Revista de Derecho

Rotondo Tornaría, Felipe

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suPrEMa corTE 
dEl rEiNo uNido dE graN BrETaÑa E irlaNda dEl 
NorTE.
FEliPE roTondo TornarÍa
A partir de octubre de 2009  existe este órgano en carácter de autoridad judicial superior del Reino Unido, 
al ponerse en vigencia la reforma constitucional aprobada  por ley de 2005, en su Parte 3. 
De esta manera, la Cámara de los Lores dejó de ser la más alta instancia judicial, debiéndose recordar 
que  –a tales efectos –  participaban prácticamente sólo los doce  Law Lords como Comité de Apelación de 
esa Cámara1.
A continuación se indicarán los aspectos más relevantes de la reforma: 
1. OBJETIVO
Enfatizar orgánicamente la separación de poderes, como consecuencia de la Convención Europea de 
Derechos Humanos. 
Ya existía la separación funcional por lo que la reforma ha sido vista como “cosmética”, aunque también 
se ha advertido que podría estimular un mayor sentido de legitimidad en la elaboración del ordenamiento 
jurídico y, a la vez, constituir un “desafío” con respecto a la acción de los otros órganos de gobierno2.
También se ha dicho que se trata de un paso “hacia una mayor valoración de fuentes supralegales y garantistas” y, 
además, “un cambio importante de paradigmas constitucionales aplicados por la judicatura: el reemplazo del tradicional 
principio de soberanía del Parlamento británico por el de supremacía constitucional”3,  facilitando el control de las leyes 
en relación al respeto de los derechos fundamentales y al ajuste  a las normas comunitarias. Este último aspecto de 
conformidad con la ley (“Act”) de Derechos Humanos de 1998 y  la Convención. Europea de Derechos Humanos, cuyo 
art. 6º exige un juicio “justo y público” por  parte de un “tribunal independiente e imparcial establecido por ley”.
2. InTEGRACIón
2.1  La Suprema Corte cuenta con doce miembros (“Justices”). La primera integración se hace con los Lores 
de Apelación, los que –en tanto ejerzan funciones judiciales – no podrán intervenir en las sesiones y votar en la Cámara 
de los Lores4/5.
2.2 Los nuevos miembros no pertenecerán más a ese órgano y tienen un  procedimiento de designación 
complejo, que se centra en la actuación de una Comisión de Selección que tomará en cuenta méritos, cono-
cimientos y experiencia jurídica de los candidatos en relación a las diversas zonas del Reino Unido, efec-
tuándose la designación (formal) por la Reina, en base a recomendación  del Primer Ministro, acto “debido” 
efectuado ante “notificación” del nombre del candidato por parte del Lord Canciller, la que se origina –a su 
vez – en aquella Comisión.
 Esta está integrada por el Presidente y el Vicepresidente de la Suprema Corte, un miembro del Comité 
Judicial de Designaciones y sus equivalentes en Escocia e Irlanda del norte, a los que nomina el Lord Canciller 
sobre recomendación de los cuerpos jurídicos similares respectivos. 
1  Presidido formalmente por el Lord Canciller, el cual en los últimos años ya no actuaba en función jurisdiccional.
2  Conf. John Alder. Constitucional and administrative law.  7ª edición, Londres 2007, p. 79, 148 y 155. 
3  Jaime Arancibia Mattar. El Mercurio. Santiago de Chile, 12-X-2009. 
4  Antes podían votar si bien ello no lo hacían en la práctica; además  sólo intervenían en cuestiones jurídicas, especialmente 
las que incidieran en la organización o funcionamiento judicial a  la vez que, por otro lado, evitaban expresar opiniones 
relativas a materias relacionadas con asuntos litigiosos de su jurisdicción.
Por otra parte los Lores judiciales gozaban de inamovilidad en sus cargos y tenían un específico régimen de funcionamiento, 
con oficinas separadas en Westminster. 
5  Cuando cesen  en la nueva Corte podrán volver a la Cámara de los Lores, como miembros de pleno derecho.  
REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO52
La Comisión debe consultar a jueces superiores con antigüedad, al Lord mencionado, al Primer Ministro 
de Escocia, al Primer Secretario de la Asamblea de Gales y al Secretario de Estado de Irlanda del norte.
2.3 La “calificación” de los miembros de la Corte Suprema surge de haber ejercido un alto cargo judicial por, 
al menos, dos años o por haber practicado la profesión ante Cortes superiores por, al menos, quince años.  
Duran en sus cargos por todo el tiempo de su buen comportamiento, siguiendo un criterio que se remon-
ta al Act of Settlement de 1700 en relación a los jueces superiores; la remoción requiere acuerdo de ambas 
Cámaras del Parlamento6.  
Existe el tope de 70 años de edad establecido en la “Judicial Pensions and Retirement Act” de 1993, para los jueces 
superiores.
2.4 Dado lo antes indicado, importa señalar que se ha modificado el rol del Lord Canciller, quien ocupaba 
una anómala posición ya que era “nominalmente el jefe del sistema judicial pero también el Ministro del gobierno a 
cargo del sistema de cortes y presidía la Cámara de los lores”; ahora pasa a cumplir actividad administrativa, como 
Secretario de Estado para la Justicia y  deja de presidir esa Cámara, aunque mantiene un escaño en ella7. 
En cuanto al Comité Judicial de Designaciones antes citado, actúa con autonomía técnica y cuenta con 
quince miembros designados por la Reina con “recomendación” del Lord Canciller; ese número puede ser 
aumentado, con un procedimiento que incluye la aprobación del Parlamento. Duran en sus cargos por un 
período que, con sus renovaciones, no puede superar los diez años.   
A este Comité corresponde seleccionar a quienes serán nombrados jueces en los distintos niveles, limitando 
al Lord Canciller ya que sólo puede proponer o, en su caso, designar a las personas que aquel seleccione.
3. FUnCIOnES
La Suprema Corte es el máximo órgano de alzada en causas civiles y penales para Inglaterra, Gales e Irlanda 
del norte y sólo para las civiles en relación a Escocia; las apelaciones se fundan en razones de derecho y re-
quieren ser franqueadas por la respectiva Corte de Apelación o autorizadas por la propia Suprema Corte.
Se le han transferido, también, las funciones del Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona como 
la más alta corte de apelación para los territorios de ultramar y algunos miembros de la Comunidad britá-
nica8.
Además ejerce atribuciones de otra naturaleza, que conforman una autonomía administrativa importante: 
puede fijar reglas de funcionamiento interno y posee cierta autonomía financiera.
6  Sobre este punto, el texto mantiene la “ambigüedad” de normas anteriores según señala Alder, op. cit, p. 156.
7  J. Alder, citado, p. 79. En la presidencia de la Cámara de los Lores  no tenía las mismas atribuciones del Speaker de la 
Cámara de los Comunes; con la reforma de 2005, aquella Cámara elige su propio Speaker.
8  El Consejo Privado “es el descendiente del medieval Consejo interno de asesores de confianza del rey. a través de los siglos, 
muchos de sus funciones fueron transferida al Parlamento o a los Ministros. Sus miembros son designados por la reina, a propuesta del 
Primer Ministro, y cualquier ciudadano británico es elegible. Hay normalmente más de 400 Consejeros Privados, incluyendo ministros 
del gabinete, jueces superiores y un conjunto de personas destacadas que han ganado la aprobación del Primer Ministro. a veces se 
dice que el gabinete es un comité del Consejo Privado, aunque no existe base legal para esta afirmación. Pero los ministros del gabinete 
así como los líderes políticos de la oposición son invariablemente designados Consejeros Privados. Una razón para tal designación es 
el juramento de (mantener) secreto que formulan y que ayuda a que los asuntos de gobierno queden fuera del dominio público. (…) El 
rol del Consejo Privado es esencialmente formal; es necesaria su aprobación para el ejercicio de ciertas prerrogativas reales, por ejemplo 
para las “Statutory orders in Council”,  cuando el Parlamento confiere al Ejecutivo el dictado de ‘leyes’ en esa forma”. 
El Comité Judicial de ese Consejo Privado era la Corte de Apelaciones para aquellos pocos países del Commonwealth que 
decidieron mantener ese régimen. (…)”. Alder, cit,  p.87.
53
4. FUnCIOnAMIEnTO9
La presentación de los abogados de ambas partes es efectuada ante una sub sección o cámara (“panel”) de 
tres o cinco miembros, en sesión pública. Las decisiones son adoptadas, usualmente,  por cámaras de siete 
o nueve miembros.
El procedimiento está regulado por “rules” contenidas en un instrumento legal de julio 2009, y “practice 
directions” complementarias (serán “Reglamentos de la Corte Suprema”), dictadas con la finalidad de garan-
tizar una justicia accesible, eficaz y justa.  
Previo a su dictado corresponde oír al Lord Canciller, a diversas instituciones, profesionales y universi-
tarias, que están nominadas en el Acta de Reforma y también a órganos que representen a quienes puedan 
verse afectados por las referidas reglas.
5. AnOTACIón FInAL
La reforma anotada implica, de algún modo, un pasaje de un Estado “legislativo” a un “Estado constitucio-
nal” si bien dentro de un sistema en el cual la Constitución no es rígida, destacándose el valor fundamental 
de los derechos humanos en el respectivo ordenamiento jurídico, con un control jurisdiccional que se ejerce 
en forma separada –orgánica y funcionalmente – de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
9  La nueva Corte funciona en edificio propio, Middlesex Guildhall, frente al Parlamento


Spanish

Suprema Corte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Durán Martínez, Augusto

Enseñanza religiosa en la educación pública: marco constitucional al uruguayo

Dei-Cas, Bárbara

¿Es procedente la acción de nulidad contra las decisiones de las personas públicas no estatales relativas a conflictos individuales de trabajo? sentencias de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil de 5to turno Nº557/2007 de 29 de agosto de 2007, y de 1er turno Nº711/2009 de 2 de diciembre de 2009

Etcheverry Estrázulas, Nicolás

DERECHO
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Año IX (2010), Nº 18
Revista de
MENSAJE DEL DECANO
Excelencia y servicio
Es común que en nuestros días y por estos lares, estas dos palabras se entiendan como enfrentadas y contrastables. 
La excelencia suele interpretarse como síntoma de individualismo, 
insolidaridad, falta de juego en equipo,  búsqueda personal de éxitos 
egoístas a costa de los demás.
El servicio, por oposición, sería para algunos, imagen de solidari-
dad, juego colectivo y conformismo con una impersonal insuficiencia 
que debe diluirse en un generalizado no destacarse demasiado y 
bajar las revoluciones para evitar problemas. Dentro de este marco 
la aspiración por la excelencia “no sirve” porque implica sobresalir, 
destacarse, hacer más y mejor las cosas, dejando en evidencia la 
chatura y la mediocridad.
En una hermenéutica más radical, se entiende al servicio como 
sinónimo de servilismo, al que nunca se debe tender, pues contradice 
nuestras raíces históricas más preciadas, que nos identifican con el 
gaucho libre, rebelde y errante, sin ataduras ni límites geográficos, 
que no se ata ni se somete a ningún tipo de norma ni autoridad. Servir 
sería ser servil y serviles son los abyectos, los débiles y sometidos, 
los que soportan con pusilanimidad lo que los “excelentes” no deben 
soportar.
Y con este enfrentamiento de términos así estamos… Con estos en-
foques dicotómicos se pierde de vista que la excelencia supone servicio 
y el servicio reclama la excelencia. El afán de superación y de mejoría 
constante no debe resignar el encuentro con el alter – el otro – en una 
permanente búsqueda de la complementación, de la cooperación y del 
servicio, base de una mínima convivencia que apunte a la solidaridad, 
la justicia y el bien común. Ser excelente por el mero hecho de sentirse 
satisfecho con uno mismo y colgarse simbólicas medallas en el pecho 
sería tan vacuo y fútil como hacerse trampas jugando al solitario. Tan 
absurdo como enamorarse del propio aplauso. 
Por su lado, servir sin aspirar a lo mejor, a la excelencia, a la supe-
ración cotidiana y permanente sería tan pobre, mezquino y resignado 
como pretender hacer goles en arcos vacíos, desprovistos de arqueros 
y sin defensas que intenten evitarlos. 
Lo que pretendo argumentar es que la excelencia implica una ne-
cesaria y bienvenida competencia. Las unificaciones, los monopolios 
sean del tipo que sean y las uniformidades sólo promueven conformi-
dad, quietismo, resignación y son el primer estímulo para retroceder 
y rendirle culto a la mediocridad. La falta de competencia ahoga la 
necesidad de superarse y mejorar; sofoca y reprime la iniciativa y la 
creatividad tanto individual como colectiva. Induce a dejarse estar, 
hacer lo mínimo indispensable para “seguir tirando” y a no pensar 
en cambios ni mejoras; que esos cambios y mejoras los hagan otros, 
los que vengan después.
No es posible entender el emprendimiento sin una indisoluble aspiración por la excelencia. Las  ini-
ciativas, los descubrimientos y las innovaciones son la lógica consecuencia de no aceptar el status quo, la 
grisura y la ley del “más o menos”. Pero también conllevan y arrastran un sensato afán por servir a otros; 
una  búsqueda de una mejoría personal combinada con una sensata y equilibrada aspiración por cooperar 
y complementarse con los demás. 
 
Es por todo lo anterior que la fundamentación de los principios sustentados en el Código Iberoamericano 
de Ética Judicial recogidos en la Acordada 7688 de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país nos debería 
reconfortar y estimular significativamente. Porque recoge y combina los criterios de aspiración por la ex-
celencia y el servicio por parte de los jueces y los demás auxiliares de la justicia sin excluirlos ni oponerlos. 
Los menciona en más de una oportunidad y los coloca como referentes imprescindibles para la inagotable y 
permanente búsqueda del bien común, entendido como conjunto de condiciones materiales e inmateriales 
que le permiten a un conjunto de personas, no sólo un mayor grado de bienestar  - que sería algo - sino de 
felicidad, que es algo mucho mejor.
En realidad, esos principios no hacen más que reflejar  lo que el sentido común debería mostrarnos todos 
los días; que la excelencia sin servicio sirve para poco y que el servicio, si no aspira a lo excelente, tampoco. 
Como decía C.S. Lewis, “no alcanza con hacer buenas obras; hay que hacer obras bien hechas”. Esto es soli-
daridad bien conjugada y bien entendida; lo otro es solidarismo voluntarista…
Nicolás Etcheverry Estrázulas


Excelencia y servicio

Mendive Dubourdieu, Andrés

Legitimación activa por daños causados por conductas anticompetitivas: doctrinas del "indirect purchaser" y de "in pare delicto"

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Año IX (2010), Nº 17
Revista de
MENSAJE DEL DECANO
Cultura y educación, ¿qué y cómo? 
Teoría y praxis
El 2 de junio de 1980 Juan Pablo II pronunciaba un discurso ante la UNESCO en París. Entre otros conceptos, afirmaba: “…El hombre, que en el mundo visible, es el único sujeto óptico de la cultura, es 
también su único objeto y término. La cultura en general y la educación 
en particular es aquello a través de lo cual el hombre en cuanto hombre, se 
hace más hombre, es más, accede más al ser. En esto encuentra también su 
fundamento la distinción capital entre lo que el hombre es y lo que tiene, 
entre el ser y el tener…” (1) 
Destacábamos hace poco en uno de nuestros cursos la importancia de 
saber diferenciar algunos términos tales como conocimiento y sabiduría, in-
formación y formación, comprender y comprehender. Pues la crisis cultural 
que padecemos, nos está mostrando cada vez más a profesionales que pueden 
estar muy bien informados y capacitados para ciertas áreas, pero mancos y 
raquíticos para otras. De ahí – insistíamos – la importancia de poder lograr 
una formación humana integral que abarque seis planos: intelectual, físico-
corporal, espiritual, ético-moral, afectivo-social y estético. 
Intelectual, para poder desarrollar la capacidad de pensar lo pensado 
con espíritu crítico. Para no simplemente repetir lo ya dicho o escrito, sino 
para poder elaborar algo nuevo, original y creativo en base a los aportes y 
legados de otros.
Físico-corporal, pues nadie discute a esta altura la necesidad imperiosa 
de poder contar con una alimentación suficiente y balanceada, sobre todo 
en los primeros años de vida de cualquier ser humano para que luego éste 
pueda estar en condiciones de pensar y actuar correctamente. Si en materia 
ética interesa mucho de qué se alimenta el espíritu, la mente y el corazón, en 
materia corporal una sana alimentación es decisiva para saber qué tipo de 
generación se está proyectando de aquí a los próximos diez años. Decisiva 
entonces será la estrategia que sigan educadores, medios de comunicación 
y gobernantes en materia de drogadicción, alcoholismo, obesidad, anorexia 
o bulimia para el próximo quinquenio. El cuidado del físico pasa también 
por un permanente estímulo hacia el deporte en sus múltiples variedades 
ya que más allá de procurar salud corporal, promueve el espíritu de sana 
competencia, el afán de superación, el trabajo en equipo, la gallardía y el 
aprendizaje de cómo se debe ganar y perder. Capítulo aparte merece el 
enfoque y tratamiento de las enfermedades psicológicas de moda tal como 
son el stress y la depresión, cada vez apareciendo en edades más tempranas 
y provocando verdaderas tragedias en nuestra población.
Espiritual, pues un error interpretativo puede llegar a hacernos creer que 
este término se relaciona exclusivamente con el tema de Dios. Si bien es muy 
cierto que para muchas personas el tema de Dios y de la trascendencia ocupa 
un lugar destacado en sus vidas, lo espiritual abarca también otros aspectos 
que también enriquecen a la persona. Un investigador ceñudo y brillante o 
un experto en materia penal o comercial, si no sabe deleitarse con la belleza 
de un cuadro, la melodía de una pieza musical, la calidad de un buen libro o 
el inagotable esplendor de la naturaleza toda, sería uno de esos profesionales 
competentes pero tronchados y mutilados humanamente hablando.
Ético-moral, pues de la misma forma que en el caso anterior, un competente profesional puede saber mucho de su 
área y ser  al mismo tiempo un gran egoísta, soberbio e injusto con aquellos que conviven a su lado. Ello puede ser quizás 
por ignorancia, quizás por desinterés. Tal vez no se ha preocupado por averiguar qué es lo objetivamente bueno y qué 
lo malo, qué son las verdades objetivas y cuáles los espejitos de colores que muchas veces intentan  presentarnos como 
verdades, cuando en realidad son falsedades utilitarias de corto o mediano alcance. Entre otras razones, porque una 
educación ética o moral realista proporciona herramientas a quienes no aceptan que el relativismo y el indiferentismo 
sean actitudes  adecuadas para tomar decisiones y  encarar la vida. 
Afectivo-social, para lograr un balanceado equilibrio entre la razón y el corazón, entre el intelecto y las emociones y 
pasiones. Para procurar que los educandos sean dueños de sí mismos y nunca esclavos de sus impulsos y de sus ganas, 
siempre volubles. Para que sus voluntades sean como músculos bien entrenados y dispuestos a asumir compromisos, 
aún cuando falten las ganas y los impulsos emotivos. También para que en el proceso de  globalización, la interdepen-
dencia se torne una real actitud de servicio y de cooperación, no  anti-hismo recurrente y confrontativo que todo lo ve 
en términos de lucha y competencia despiadada.
Estético finalmente, para intentar que los sentidos externos e internos de la persona se eduquen de la mejor forma 
posible y así estén condiciones de poder apreciar y recrearse con la armonía, el orden y la belleza que la naturaleza y las 
obras humanas están en condiciones de ofrecer.
De todo esto hay que hablar y pensar mucho. Porque está vinculado con la educación –  y me refiero a la que hoy 
nos ocupa y preocupa a todos – que es la educación uruguaya. La que está proyectando a los jóvenes que dentro de 
corto tiempo estarán tomando decisiones claves, votando, legislando, juzgando y gobernando a este país desde diversos 
puestos y funciones. Esa educación no puede ni debe implicar sólo mejoras materiales y salariales, que por supuesto son 
necesarias, sino algo mucho más intangible y por ello desafiante y arduo de conseguir. Debe implicar valores, virtudes 
y actitudes humanas que alguna vez tuvimos en nuestros centros educativos, fueran públicos o privados, y que hoy 
brillan por su ausencia. Entre otros, la educación cívica, el respeto, la tolerancia bien entendida, la coherencia o unidad 
de criterios ante la vida, la debida reverencia ante los símbolos patrios o ante ciertas tradiciones. Por último, la real toma 
de conciencia de que poco va a servir hablar de educación si no apoyamos y apuntalamos como es debido a la primera e 
insustituible institución educativa, que es la familia. Mientras no nos demos cuenta que todos los demás centros educa-
tivos, llámense escuelas, universidades, clubes o parroquias sólo complementan pero no pueden sustituir lo que aporta 
la institución familia, estaremos haciendo algo incompleto, a medias y por cierto, con grandes posibilidades de fracasar. 
Menoscabada y despreciada la familia, cada vez terminará más despreciada y menoscabada la persona humana. Pues es 
la familia la única que acepta y quiere a las personas siempre y totalmente por lo que son y no por lo que tienen, por lo 
que valen o por lo que pueden hacer. Entonces, si queremos hablar y pensar de educación en serio y no para la vitrina, 
si queremos de veras hacer algo por la educación y no “hacer como que nos estamos preocupando por la educación” 
ocupémonos de ayudar a la familia y defendamos el derecho humano que como institución única e insustituible tiene: a 
ser tratada como debe serlo y no como un mero instrumento manipulable, descartable y designado de cualquier forma 
con eufemismos y juegos de lenguaje. Eufemismos que engañan, alteran las pautas valorativas y pretenden desnaturalizar 
y quitarle a la familia su verdadera esencia. 
En el discurso citado al comienzo Juan Pablo II se preguntaba: “…Qué hacer para que la educación del hombre se 
realice sobre todo en la familia? ¿Cuál será el grado de moralidad pública que asegure a la familia, y sobre todo a los 
padres, la autoridad moral necesaria para este fin? ¿Qué tipo de instrucción? ¿Qué formas de legislación sostienen esta 
autoridad o, al contrario, la debilitan o destruyen? Las causas del éxito o del fracaso en la formación del hombre por su 
familia se sitúan siempre a la vez en el interior mismo del núcleo fundamentalmente creador de la cultura, que es la fami-
lia, y también a un nivel superior, el de la competencia del Estado y de los órganos, de quienes las familias dependen…
No hay duda de que el hecho cultural primero y fundamental es el hombre espiritualmente maduro, es decir el hombre 
plenamente educado, el hombre capaz de educarse por sí mismo y de educar a los otros. No hay duda tampoco de que la 
dimensión primera y fundamental de la cultura es la sana moralidad; la cultura moral”. (2)
De cómo y cuanto antes reflexionemos acerca de estos temas y respondamos estas interrogantes, mucho está en 
juego.
Nicolás Etcheverry Estrázulas
(1) Cuestiones y Respuestas. Esquemas de documentación doctrinal Tomo XI, pag.44 – OBISA, 1981.
(2) Op. Cit pag. 49


Cultura y educación, ¿qué y cómo? teoría y praxis

Bulson, Elizabeth

Estándar mínimo común del estatuto de sociedad anónima en el Mercosur

Delpiazzo, Carlos E.

183
acceso a la 
inFormaciÓn PúBlica:
Pilar FunDamental Del 
Buen GoBierno
laUra naHaBeTian BrUneT
aMF, MonTeVideo, 2010
I
La presentación de un libro enfrenta siempre a la 
necesidad de referirse equilibradamente al autor y a 
su obra, lo que nunca es fácil porque no se trata de 
alimentar el ego de quien la escribió ni de sustituir 
la lectura del trabajo sino, por el contrario, motivar 
a ella. 
Por eso, nunca es una tarea fácil pero sí desa-
fiante en los dos aspectos que involucra: la obra y 
su autor.
II
Respecto al “Acceso a la información pública: 
pilar fundamental del buen gobierno” de Laura Na-
habetian, corresponde señalar en primer lugar que el 
libro se inscribe en una línea de trabajo pautada por 
obras precedentes que importa destacar.
Sin propósito de exhaustividad  -porque la obra 
de Laura Nahabetian es ya abundante-  quiero recor-
dar en primer lugar su conferencia en el X Congreso 
de la Federación Iberoamericana de Derecho e In-
formática (FIADI), realizado en Santiago de Chile en 
setiembre de 2004, publicada en el tomo que recoge 
las ponencias allí presentadas. La misma versó sobre 
“Protagonistas del cambio: derechos ciudadanos y 
nuevas tecnologías” y en ella la autora ya ponía de 
manifiesto su inquietud por los temas que ahora 
aborda con mayor profundidad y madurez en el libro 
que se presenta.
En segundo lugar, no puedo dejar de citar su 
libro del año pasado sobre “Gobernanza electrónica 
y gobierno electrónico”, que tuve el privilegio de 
prologar. Allí se encuentran las bases conceptuales 
sobre las cuales se construye esta nueva obra.
En tercer lugar, adentrándose ya en lo propio de 
esta nueva obra, en el tomo X del anuario “Derecho 
Informático” de reciente aparición, la autora examina 
la cuestión del acceso a la información pública desde 
la perspectiva de los “Desafíos de la implementación 
legal en países en desarrollo”.
En este nuevo libro el horizonte de análisis se 
ensancha significativamente a través de 10 capítulos 
centrales precedidos de una Introducción y cerrados 
con Una Reflexión Final.
En un esfuerzo de acumulación informativa 
destacable, el capítulo II está dedicado a los orígenes 
y evolución de derecho de acceso a la información 
pública en todos los continentes.
El capítulo III tiene por centro el marco concep-
tual  -que la autora denomina Teoría-  del acceso a la 
información pública.
El capítulo IV es medular, como siempre que 
se examinan temas vinculados a los derechos fun-
damentales de las personas, ya que está dedicado 
a los principios generales de Derecho, que son los 
cimientos de base sobre los cuales se edifica todo el 
ordenamiento jurídico.
REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO184
Los capítulos V y VI contienen un relevamiento de 
normas internacionales y de jurisprudencia de interés 
en materia de acceso a la información pública.
Los capítulos VII y VIII tratan de un aspecto 
poco estudiado desde las ciencias jurídicas, cual es 
el rol de los archivos, y presentan a los Organos de 
Control como “garantes” del acceso a la información 
pública, en una visión que no siempre se encuentra 
presente en la mentalidad de muchos funcionarios 
públicos, más acostumbrados a las prerrogativas que 
a las garantías, a los privilegios que a los deberes de 
servicio.
El capítulo IX abunda acerca del principio de 
transparencia  -intrínseco a un Estado de Derecho 
de calidad-  que, como ya he tenido oportunidad de 
señalarlo en reiteradas oportunidades anteriores, 
implica “dar un paso más respecto a la publicidad... 
como que la publicidad implica mostrar pero la trans-
parencia implica algo más que mostrar, implica dejar 
ver; simplemente que el actuar de la Administración 
se deje ver como a través de un cristal”.
El tema del capítulo X es la rendición de cuentas 
que los administradores públicos deben a todos los 
ciudadanos todos los días y que es imprescindible 
para que pueda ser verdad lo que nuestra ley an-
ticorrupción Nº 17.060 titula con buen tino como 
“control social”.
Todo esto no es sencillo de llevar a la práctica. 
Por eso, resulta muy interesante y útil el capítulo XI 
dedicado a los “Desafíos de la implementación” de 
un régimen en el que el acceso a la información pú-
blica sea para los ciudadanos un derecho de ejercicio 
sencillo y fluido.
El libro se cierra con una bien escogida bibliogra-
fía, que reúne a la mayoría de las obras citadas a lo 
largo de sus páginas en una forma equilibrada, que 
no dificulta la lectura.
III
Respecto a la autora, basta la mención de los 
trabajos que se han citado para advertir que la Dra. 
Laura Nahabetian ha canalizado buena parte de su 
energía intelectual en el marco de la Aspirantía a 
Profesora Adscripta de Informática Jurídica en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de la Repú-
blica y de su Maestría en Ciencias de la Legislación 
y Governance Política hacia los temas que aborda 
-ahora con más profundidad y mayor amplitud-  en 
el libro que tenemos entre manos.
No obstante, la impronta de la Dra. Laura Naha-
betian no se advierte sólo en los desarrollos realizados 
en cada capítulo sino también en las bien escogidas 
citas de diversos autores que encabezan cada uno 
de ellos y  -a mi juicio-  de modo muy especial en la 
Dedicatoria que encabeza el libro.
La misma contiene un entrañable agradecimiento 
a su familia, a su colegio de los Hermanos Maristas de 
Rocha y a “todos quienes buscan en la efectividad de 
la democracia y el Estado de Derecho, la vivencia de 
sus sueños de libertad y la concreción de los derechos 
fundamentales para todos sin excepción”.
Quiero detenerme en estos tres aspectos porque 
me permiten referirme a la autora sin lesionar su 
modestia.
Se trata como de tres círculos concéntricos que 
van acuñando la personalidad de quien  -como es el 
caso de la autora-  no es sólo una jurista sino, antes 
que ello, una mujer situada.
Como escribí hace muchos años, citando al 
recordado Prof. Adolfo GELSI BIDART, la familia 
constituye “el lugar de la persona”. En la familia se 
aprende a vivir. La familia es la principal tarea huma-
na, tanto pasiva (la niñez) como activa (la madurez): 
en ella se pueden llevar a la plenitud algunas de las 
dimensiones humanas más radicales. La familia pro-
porciona un perfil genético propio, tanto en lo físico 
como en lo psíquico (carácter, aptitudes, urdimbre 
afectiva, aprendizaje de conducta, costumbres, 
gestos, modos de hablar, cultura práctica, etc.). Pero 
además, la familia es el depósito de los valores que 
más profunda y permanentemente quedan grabados 
en el espíritu de sus miembros mediante la educación 
(actitudes religiosas, virtudes morales, modos de 
valorar, ideales, etc.).
Cuando el colegio o la escuela son buenos, cons-
tituyen como una segunda familia, en la medida que 
son la prolongación formativa de lo que se vive en 
el hogar.
De ahí el indiscutible valor de la familia y de los 
centros de enseñanza como instituciones que, si no 
cuidamos, comprometemos seriamente la calidad del 
Estado de Derecho, cuya vivencia por todos sin excep-
ciones pretende con buen fundamento la autora.
IV
Aunque quizás pueda parecer ajeno a la obra que 
se comenta  -en realidad, no lo es-  quiero terminar 
185
esta presentación subrayando que familia, colegio y 
Estado de Derecho no son compartimentos estancos 
porque los ciudadanos y gobernantes del mañana son 
los niños y jóvenes que se están formando hoy en sus 
hogares y en los centros educativos a los que asisten. 
Es allí donde debe sembrarse la semilla del culto por 
el cuidado de los derechos fundamentales  -de todos 
y no de algunos o de unos más y otros menos-  para 
que nuestro país haga del buen gobierno un servicio 
verdadero a la sociedad y ésta y sus integrantes 
vean en sus gobernantes no sólo un obrar accesible 
y transparente  -aspectos sobre los que se centra la 
obra de la Dra. Laura Nahabetian-  sino servicial y 
justo, con todos y para todos.
dr. carlos e. delpiazzo 


Acceso a la información pública: Pilar fundamental del buen gobierno. Laura Nahabetian Brunet, AMF, Montevideo, 2010.

Cal Laggiard, Maximiliano

Principio de congruencia en los procesos civiles

Robaina Raggio, Andrés

Curso de derecho constitucional : segundo. Felipe Rotondo Tornaría, Universidad de Montevideo, 2009, 226 páginas.

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