1,721,139 research outputs found
El derecho penal frente al los desfíos de la modernidad
No full textEl libro reune una recopilación de los principales artículos que el Autor ha publicado en español. El primero, que trata de “Derecho penal clásico y derecho penal moderno”, es además inédito. Los demás textos han sido escritos a lo largo del último decenio, pero en conjunto configuran un contenido conceptualmente unitario. En ellos, muy marcados por esa orientación político-criminal, constitucionalista y global, el lector hallará un estudio de prácticamente todos los problemas que han marcado la agenda de la discusión internacional acerca del Derecho penal en la última década. Un análisis erudito, sosegado, que considera todas las perspectivas sin excluir ninguna de antemano. Las fuentes del derecho se han multiplicado. También la guerra o la lucha contra ciertas formas de criminalidad, realizada con medios jurídicos, son con seguridad transnacionales, así como lo son muchos fenómenos delictivos. Ello ha generado cambios profundos en el ámbito de las fuentes, del método, del modo mismo de pensar el rol, la función y los estilos de la ciencia penal.La imagen del derecho penal se ha diversificado, verdaderamente ya no es unitaria, si es que alguna vez lo fue. Muchos y muy distintos son sus posibles destinatarios, y no sólo sus intérpretes. Existen en la actualidad, a nivel de las relaciones científicas, menos ordenamientos-modelo, y también las grandes áreas de influencia cultural, los sistemas penales “de exportación”, aún preciándose de una historia cultural y una producción verdaderamente extraordinarias, viven hoy en su interior una crisis de identidad y una menor capacidad de atracción paradigmática.Era inevitable que, partiendo de estas premisas, también las categorías más generales, los estilos de pensamiento más consolidados, así como algunos dogmas milenarios, comenzaran a agrietarse, a convertirse en “modernos”, luego en “postmodernos”, y finalmente a ocultar o a perder los rasgos clásicos que en todo caso nadie ha logrado cancelar.No obstante, lo clásico, lo moderno y lo postmoderno conviven en los mismos ordenamientos, incrementando la necesidad de armonizar, coordinar, reducir las contradicciones. Por lo tanto, junto a los nuevos universalismos permanecen las formas duras y no superadas de aislamientos nacionales, pero también, para ser sinceros, de auténticas e incontestables identidades nacionales, o de tradiciones, que nadie puede pretender anular.Muchos de los temas que se afrontan en estos escritos están todavía “de moda”: del derecho penal del enemigo y “de lucha” a aquél de la gente de bien y de cuello blanco, del derecho penal europeo a la globalización, del derecho penal moderno al postmoderno, de los delitos de peligro abstracto a aquellos construidos sobre el principio de precaución, de las distintas velocidades de los tipos de intervención penal hasta el sistema piramidal o “reticular” de las fuentes jurídicas, de la relación entre el hecho y el autor a aquél entre la ciencia penal y la política criminal así como más en general entre el derecho y la política, desde el rol del juez al de la Corte Constitucional, del garantismo al uso preventivo e instrumental del derecho como mero “medio” de contraste.Sin embargo, el punto de observación sigue siendo siempre y constantemente aquel de los derechos fundamentales, de la Constitución o de las Cartas de derechos. De hecho, el rasgo distintivo fundamental del derecho penal postiluminista, es que ya no se trata de un derecho solamente de categorías o de delitos, sino también de principios. Y en esto queda involucrado el modo de ser juristas, de leer la ley ordinaria, de saberse inmanentes pero también trascendentes al sistema, de tener una función constructiva y no simplemente ejecutiva o de racionalización.La inspiración de fondo del cuadro que surgirá de ello es por lo demás siempre crítica. El derecho penal, aunque tutele derechos fundamentales, sigue siendo un instrumento autoritario, irracional e intolerante, necesitado de continuas revisiones críticas, verificaciones y controles. Sólo con estas condiciones éste puede llegar a ser aceptable, y la inmensa cultura política, técnica, dogmática y filosófica que está depositada en su historia podrá presentarse como algo más y mejor que un embellecimiento teórico para justificar la cruda necesidad de una lucha contra el crimen
Lettura critica di Corte cost. n. 115/2018. La determinatezza ante applicationem e la prescrizione sostanziale come controlimiti alla regola Taricco
No full textLa sentenza C. Cost. n. 115/2018, che chiude la vicenda Taricco, disapplica l’art. 325 par. 1 e 2 del TFUE, e
la “regola Taricco” prescritta da CGUE 17 dicembre 2017, in quanto in contrasto col principio nazionale di
determinatezza (art. 25 cpv. Cost.). Ciò costituisce un esercizio implicito di controlimiti nazionali al diritto europeo,
per come interpretato dalla CGUE. La base del giudizio della Corte è costituita dall’attrazione originaria della
prescrizione del reato nella materia costituzionale del principio di legalità-determinatezza: la prescrizione, per
le conseguenze punitive, deve essere disciplinata come normativa sostanziale per vincolo costituzionale (unicum
costituzionale in Europa). Applicando il vincolo di determinatezza all’art. 325, par. 1 e 2, TFUE e alla “regola
Taricco”, la Consulta segue una lettura massimalista della determinatezza come esigenza che dal testo della regola
legale (non al momento della condotta, semplicemente) si possa prevedere la sua successiva concretizzazione
giurisprudenziale. Tale lettura, che contrasta con la tradizione ermeneutica della Corte, schiude orizzonti nuovi
sul rapporto tra legge e interpretazione, e aspettative che difficilmente potranno essere soddisfatte nella gestione
ordinaria dell’art. 25 cpv. Cost. Del pari, questo patriottismo costituzionale apre interrogativi nuovi sul futuro
dell’europeismo giudiziarioJudgment no. 115/2018 by the Italian Constitutional Court, which puts an end to the chain of judgments started
by the EUCJ judgment Taricco, disapplies the Taricco ruling as being incompatible with the principle of precision
of the criminal provisions derived from Article 25 (2) of the Italian Constitution. By doing so, the Italian Court de
facto applies, for the first time, its “counter-limits” doctrine in respect of the EU law, as interpreted by the EUCJ.
The Court’s reasoning is based on the assumption that the discipline of the statute of limitation is encompassed
by nulla poena principle and its sub-principles, among with the sufficient precision of the criminal provision. The
latter sub-principle, on its part, is applied for the first time by the Court as requiring foreseeability, based on the
wording of the a criminal provision, of the future interpretation of said provision by the courts in the future. This
view is ad odd with the traditional teaching of the Court, and sets a standard of scrutiny to which the Court itself
will hardly be able to stick in the ordinary application of Article 25 (2) Constitution. Furthermore, it is not easy
to imagine how the “constitutional patriotism” showed by the Court could be reconciled with the general proEuropean attitude of the Italian case lawLa sentencia n. 115/2018 de la Corte Constitucional italiana, que pone fin a la serie de pronunciamientos
jurisprudenciales iniciada con la sentencia Taricco de la TJUE, desaplica la “regla Taricco”, por ser incompatible
con el mandato de determinación derivado del artículo 25 (2) de la Constitución italiana. Haciendo esto, la
Corte Constitucional aplica, por primera vez, su doctrina de los “contra-límites” en relación al derecho de la UE,
conforme lo había interpretado el TJUE. El razonamiento de la Corte se basa en la premisa de que el principio
de legalidad, y sus principios derivados, entre los cuales se encuentra el mandato de determinación, son aplicables
a las normas sobre prescripción. Aplicando el mandato de determinación a la “regla Taricco” y al artículo 325,
párrafos 1 y 2, del TFUE, la Corte adscribe a una lectura extensiva, exigiendo que de la norma legal (y no
simplemente al momento de la conducta) sea posible prever el sentido de su aplicación jurisprudencial. Tal lectura,
que contrasta con la tradición hermenéutica de la propia Corte, presenta un nuevo horizonte a la relación entre la
ley y su interpretación, y expectativas que difícilmente podrán ser satisfechas en la aplicación ordinaria del artículo
25 de la Constitución. Asimismo, este “patriotismo constitucional” plantea diversas interrogantes sobre el futuro
de la jurisprudencia italiana en relación a los pronunciamientos de los tribunales europeo
Diritto penale. Parte generale, vol. I
No full textL’opera in tre volumi, dei quali si pubblica ora il primo, dedicata a una trattazione del sistema penale nella sua parte generale, è il frutto di molti anni di ricerca, ma anche di didattica, sia universitaria e sia post-laurea, nei corsi per le professioni legali o la formazione di avvocati e magistrati. Essa persegue l’obiettivo di realizzare un ponte fra legislazione, cultura accademica e diritto giurisprudenziale, trattandoli costantemente insieme, in un dialogo continuo. Più stili si alternano e più tipologie di lettori sono tenute presenti.
I destinatari sono infatti plurimi: lo studioso, l’avvocato, il magistrato, e gli studenti impegnati in corsi superiori e concorsi post-universitari.
Il taglio resta didattico, e la ricerca della chiarezza predomina, nelle parti a caratteri maggiori, ma anche di approfondimento critico, in quelle a caratteri ridotti.
La giurisprudenza è trattata come dottrina: è spesso già nel testo, riprodotta dalle decisioni delle Corti maggiori, nazionali ed europee, e inserita nel dialogo dottrina-giurisprudenza. Il progetto rimette in campo per la formazione superiore la cultura penalistica o giuridica, ma anche quella generale, nel racconto del penale come legislazione e come diritto. Storia, filosofia, politica del diritto, comparazione sono dentro a un tecnicismo sempre aderente ai testi di legge, ma anche a quelli sovralegislativi, costituzionali ed europei. Numerose schede o excursus di approfondimento si inseriscono nel testo per accompagnare il lettore in approfondimenti culturali, storici o tecnici.
L’ordine degli argomenti segue una logica precisa: nulla di ciò che viene dopo si trova per caso in quel luogo, secondo le intenzioni dell’autore. La sistematica è attualizzata, con influenze di common law e di cultura tedesca (molto oltre i favolosi anni della prima metà del Novecento), ma nella continuità con la tradizione italiana, da Beccaria e Carrara in avanti.
L’Europa è ovunque e trasforma profondamente tanti istituti. La politicità del penale non è mai celata dietro formule appaganti. Il lettore è chiamato a riflettere sulle norme come esseri viventi, anziché meri strumenti di logica deduttiva, e sulla dialettica dei poteri che governa il penale quale mezzo di tutela, ma anche di oppressione, dei diritti fondamentali nel mondo. L’ispirazione garantista domina le soluzioni proposte, con attenzione peraltro alla responsabilità e all’equilibrio dell’interprete nella applicazione della legge
L'eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali, sviluppi sovranazionali
Full text linkSOMMARIO: 1. L’uomo e l’opera. Un brevissimo ritratto. - 2. Il volto costituzionale del reato e le sue apparenti basi giuslegalistiche. - 3. I momenti di frattura rispetto al tecnicismo giuridico. - 4. Aspetti non accademici del nuovo metodo. - 5. Il coinvolgimento istituzionale dell’orientamento costituzionalistico. Differenze rispetto alla dogmatica classica. - 6. Habent sua fata libelli: la fortuna dell’opera, e del suo metodo. - 7. Letture “forti” e letture “deboli” dell’approccio costituzionalistico in Italia. - 8. L’interesse che l’orientamento costituzionalistico italiano, oggi aggiornato in prospettiva europea, dovrebbe suscitare all’estero. - 9. Prove di costituzionalismo penale: i casi paradigmatici della “Bicamerale” italiana, del codice penale spagnolo e dell’input europeo a introdurre macrodelitti nel diritto penale dell’ambiente. - 10. Scenari europei di costituzionalizzazione di un diritto penale “dal volto protettivo”: dalla sussidiarietà alla proporzione, dalla necessità della tutela al bene giuridico. - 11. Le «dottrine non scritte», tra formanti dell’ermeneutica penale nazionale e dialogo internazionale
Scienza penale e potere politico
No full textL’idea che la scienza penale sia qualcosa di più di una tecnica solo se, oltre alla dogmatica e ai principi, impiega anche conoscenze empiriche e criminologiche, ha un buon fondamento, ma suppone il superamento di varie aporie e offre alla scienza la possibilità di instaurare una forte dialettica critica con il potere politico. L’episteme della dottrina penalistica estende così l’interpretazione e la dogmatica normativista verso una scienza penale integrale che supera la dicotomia fatto/valore, la questione essere/dover essere e la cultura monistica tanto del positivismo logico quanto del solo sapere ermeneutico tradizionale. La great division è oggi tra ricerche individuali e di gruppo, tra scoperte e invenzioni di singoli o di un collettivo di pensiero. Nel momento in cui il potere di costruire il diritto è diviso tra molti autori, il compito di scrivere la trama della ragione pubblica non è riservato alle sole Corti Supreme. Infatti, è sempre fondamentale il ruolo della scienza penale, attraverso saperi condivisi e non separati tra i pubblici poteri e i cittadini, nel senso di una riduzione massima del livello di sofferenza di autore, vittima e terzi possibili destinatari della legge penale
Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio
No full textLo studio è la prima monografia apparsa in Italia sul tema dell'imputazione oggettiva come categoria "generale", che ha rappresentato negli ultimi trent'anni l'argomento più discusso in area penalistica di matrice dogmatica, come quella di lingua tedesca, spagnola e italiana, ma con dibattiti internazionali in vari Paesi anche extraeuropei. Nella ricostruzione dell’imputazione oggettiva dell’evento e del connesso principio di responsabilità per fatto proprio, si presenta di queste nozioni un’interpretazione nuova e non solo un bilancio. A tutti coloro che già utilizzano la categoria dell’imputazione oggettiva vengono illustrati i principali argomenti a sostegno del suo valore generale, e dunque non solo rispetto ai reati colposi, ma anche in relazione al problema del nesso di rischio nei reati dolosi, cioè all’imputazione oggettiva nel dolo, in vista di uno specifico adattamento all’ordinamento italiano vigente delle sue principali tematiche (tranne quelle inaccoglibili). Ai suoi detrattori, invece, o agli scettici, viene illustrato come si possa agevolmente sostituire l’etichetta “imputazione oggettiva” con quella di rapporto di rischio, ma come non si possa rinunciare a quest’ultima, cioè alla sostanza della cosa. Esiste infatti davvero una nuova nozione nella teoria del reato, che presenta uno spazio rilevante nel sistema, e sicura valenza pratica, contrariamente a quanto è potuto sembrare in passato dall’osservazione dei dibattiti d’oltralpe. Sotto il profilo della riforma del codice penale, la norma di parte generale che ne risulta più direttamente coinvolta è quella che attualmente disciplina le concause (art. 41 c.p.), di cui si analizzano in profondità le ragioni della riforma, proponendo un nuovo articolato. Gli ulteriori aspetti pratici più immediati attengono soprattutto al tema della causalità omissiva e del comportamento alternativo lecito nella colpa e, quanto al dolo, ai reati con evento a distanza (per es. reati fallimentari, contro la salute o l’incolumità pubbliche) o a condotta vincolata, dove si tipizza un rapporto di rischio, oltre ai classici delitti contro la vita e l’incolumità individuale. Nei reati dolosi, a parte questioni generali comuni a dolo e colpa (rischio consentito, concause, etc.), il tema diventa di interesse applicativo in molte questioni di parte speciale, che attengono all’interpretazione delle fattispecie, la cui intelligenza può arricchirsi proficuamente da un’analisi condotta secondo il paradigma del rapporto di rischio.Tra gli effetti culturali e anche didattici non secondari del punto di vista esaltato dal tema dell’imputazione oggettiva, si segnala tra l’altro un diverso approccio alla c.d. costruzione separata delle fattispecie, che vede il risorgere di questioni unitarie e generali, e altresì un sorprendente recupero della componente soggettivistica di dolo e colpa: lungi dall’essere un prodotto dell’«oggettivismo», la dimensione del rischio (che è cosa diversa dal clima indistinto e confuso del c.d. diritto penale del rischio) conduce a valorizzare ciò che rischio non è, ma contenuto del volere
Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d'autore nel controllo penale dell'immigrazione
No full textSommario: 1. Le politiche penali dell’immigrazione e il ruolo dello straniero “extracomunitario”, fra tipo d’autore e diritti fondamentali. 2. Premesse sulla gerarchia tra diritti fondamentali e diritti di cittadinanza. 3. L’immigrato come oggetto materiale, autore, o vittima, nel Testo unico sull’immigrazione. Le ipotesi del favoreggiamento della permanenza illegale (art. 12, co. 5 d. lgs. n. 286/1998) e della cessione a titolo oneroso di immobile a straniero irregolare al fine di ingiusto profitto (art. 12, co. 5-bis d. lgs. n. 286/1998). 4. I beni giuridici protetti dalle incriminazioni del T.U. sull’immigrazione. 5. Lo straniero come oggetto materiale con “doveri di status geopolitico”. 6. La presenza di un diritto penale d’autore per discriminazione geopolitica (o di cittadinanza) nella disciplina dell’immigrazione illegale. 7. L’ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore (art. 14, co. 5-ter d. lgs. n. 286/1998): un delitto contravvenzionale d’autore a pericolo presunto e a offesa cumulativa, in violazione degli artt. 27, co. 1, 25 cpv., 2 e 3, co. 1, Cost. 8. Il progettato reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (ddl n. 733/2008): delitto o contravvenzione? 9. L’aggravante comune (art. 61, co. 1, n. 11-bis, c.p.) della presenza illegale sul territorio nazionale. Profili di illegittimità costituzionale di una responsabilità “d’autore”. 10. Bilancio politico-criminale sul passaggio a uno Stato di prevenzione: dal diritto penale del nemico a un’illegalità estesa a tutti i cittadini
Il Progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare
No full textSi tratta del progetto di riforma del Titolo VI del libro II del codice penale. L’oggetto dell’incarico ministeriale è stato precisato in corso d’opera dalla stessa Commissione, tenuto conto della contestuale esistenza di una riforma in corso della materia alimentare nel suo complesso e della conseguente opportunità di circoscriverlo ai soli reati del codice penale. L’iniziativa ministeriale indicava fin dall’origine l’esigenza di individuare nella sicurezza degli alimenti un oggetto di tutela del quale lo stesso codice penale tenesse debito conto, insieme alla salute pubblica, contemperando le esigenze di una repressione anticipata di gravi forme di aggressione a tale sicurezza (reati di pericolo astratto-concreto) e di una maggiore precisione delle definizioni legislative. Nuove forme di criminalità anche organizzata (v. la previsione del delitto di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari nocivi) ed esigenze di aggiornamento di una disciplina che risale agli anni ’30, sia sotto il profilo tecnico (v. la riformulazione del vigente art. 440, che comprende gli attuali art. 442 e 444 c.p.) sia per effetto della normativa comunitaria (v., ad esempio, l’ipotesi delittuosa di omesso ritiro), hanno di fatto portato ad estendere l’intervento a buona parte del capo II (ora definito: “Dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali”) del titolo VI del libro secondo del codice penale. I delitti contro l’incolumità pubblica in generale, sono ora definiti: «Dei delitti contro l’incolumità e la salute pubblica» e scompare la dicotomia “mediante frode/mediante violenza”, che non rende pienamente ragione del contenuto delle incriminazioni. Durante i lavori della Commissione un’attenzione non secondaria è stata dedicata all’aspetto comparato della legislazione, ma non si può dire che siano stati adottati “modelli” stranieri rilevanti nelle scelte operate.L’idea della Commissione è stata quella di colmare il ‘gap’ tra fattispecie contravvenzionali a carattere meramente trasgressivo e fattispecie delittuose necessariamente implicanti la realizzazione di macrodisastri. Non appare razionale, infatti, attendere eventi giganteschi quando esistono molte situazioni prodromiche che non producono quegli eventi solo per ragioni imponderabili. Del pari, anche nei reati di mero pericolo non sembra logico circoscrivere l’intervento penale a tipologie contravvenzionali oblazionabili quando esistono forme organizzate e imprenditoriali di violazione della sicurezza alimentare. Né ha senso compiuto che la responsabilità da reato degli enti, applicabile a moltissimi reati “comuni”, venga pretermessa proprio in relazione a questi tipici reati “di impresa”; così come non è razionale che l’omesso ritiro di un prodotto concretamente pericoloso possa costituire un illecito penale solo se (come accade oggi) non sia un prodotto alimentare. A queste e ad altre questioni la Commissione ha inteso dare risposta, ben al di là dei lavori scientifici nazionali che hanno costituito il ‘modello teorico’ originario che, su indicazione del Ministero stesso, è stato tenuto presente
Strafrecht als öffentliche Moral. Betrachtungen über den Politiker als "Tätertyp"
No full textSommario: 1. La sovraesposizione della magistratura penale oltre il repubblicanesimo: specificità di un fenomeno italiano. 2. Lo scenario storico-filosofico della distruzione della ragione classica. 3. La ricerca di valori comuni e la linea Maginot del diritto “che proibisce” una violazione, anziché “fissare il prezzo” per poterla commettere: prohibiting vs. pricing. 4. Verso l’etica pubblica. Tutte le etiche non giuridiche sono visioni private del mondo? 5. Criminally innocent = politically correct. Se l’unica etica pubblica rimasta è quella penalistica. 6. Un pluralismo trasferito nel processo penale e fonte di conflitti giuridici. 7. Incorrotto come competitivo. Quando la lotta alla corruzione istituzionale è presentata come problema utilitaristico e condizione di efficienza economica. 8. Il corrotto come associato per delinquere e l’esenzione del politico da questa qualificazione. 9. Le cause non giuridiche della corruzione istituzionale. 10. Il tipo d’autore politico, tra valore generale della legge e uso della pena come strumento di lotta politica. 11. Perché è necessaria un’etica pubblica non penalistica. ABSTRACT: L’idea che l’etica pubblica sia oggi circoscritta al diritto penale può sembrare una provocazione che risente di una deformazione professionale nel punto di osservazione. Nondimeno, la permanente messa sotto accusa della classe politica, insieme a quella imprenditoriale, da parte della magistratura non è solo segno di una crisi della politica, ma anche espressione del controllo della sua moralità. In un contesto culturale dove ogni etica tradizionale (cattolici, laici, comunisti, socialisti, liberali etc.) è ormai declassata a morale privata, e dove il pluralismo e il multiculturalismo impongono che solo il diritto, mediando tra stranieri morali, sia espressione di un’etica pubblica, che pure, finché giuridica, non obbliga in coscienza, il comando più autoritario ed espressivo di un prohibiting non riducibile a onere o a tassa, è quello penale. Pur non concedendo nulla al pensiero che se una condotta è penalmente irreprensibile sia politicamente corretta, occorre peraltro recuperare le virtù repubblicane senza le quali ogni legge è inerme, come regola senza costume. Tali virtù non sono l’effetto di una macchina giudiziaria, dove tutti sono sottoponibili a un controllo di “moralità pubblica” attraverso un processo penale. Questo stato delle cose ha invece prodotto l’effetto di un uso strumentale del processo penale, e dunque una sorta d’indiretta privatizzazione della giustizia, usata via via da vari protagonisti come strumento di lotta politica. Se non è detto che la ragione pubblica si esprima solo attraverso una qualche Corte suprema, certo sarebbe grave se l’etica pubblica fosse riconosciuta e praticata solo per effetto dei processi penali che la sanciscon
Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale
No full textIl contributo analizza i reati contro la salute pubblica alla luce della categoria dei reati di pericolo
- …
