Portal de Revistas Continental (Universidad Continental)
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    645 research outputs found

    La nulidad «evidente» del matrimonio resuelta por el juez en el derecho procesal familiar

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    The autor invites us to reflect on an institution emerged in civil law and provided for in article 275 of the civil code, the «notorious» nullity of the marriage warned ex officio and resolved by the Judge in a process. In a didactic way, through a particular case, it introduces us to the judicial problem. There is no doubt that the topic is current, being useful for anyone who approaches family procedural law.El presente es una reflexión sobre una institución surgida en el derecho civil y prevista en el artículo 275 del Código Civil, la nulidad «notoria» del matrimonio advertida de oficio y resuelta por el juez en un proceso. De manera didáctica, a través de un caso particular, nos introduce a la problemática judicial. No cabe duda de que la temática es actual, es de utilidad para toda persona que se aproxime al derecho procesal de familia

    Energías renovables alternativas, un reto para el Perú

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    La actividad propiamente eléctrica se inicia en 1884, con la operación de la primera central hidroeléctrica en la provincia de Huaraz, distrito de Yangas, construida por una empresa minera. Es en el gobierno del general Miguel Iglesias, en 1886, con la empresa privada Peruvian Electric Construction and Supply (PECS), que entra en operación la primera central térmica que permitió el alumbrado público en la plaza de armas y algunas calles del centro de Lima. Después de 170 años todavía en el país no logramos pleno acceso a la energía. La matriz se basa principalmente en hidroelectricidad y gas natural, con una pequeña participación de solo 5 % de energías renovables alternativas

    Fundamentos para otorgar autonomía constitucional al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

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    En el presente artículo abordaremos diversos aspectos que revelan la relevancia constitucional del mandato funcional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi), que además es la entidad administrativa investida como la autoridad nacional de protección del consumidor en el país

    Alcances sobre el derecho a la movilidad sostenible en el Perú

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    En la actualidad más del 50 % de la población mundial vive en las ciudades y se espera que para el año 2030 dicho porcentaje llegue a 60 %.2 En el caso de América Latina, se estima que el 80 % de su población vive en ciudades.3 Por ello, millones de personas requieren satisfacer sus necesidades básicas, trabajo y ocio a través de desplazamientos, de una manera sostenible y salvaguardando su integridad

    Las directrices de naciones unidas sobre protección al consumidor y lo establecido en el código de protección y defensa del consumidor del Perú

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    One of the fundamental principles of the so-called Economic Constitution is the duty of the Peruvian State to guarantee and defend the interests of the consumers and users, tutoring the right to access to clear, truthful, simple, and timely information about the goods and/or services that are found at their disposition in the market. In these last few years, it has been introducing a change in vision as to the concepts of the consumer and relations of traditional consumption. It is because of this that nowadays wider sectors are reached through the promotion of preventive, proactive action coordinated with diverse institutions of the State, citizens and economical agents. Therefore, in the year 2010, the Protection and Defense of the Consumer Code were approved by Law 29571, which develops the rights of the consumers and the general duties of the providers, the consumption contracts, abusive commercial methods, the protection of specific products and services, the responsibilities and sanctions of the economical agents that infringe the dispositions contained in this normative document, the collective defense of the consumers and the National Integrated System of Consumer Protection. At the same time, the National Institute of Defense of Competition and Protection of Intellectual Property - Indecopi (in Spanish), is the National Authority that, while applying the Code, executes the protection and defense of the consumers and also takes care of the controversies between consumers and providers in topics such as consumption, as well as the United Nations’ Directives for the protection of the consumer which “are a valuable group of principles that establish the main characteristics that Consumer Protection should have, the institutions tasked with applying and the compensation systems for them to be effective...”. In this sense, we should understand that the CDPC and the work of Indecopi are in sync and develop the criteria and standards established at the Directives, which are elaborated with high exigency. Therefore, the CDPC and Indecopi are doing a great job and the CDPC contains a legal framework that is propitious to guarantee a balance in the relationships of consumption in the market.Uno de los principios fundamentales de la llamada Constitución económica es el deber del Estado peruano de garantizar y defender los intereses de los consumidores y usuarios. Tutelar el derecho de acceso a información clara, veraz, sencilla y oportuna, sobre los bienes y/o servicios a su disposición en el mercado. Introducir en estos últimos años un cambio de visión en cuanto a los conceptos de consumidor y relaciones de consumo tradicionales. Por ello, hoy se abarcan ámbitos más amplios a través de la promoción de una actuación preventiva, proactiva, y coordinada con diversas instituciones del Estado, ciudadanos y los agentes económicos. Por ello, además, en 2010, se aprobó el Código de Protección y Defensa del Consumidor (CDPC), mediante la Ley 29571, que desarrolla los derechos de los consumidores y los deberes generales de los proveedores, los contratos de consumo, los métodos comerciales abusivos, la protección en productos o servicios específicos, las responsabilidades y sanciones a los agentes económicos que incumplen las disposiciones contenidas en este cuerpo normativo, la defensa colectiva de los consumidores y el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor. Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad nacional que, en aplicación del código, hace efectiva la protección y defensa de los consumidores, además de encargarse de las controversias entre consumidores y proveedores en temas consumo. Por otro lado, existen las directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, las cuales «son un conjunto valioso de principios que establecen las principales características que deben tener las leyes de Protección del Consumidor, las instituciones encargadas de aplicarlas y los sistemas de compensación para que sean eficaces». En este sentido, debemos comprender que el CDPC y el Indecopi sintonizan y desarrollan los criterios y estándares establecidos en las directrices, elaboradas con una alta exigencia. Por lo tanto, el CDPC y el Indecopi realizan una buena labor y el CDPC contiene un marco legal propicio para garantizar un equilibrio en las relaciones de consumo en el mercado

    Alcances sobre el derecho a la movilidad sostenible en el Perú (segunda parte)

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    En nuestra nueva entrega, mencionaré las nuevas normas relacionadas con la movilidad sostenible, debido a la recientemente publicación de la Ley 31199, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, la cual, según su artículo 1, tiene por objeto establecer el marco normativo para la gestión, protección, manejo y sostenibilidad de los espacios públicos, elementos esenciales para la mejora de la calidad de la vida de las personas y del ambiente en la ciudad. También garantizar su uso público, a través del trabajo coordinado, participativo y técnicamente consistente de las instituciones y organismos competentes. Una de las mayores novedades de la Ley 31199 es la introducción del término «derecho a la ciudad», no como derecho propiamente dicho, sino incorporándolo dentro de lo que la norma denomina «principios» a considerar para su aplicación, con una referencia al derecho al bienestar y a la movilidad, entre otros, que mencionaremos en el desarrollo de este artículo. Además, resulta importante revisar a nivel jurídico el esquema de responsabilidades de los funcionarios que emiten leyes, reglamentos, actos administrativos y declaraciones que afecten los derechos fundamentales directamente vinculados con la movilidad sostenible, para reducir el riesgo que las políticas dirigidas a la adopción de medidas e implementación de soluciones de movilidad sostenible se vean mediatizadas por decisiones basadas en cuestiones políticas o que respondan a intereses particulares, en desmedro de la ciudadanía

    ¿Es posible el arbitraje de consumo para resolver las controversias entre empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones y los consumidores?

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    The administrative claim procedure has prevailed as a mechanism for resolving disputes between the operating companies of public telecommunications services and its users. However, in accordance with the Public Policy for consumer protection established in the Consumer Protection and Defense Code, alternative mechanisms can be implemented for better protection of consumers.   This paper explores the possibility of implementing consumer arbitration to resolve these disputes, and identifies the advantages and disadvantages of the current model of administrative claims and consumer arbitration. An academic space is opened with the purpose of showing that the current procedural model can be reviewed and that there are other forms of conflict resolution and consumer protection.El procedimiento administrativo de reclamación ha prevalecido como mecanismo de solución de las controversias entre las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones y sus usuarios. Sin embargo, según la política pública de protección del consumidor establecida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, se pueden implementar mecanismos alternativos para una mejor tutela de los consumidores. En el presente trabajo se explora la posibilidad de que se implemente el arbitraje de consumo para resolver estas controversias, y se identifican las ventajas y las desventajas del modelo actual de reclamación administrativa y del arbitraje de consumo. Se abre un espacio académico cuyo objeto es mostrar que el modelo procedimental actual puede revisarse y que existen otras formas de solución de conflictos y tutela del consumidor

    Las medidas de salvaguardia en la Comunidad Andina

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    El presente capítulo tiene por objeto explicar el desarrollo jurisprudencial llevado a cabo por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) con respecto a las medidas de salvaguardia comercial previstas en el capítulo XI del Acuerdo de Cartagena

    Marco teórico para entender (y enfrentar) los problemas de desempeño, integridad y corrupción en el Sector Público

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    Es frecuente encontrar muchos textos que tratan de identificar y formular diagnósticos sobre problemas de desempeño, integridad y corrupción en el sector público. Además, también plantean propuestas de políticas y acciones para enfrentar dichos problemas. Sin embargo, muchas veces queda la sensación de que los diagnósticos reflejan parcialmente los hechos, tomados o presentados según la subjetividad y preferencias de quien realiza tales diagnósticos. Lo mismo ocurre con las propuestas de política y acciones para enfrentar los problemas detectados. En muchos casos no queda claro cuál es el marco teórico que se utiliza y que sirva de sustento para explicar lo que sucede en la realidad y para escoger o decidir por una serie de políticas o acciones

    When despotism is legalized, the law fails: a legal perspective

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    Dos grupos económicos extranjeros se han posicionado en el mercado nacional, gracias a una resolución ministerial del año 2010 que permitió que solamente se pueda utilizar oxígeno medicinal con una concentración de 99 % o 100 % para inhalación humana. Sin embargo, para cumplir con la producción de tales concentraciones, deberían utilizar implementos costosos y los empresarios nacionales no tendrían la capacidad de proveer cantidades suficientes para la comercialización, sobre todo en los centros hospitalarios. Con estas medidas se promueve el mercantilismo que eleva los costos y acaba con el libre mercado. Ante la crisis ocasionada por la pandemia del covid-19, en la cual miles de personas se han visto afectadas, y la urgencia por adquirir balones de oxígeno, se han perdido muchas vidas. Las empresas extranjeras comercializadoras de este vital elemento no han abastecido la demanda. Ante esta situación, el Estado peruano emitió un decreto de urgencia, válido por este año, que permite el uso de oxígeno de una concentración del 93 %, y que las empresas nacionales puedan comercializarlo, y con ello se ha satisfecho la demanda de este producto. Sin embargo, una vez pasada la crisis, la producción seguirá en manos de capitales extranjeros.Two foreign economic groups have placed themselves in the national market due to a ministerial resolution of the year 2010, which allowed that only medical oxygen of 99% or 100% concentration could be used for human inhalation. However, in order to fulfill the production of such concentrations, the implements to be used are expensive and the national businessmen would not be able to provide enough quantities for their commercialization, especially in health centers. In the face of the crisis generated by the Covid-19 pandemics, where thousands of people have been affected, and the urgency of counting with enough oxygen tanks, many lives have been lost since the foreign businesses that commercialized it have been unable to cope with the demand, the Peruvian State has decided to emit an urgency decree that allows the use of oxygen of a concentration of 93% only for this year, thus letting national businesses to commercialize it again, which in turn has satisfied the evident demand of this product; nonetheless, once the crisis is over, this production will continue to be in the hands of foreign capitals

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