas. Amplia experiencia en
procedimientos penales económicos
complejos, especialmente a raíz de la
crisis bancaria española. Considerado experto en responsabilidad penal
de las personas jurídicas y en derecho
penal europeo.
Doctor en Derecho, Columbia University; profesor acreditado de Derecho Penal. Imparte clases y conferencias en diversas universidades y
centros; autor de más de un centenar
de publicaciones sobre derecho penal
económico, entre las que destacan
Tratado de Responsabilidad Penal de
las Personas Jurídicas (Civitas, 2016)
y las monografías Actor corporativo y
delito corporativo (Aranzadi, 2020),
Compliance penal y responsabilidad
penal de las personas jurídicas (Aranzadi, 2020), El Tribunal Supremo ante
la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Aranzadi, 2019, 2ª
edición), Garantismo Penal Europeo
(Iustel, 2017) y European Federal Criminal Law (Intersentia, 2014).
Incluido en los directorios jurídicos
más importantes a nivel nacional e
internacional (Best Lawyers, Chambers and Partners, Legal 500), como
uno de los abogados de referencia
en España en el área de Derecho penal. Fue galardonado con el premio
“Best 40 Under Forty” otorgado por
Iberian Lawyer (España y Portugal);
así como con la distinción Harlan
Fiske Stone Scholar de la Universidad de Columbia, EU. Miembro del
Colegio de Abogados de Madrid, de
la American Bar Association y del
New York City Bar. Forma parte del
Legal Experts Advisory Panel, de
Fair Trials International. Es miembro del Comité Técnico de los estándares ISO 19600 Compliance Management Systems Guidelines; ISO
37301 Sistemas de gestión de compliance, requisitos con orientación
para su uso; ISO 37001 Antibribery
Management Systems, y UNE-ISO
19601 Sistemas de gestión de compliance penal, requisitos con orientación para su uso.RESUMEN
El sistema establecido por el nuevo Código
Penal es coherente y bien articulado. Establece requisitos razonables para la imposición de
una pena a una persona jurídica, y se aleja de
los criterios civilistas que por un lado tienden
a la objetivación de la responsabilidad, mientras que por otro lado tienden a desfigurar la
naturaleza de la pena.
Es probable que el hecho de incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el
ordenamiento penal dominicano cause una
reacción adversa en una parte del empresariado dominicano, y que este alegue que no
es necesario incluir la sanción penal puesto
que ya existen otros ámbitos sancionadores;
sin embargo, eso también se podría alegar con
relación a las personas físicas, sobre las que
también pesan numerosas disposiciones sancionadoras en otros ámbitos. Si tales razonamientos por parte de las personas físicas no
tienen acogida, tampoco deben tenerlo respecto de las personas jurídicas. No hay que
olvidar que la responsabilidad penal es un índice de la posición que ocupan los sujetos en
la sociedad.// ABSTRACT
The system established by the new Penal Code
is coherent and well-structured. It sets forth
reasonable requirements for imposing criminal
penalties on legal entities, departing from civil law
criteria that, on one hand, tend to objectify liability
and, on the other, distort the nature of punishment.
The inclusion of corporate criminal liability in
the Dominican criminal justice system is likely to
provoke resistance from segments of the Dominican
business sector, who may argue that criminal
sanctions are unnecessary given the existence of
other regulatory mechanisms. However, similar
arguments could be made regarding natural
persons, who are also subject to various sanctions
in other legal domains. If such reasoning is not
accepted in the case of individuals, it should not
be accepted for legal entities either. It is important
to remember that criminal liability reflects the role
individuals and entities hold within society
El problema y la solución a nuestros residuos: un turismo sostenible
No full textJosé Felipe Beltrán Hormaechea, Presidente de EcoServices Dominicana;
miembro del comité directivo de la Red
Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored). Representante para República Dominicana del sello
ambiental y de turismo sostenible The Global Sustainable Tourism Council (GSTC),
Travelife sustainability certification y Green
Globe Standards for Sustainable Tourism.
Además, es auditor interno de las normas
ambientales ISO 14001.
Miembro del comité de sostenibilidad de
la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE). Consultor de cadena valor
del turismo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del programa internacional para la gestión de residuos CCBO del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; también es
voluntario de la Fundación de Ecoturismo
Responsable (Fecoture). Profesional en Derecho de la Universidad de las Islas Baleares
(UIB), homologado en Ciencias Empresariales, Marketing y Relaciones Públicas de la
escuela de Negocios ESERP Digital Business
& Law School. Posee la certificación profesional Doing Global Auditor Biospher, por
la Universidad de Salamanca, España.
En República Dominicana, es egresado del
Diplomado en Educación, del Instituto de
Formación Técnico Profesional (Infotep) y
del Diplomado en Gestión Integral de Residuos Sólidos, de la Universidad Pedro Henríquez Ureña, Unphu. Además, se ha desempeñado como catedrático en turismo
sostenible en la Universidad Iberoaméricana (Unibe). Es autor del libro Líderes con
propósito: acción desde la sostenibilidad,
publicado en diciembre de 2024.Resumen:
El artículo analiza el problema del manejo de residuos sólidos en zonas turísticas, especialmente en el área de
Verón-Bávaro-Punta Cana. Se destaca la
falta de conciencia ciudadana, la debilidad
institucional en la recolección y disposición
final, y la necesidad de que las empresas
asuman su responsabilidad ambiental. Se
critica la saturación de vertederos ilegales
y la falta de centros autorizados, y se propone como solución la creación de nuevos
centros de transferencia cercanos para clasificar los residuos reciclables y orgánicos;
además de fomentar el compostaje y el uso
de residuos para biocombustibles. También
se aborda el tratamiento adecuado de residuos peligrosos, como pilas, aceites y
desechos tóxicos. El autor subraya que debemos ver la basura como un recurso que
puede generar beneficios económicos, ambientales y sociales; tanto para la comunidad como para el sector turístico, para fortalecer así la sostenibilidad del destino. // Abstract:
This article collects, from different
perspectives, our vision regarding the
opportunities represented by the selective
collection of recoverable waste and
its positive impact on the sustainable
development of tourism in the Dominican
Republic. The causes of ineffective solid
waste management are addressed,
particularly in the eastern region of the
country, and a set of possible solutions are
proposed to overcome the challenges faced
by the economic sectors of the eastern
region around the final disposal of waste
Requisitos para indizar revistas cumpliendo con las características del Catálogo 2.0 de Latindex
No full textAmarilis Beltré Méndez, MDB, MIGU (biografía): Tiene el grado de máster en Bibliotecas y Servicios de Información Digital de la Universidad Carlos III de Madrid; y en Gestión universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares. Es, además, licenciada en Informática por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se ha diplomado en Gerencia y Supervisión; Servicio al Cliente; y Administración Estratégica por la Universidad Domínico-Americana. Asiste con regularidad a los eventos regionales y foros de discusión de los temas actuales de la bibliotecología y ciencias de la información. Ha impartido varios cursos y talleres: En las áreas de bibliotecología e informática: Tecnología para la información e investigación en salud, Alfabetización Informacional y desarrollo de competencias informacionales, gestión de la información, automatización, gestor bibliográfico Zotero, uso óptimo de las bases de datos y informática I y II; y Redes. Actualmente es coordinadora de Latindex-RD; Directora de la Biblioteca "Fidel Méndez Núñez" de la Universidad APEC; Encargada de la Biblioteca del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC).La presentación elaborada por Amarilis Beltré aborda los requisitos necesarios para que una revista científica o académica pueda ser incluida en el Catálogo 2.0 de Latindex. Se explica la diferencia entre el Directorio, que funciona como un inventario general de revistas académicas, y el Catálogo, que selecciona aquellas con estándares de calidad editorial. Para postular, la revista debe contar con al menos dos años de publicación en línea, tener un sitio web oficial, ofrecer acceso abierto a sus contenidos y cumplir con un conjunto de 38 características distribuidas en cinco áreas: aspectos básicos, presentación, gestión editorial, contenido y edición digital. La autora resalta la necesidad del compromiso institucional, la asignación de presupuesto, la formación de personal capacitado y el uso de herramientas como el Open Journal Systems (OJS). También se presentan estrategias para fortalecer la visibilidad de la producción académica y se enumeran los factores clave para lograr la sostenibilidad, como la mejora continua, la infraestructura tecnológica y la indización en bases de datos reconocidas
Gestión sostenible de residuos en el Programa de Alimentación Escolar en República Dominicana
No full textAndrea de los Santos Gelvasio es Doctorado en Educación y Comunicación
Social; con maestrías en TIC, en Educación
y Formación, Gestión Educativa y Educación Especial. Postgrados en Estadística
Aplicada a la Investigación, y Acompañamiento Pedagógico e Investigación Educativa. Asesora técnica por el Ministerio de
Educación, docente de grado y postgrado, gestora de proyectos educativo y de
formación docente. // Jesús Manuel Soriano Alcántara es Doctor en Educación y Comunicación Social, de la Universidad de Málaga. Maestría en Planificación y Gestión Educativa y
Maestría en Dirección de Organizaciones
Educativas y Especialidad en Matemática Aplicada, todas de la Universidad Politécnica de Valencia. Director del Centro
de Empleabilidad y del Campus Digital de
la Agencia Universitaria de la Francofonía
(AUF), en Unapec; coordinador de proyectos de formación docente en Unapec y asesor técnico del Ministerio de Educación.
Profesor de grado y posgrado; consultor
en el desarrollo de proyectos educativos,
investigación educativa y programas de
formación docente. Fue regional del Ministerio de Educación, director del Politécnico
Ciudad del Conocimiento y del Politécnico
Promapec. Ha publicado artículos científicos en revistas indexadas de relevancia internacional abordando temas vinculados al
campo educativo, y ha participado y coordinado el desarrollo de estudios importantes sobre temas vinculados al sistema
educativo dominicano.Resumen:
El presente artículo analiza la gestión sostenible de residuos sólidos en el marco del
Programa de Alimentación Escolar (PAE) en
la República Dominicana. Esta investigación, de enfoque cualitativo, se desarrolló
mediante una revisión documental de
normativas legales, estadísticas oficiales y
publicaciones académicas. Los resultados
evidencian alta generación de residuos
por parte del PAE, particularmente en las
modalidades de desayuno escolar y la existencia de algunas estrategias de reciclaje
aisladas desarrolladas en algunos centros
educativos. Se concluye que, aunque el PAE
constituye una política pública de gran impacto social, requiere de la incorporación
de enfoques de sostenibilidad ambiental
que integren la educación ambiental, la
economía circular, entre otras estrategias
orientadas a fortalecer la cultura ecológica
escolar y el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). // Abstract:
This article analyzes the sustainable
management of solid waste within the
framework of the School Feeding Program
(PAE) in the Dominican Republic. This
qualitative study was conducted through
a documentary review of legal regulations,
official statistics, and academic publications.
The findings reveal a high level of waste
generation by the PAE, particularly in the
school breakfast modalities, as well as the
presence of isolated recycling strategies
implemented in some educational centers.
It is concluded that, although the PAE
represents a public policy with significant
social impact, it requires the incorporation
of environmental sustainability approaches
that integrate environmental education, the
circular economy, and other strategies aimed
at strengthening the school’s ecological
culture and advancing the achievement of
the Sustainable Development Goals (SDGs)
La jurisdicción contencioso administrativa interpretada por el Tribunal Constitucional dominicano
Full text linkFranklin Concepción Acosta es Licenciado en Derecho, Universidad
APEC, Unapec, 2001, Índice de Honor. Capacitación de Aspirantes a
Jueces de Paz de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), 2005, equivale a Máster en Administración de
Justicia. Maestría en Derecho Constitucional, Universidad Iberoamericana, Unibe, 2010. Máster en Derecho de la Administración del Estado, Universidad de Salamanca, USAL, España, 2011. Maestría en Derecho
Tributario y Procesal Tributario, Universidad Autónoma de Santo
Domingo, UASD, 2018. Doctor en Derecho, Programa Administración,
Hacienda y Justicia en un Estado Social, USAL, Cum Laude, 2023.
Docente de grado y postgrado de Derecho Constitucional, Administrativo y Tributario, en: Escuela
Nacional de la Judicatura (ENJ), Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), Unibe, UASD, Utesa,
Unphu, Pucmm, USAL y Unapec. Reconocimiento del Colegio de Abogados de República Dominicana, 2013;
Distinción de Honor de Unapec, 2016; Reconocimiento de la Escuela
Nacional de Abogados, ENA, 2017. Profesor del Año y de la Escuela de
Derecho 2023, UASD. Miembro del Comité Científico Internacional de la revista de Derecho
Constitucional, del Tribunal Constitucional. Juez de Paz para Asuntos
Municipales, Boca Chica, 2006; juez en funciones de Atención Permanente, provincia Santo Domingo,
2007-2009; juez de la Primera Sala del Juzgado de Trabajo, misma provincia, 2010-2012, y juez presidente
del Juzgado de Trabajo, 2012. Desde 2013 se desempeña como juez del
Tribunal Superior Administrativo y actual presidente de la Quinta Sala
de ese tribunal. Es autor de los libros El precedente constitucional en
la República Dominicana, Apuntada Ley No. 107-13 sobre los derechos de
las personas en sus relaciones con la Administración y de procedimiento
administrativo, Teoría de las vías de ejecución en el Derecho Administrativo y Los referimientos; así como de
varios artículos publicados en la revista Gaceta Judicial y otras revistas indexadasLa jurisdicción contencioso-administrativa fue configurada constitucionalmente como
una garantía esencial del estado social y democrático de derecho, porque constituye un
mecanismo creado para controlar que la administración pública actúe de forma subordinada al marco jurídico que regula su actividad (la Constitución, las leyes y los reglamentos), lo que permite a los ciudadanos acudir a un
control judicial. Con la entrada en vigor de la modificación Constitucional de 2010, la jurisdicción adquirió connotaciones y papeles trascendentales para la vida de la nación. Además de sus atribuciones ordinarias de control judicial, a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo de la administración pública se le confió́ un control permanente en derecho al establecer el artículo 165, numeral 2, que tiene atribuciones para conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la administración del Estado y los particulares, lo que la convirtió́ también en juez de la Carta Fundamental del Estado. En ese sentido, es necesario conocer las interpretaciones realizadas por el Tribunal Constitucional (TC) con relación a esa jurisdicción especializada, así como el alcance de sus atribuciones judiciales. // The contentious-administrative jurisdiction was constitutionally configured as an essential guarantee
of the social and democratic rule of law because it constitutes a mechanism created to control that the
public administration acts in a subordinate manner to the legal framework that regulates its activity (the
Constitution, laws, and regulations), which allows citizens to resort to judicial control.
With the entry into force of the 2010 Constitutional amendment, the jurisdiction acquired transcendental
connotations and roles for the life of the nation. In addition to its ordinary powers of judicial control,
the contentious-administrative jurisdiction of the public administration was entrusted with
permanent control in law by establishing article 165, paragraph 2, which has powers to hear
contentious appeals against acts, actions, and dispositions of administrative authorities contrary
to the law because of relations between the State administration and individuals. which also made
her a judge of the Fundamental Charter of the State. In this sense, it is necessary to know the
interpretations made by the Constitutional Court (TC) in relation to this specialized jurisdiction, as
well as the scope of its judicial powers
Esencialidad patriótica en la línea discursiva y en el accionar del Tribunal Constitucional de República Dominicana
Full text linkWilson Gómez Ramírez es Doctor en Derecho, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD). Especialidad en Derecho Registral, de la Universidad Ramón
LLull-Esade. Ha realizado estudios constitucionales en las universidades
de Salamanca, Castilla La Mancha y Complutense, de España.
Ha sido presidente de la Asociación Dominicana de Abogados, Adoma; del
Colegio de Abogados de República Dominicana, y de la Federación de Colegios y Agrupaciones de Centroamérica
y el Caribe. Ha sido registrador de Títulos del Distrito Nacional; coordinador
nacional de los Registradores y Registrador de Títulos de San Cristóbal, y director nacional de Registro de Títulos.
Fue juez del Tribunal Constitucional, 2011-2020, y miembro titular de la
Junta Electoral del Distrito Nacional, 1994. Fue profesor de las universidades Tecnológica de Santiago (Utesa),
APEC (Unapec) y O & M Dominicana; a más de invitado especial de maestrías
y diplomados de las universidades Autónoma de Santo Domingo (UASD) e
Iberoamericana (Unibe), así como profesor internacional invitado por el Colegio de Registradores de España para
los cursos de Derecho Registral para los Registradores de Iberoamérica, en la
Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado las obras: Simbología patriótica de República Dominicana, Introducción al estudio del Derecho Inmobiliario Registral, Ética del profesional del Derecho, Efemérides barahoneras, Manual de Derecho Inmobiliario Registral, El sistema inmobiliario registral
y la constitucionalidad del derecho de propiedad, y del Diccionario de Derecho Inmobiliario Registral.Desde su instauración, quedó clara la directriz que seguiría el Tribunal Constitucional en lo
concerniente a la proyección del ideal duartiano y la defensa patria. De hecho, antes de cumplir
su primer aniversario se sometió una moción al Pleno de Magistrados para que el fundador de la
República, Juan Pablo Duarte y Díez, fuera declarado Primer Constitucionalista dominicano, con
el argumento de que el líder trinitario preparó un
Proyecto de Ley Fundamental o Constitución Política en el cual se precisa su apego irrestricto al
Estado de Derecho, al respeto a los derechos y garantías fundamentales, a la defensa de la soberanía nacional y al principio de autodeterminación, entre otros aspectos de singular importancia.
En los discursos del presidente fundador del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara,
está presente el ideal duartiano, así como la vida,
obra y ejemplo del Prócer, como se muestra en el
siguiente fragmento: “Nuestra Constitución, la
más avanzada de Iberoamérica, debe ser la fuente
inspiradora de la revolución democrática duartiana, sustentada en el reino de la Constitución
sobre gobernantes y gobernados, la justicia social,
la prosperidad colectiva y la igualdad de oportunidad para todos. Ese es el mejor homenaje que
podemos rendir a Duarte, al tiempo que servirá
para garantizar la inmortalidad de la República
Dominicana frente a los peligros de un mundo
incierto y complejo”.//Since its establishment, the Constitutional Court
made clear the directive it would follow regarding
the projection of the Duartian ideal and the
defense of the nation. In fact, before completing
its first anniversary, a motion was submitted to
the Plenary of Magistrates to declare the founder
of the Republic, Juan Pablo Duarte y Díez, as the
First Dominican Constitutionalist, arguing that
the Trinitarian leader drafted a Fundamental
Law or Political Constitution which emphasizes
his strict adherence to the Rule of Law, respect
for fundamental rights and guarantees, defense
of national sovereignty, and the principle of selfdetermination, among other aspects of singular
importance.
In the speeches of the founding president of the
Constitutional Court, Dr. Milton Ray Guevara,
the Duartian ideal, as well as the life, work, and
example of the Procer, are present, as shown in
the following excerpt: “Our Constitution, the
most advanced in Ibero-America, must be the
inspiring source of the Duartian democratic
revolution, based on the reign of the Constitution
over rulers and governed, social justice, collective
prosperity, and equal opportunity for all. That
is the best homage we can pay to Duarte, while
also serving to guarantee the immortality of the
Dominican Republic in the face of the dangers of
an uncertain and complex world”
Libertad de expresión y diálogo democrático : diez años de jurisprudencia constitucional
Full text linkNamphi Rodríguez es abogado, catedrático y escritor. Máster en Derecho Constitucional, de la
Universidad de Castilla-La Mancha; Maestría en Ciencias Políticas, de la
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Unphu, y Máster en Derecho Administrativo, del Instituto
Global de Altos Estudios Sociales y la Universidad de Salamanca. Especialista en Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, del Washington College of Law. Realizó estudios de
Derecho Constitucional, en la Universidad Javeriana y la Universidad
La Gran Colombia, ambas en Bogotá; y de Dirección Política en México,
España y Estados Unidos.Ha sido profesor de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Administrativo y Derecho Electoral,
en las universidades Nacional Pedro Henríquez Ureña y Autónoma de Santo Domingo; así como en el Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil.
Es socio-fundador de Jus Legis-Abogados S.R.L y presidente de la Fundación Prensa y Derecho. Su labor
en litigio estratégico ha logrado el mayor número de sentencias ante el Tribunal Constitucional en materia
de libertad de expresión, derecho a la intimidad y derechos políticos.
Ha dirigido la Comisión de Juristas para la Reforma de la Libertad de Expresión en República Dominicana; y se desempeñó como
director ejecutivo de la Comisión del Congreso para la Actualización Constitucional del Ordenamiento Jurídico. Es profesor de Derecho Mediático, Derecho del Consumidor y Derecho Administrativo.El artículo hace un abordaje de los primeros
diez años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión,
y el diálogo jurisprudencial que se ha producido con la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
El autor trata sentencias trascendentales como la TC/0075/16, que despenalizó parcialmente
los delitos de difamación e injuria cuando afectan a funcionarios públicos; o la TC/0200/13,
que define los contornos normativos de las intervenciones estatales a las comunicaciones de
los ciudadanos. Se hace un análisis prospectivo de la reforma legal,
a la luz del precedente vinculante del Tribunal Constitucional y las iniciativas del Poder Ejecutivo para crear un nuevo
marco regulador de la libertad de expresión.//The article provides an overview of the first ten
years of jurisprudence of the Constitutional Court regarding freedom of expression, and the
jurisprudential dialogue that has taken place with the Inter-American Court of Human Rights (IACHR).
The author discusses landmark judgments such as TC/0075/16, which partially decriminalized
defamation and slander when they affect public officials; or TC/0200/13, which defines the
normative boundaries of state interventions in citizens’ communications. A prospective
analysis of legal reform is conducted in light of the binding precedent of the Constitutional
Court and initiatives from the Executive Branch aiming to create a new regulatory framework
for freedom of expression
El impacto del Tribunal Constitucional en la justicia penal dominicana
Full text linkAlejandro A. Moscoso Segarra es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Estudios de posgrado en “Especialista en estudios judiciales”, Magna
Cum Laude, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu); y
“Derechos Constitucionales y Derechos Fundamentales”, Universidad Castilla La Mancha, Toledo.
Maestría en Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), entre otros.
Autor y coautor de obras de contenido jurídico, entre las que destacan 30 años de Coloquios Jurídicos,
Documentos internacionales sobre lavado de activos, Aspectos dogmáticos del lavado de activos en la República Dominicana, 15 años de Jurisprudencia sobre violencia hacia la
mujer, Impacto del Tribunal Constitucional en el Derecho de Propiedad,
Las intervenciones telefónicas y la afectación al Derecho Fundamental
a la Intimidad, Nuevo Código Procesal Penal Comentado, Procesal
Penal: diez años de interpretación 2004-2014, Impacto del Tribunal
Constitucional en la Justicia Penal Dominica 2012-2017, La institucionalidad hímnica dominicana y El
precedente constitucional y judicial: análisis crítico. Homenaje a Michele
Taruffo. Ha escrito artículos para los periódicos Hoy y Última Hora,
para revistas jurídicas dominicanas y es articulista del periódico
Listín Diario. Ha dictado múltiples conferencias en los ámbitos nacional e internacional.
Ha ocupado los cargos de juez de la Suprema Corte de Justicia, 2011-2018; procurador fiscal adjunto del Distrito Nacional; procurador general adjunto de la República Dominicana; director de la revista
Ministerio Público; juez suplente de la Junta Central Electoral; gerente
de formación y capacitación de la Escuela Nacional de la Judicatura,
Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia;
vicepresidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Ejecución de
la Reforma Procesal Penal; procurador fiscal del Distrito Nacional,
miembro de la Comisión Consultiva Adscrita a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo; asistente
del decano de Derecho de la Unphu y luego director del Departamento
de Actividades Académicas Co-curriculares de esa casa de Altos Estudios, donde laboró por dieciocho
años; durante un periodo de quince años fue decano de Derecho de la
Universidad APEC (Unapec), actualmente es decano de la Facultad de Humanidades de Unapec y
miembro del Consejo Directivo de APEC Cultural.Impartió docencia en las universidades Unphu, Unibe y Unapec, especialmente las asignaturas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. También en la “Escuela de Cadetes 2 de marzo” de la Policía
Nacional.Con la modificación de la Constitución del 26 de enero del año 2010, República Dominicana fue
dotada de una Constitución de avanzada en la que se contempla un vasto catálogo de derechos
y amplias garantías fundamentales y procesales. Al reconocer el valor de la norma fundamental,
los tribunales ordinarios reconocen también su sujeción al contenido del texto constitucional.
El Tribunal Constitucional, como intérprete de la Constitución, está llamado a trazar las pautas
del marco interpretativo de los derechos, garan tías y procedimientos del texto constitucional.
El valor que tiene el control concentrado que reposa en el Tribunal Constitucional como brújula que
indica el norte de los designios del constituyente no puede ser suplantado. Una constitucionalización
efectiva requiere que la cultura jurídica de la comunidad interpretativa conformada por los
poderes públicos sea comunicada entre todos, para que así comulguen con la idea de que todas las
normas constitucionales, sean reglas o principios, son normas jurídicas vinculantes y susceptibles de
producir efectos jurídicos.// With the amendment of the Constitution of January
26, 2010, the Dominican Republic was endowed with an advanced Constitution that contemplates
a vast catalog of rights and broad fundamental and procedural guarantees. By recognizing the
value of the fundamental rule, the ordinary courts also recognize its subjection to the content of the
constitutional text. The Constitutional Court, as the interpreter of the Constitution, is called upon to draw
up the guidelines for the interpretative framework of the rights, guarantees and procedures of the
constitutional text. The value of the concentrated control that rests on the Constitutional Court as a
compass that indicates the north of the designs of the constituent assembly cannot be supplanted.
Effective constitutionalization requires that the legal culture of the interpretative community made up of
the public authorities be communicated among all, so that they agree with the idea that all constitutional
norms, whether rules or principles, are binding legal norms capable of producing legal effects